META
Familias de Uribe identificaron en fotos a diez personas dadas por desaparecidas
Más de 120 personas visitaron la galería fotográfica que se exhibió durante dos días en la inspección La Julia del municipio de Uribe, en el Meta, con la esperanza de identificar a sus seres queridos dados por desaparecidos.
Todas las personas llegaron gracias a la estrategia de difusión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), realizada a través de cuñas radiales en emisoras comunitarias, carteles en las estaciones de transporte y diálogo con entes locales, entre otras acciones.
Gracias al trabajo articulado entre la UBPD, la Corporación Humanitaria Reencuentros y la Organización Benposta, se presentaron fotografías de 98 personas dadas por desaparecidas en enfrentamientos entre noviembre y diciembre del 2000 en el Páramo de Berlín, ubicado entre Suratá (Santander) y Arboledas (Norte de Santander), en el marco de una operación que fue denominada con el nombre de este lugar. Estas personas, en su mayoría, eran menores de edad procedentes de los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el Meta.
De las personas que aparecen en las fotografías, diez fueron reconocidas por sus familias y la comunidad. Ocho de ellas empezaron un proceso de participación para la búsqueda, que incluyó la toma de muestras de ADN en el lugar.
La estrategia ‘Encontrémonos para continuar su búsqueda’ posiciona la apuesta de la Unidad de Búsqueda para avanzar en diferentes rutas para la búsqueda, entendiendo la particularidad de las circunstancias de la desaparición en el territorio. La galería permitió dialogar con la comunidad de la inspección de La Julia sobre el derecho a la búsqueda de todas las personas dadas por desaparecidas y el dolor experimentado por los familiares, que se ocultó por temor al señalamiento o a la estigmatización como producto de la desaparición de un ser querido.
Compartir los rostros de las personas desaparecidas permitió a la UBPD sensibilizar a la comunidad, reconocer la importancia de la búsqueda de personas que hicieron parte de grupos armados, desde un enfoque humanitario; y propiciar diálogos sobre las historias de vida y los roles que tenían estas personas en las comunidades antes de la desaparición. Es por ello que el territorio de Uribe es hoy considerado un escenario de construcción de paz y reconciliación.
Los resultados de esta jornada permitirán continuar en la investigación humanitaria y extrajudicial de la Columna Móvil Arturo Ruiz, la cual se ha construido con la participación y aportes de información brindados por firmantes de paz, la Organización Benposta y la Corporación Humanitaria Reencuentros. Esta última organización resolvió dudas a las y los asistentes y reiteraron su compromiso en la búsqueda y dar alivio a las familias que tienen a seres queridos dados por desaparecidos.
Es de resaltar la participación de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Uribe, quienes manifestaron llevar la información a sus comunidades; de las familias que asistieron de otros municipios del Meta y a las campesinas y los campesinos que llegaron a pie haciendo recorridos de entre dos y cuatro horas. Gracias a la difusión de esta actividad, una persona llegó desde Bogotá luego de enterarse de la posibilidad de identificar a su hermano desaparecido, iniciando así su solicitud de búsqueda.
“El desarrollo de estas acciones ha permitido la recuperación de 33 de los cuerpos de estas personas que desaparecieron. Continuamos haciendo todos los esfuerzos para poder recuperar todos los cuerpos y, en su momento, poder entregarlos a sus familiares y así aliviar el sufrimiento que la desaparición ha causado en todos su hogares”, aseguró Diana Paola Viveros, coordinadora de la UBPD en el Meta.
El apoyo humanitario que tiene la Unidad de Búsqueda para acompañar a quien requiera iniciar un proceso de búsqueda en el Meta o brindar información que apoye la investigación, se puede realizar a través del número telefónico 3162819857 y de la atención personalizada en la sede de la entidad, ubicada en Villavicencio (calle 33 # 40A– 61, barrio Barzal Alto).
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
