META
Familias de Uribe identificaron en fotos a diez personas dadas por desaparecidas
Más de 120 personas visitaron la galería fotográfica que se exhibió durante dos días en la inspección La Julia del municipio de Uribe, en el Meta, con la esperanza de identificar a sus seres queridos dados por desaparecidos.
Todas las personas llegaron gracias a la estrategia de difusión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), realizada a través de cuñas radiales en emisoras comunitarias, carteles en las estaciones de transporte y diálogo con entes locales, entre otras acciones.
Gracias al trabajo articulado entre la UBPD, la Corporación Humanitaria Reencuentros y la Organización Benposta, se presentaron fotografías de 98 personas dadas por desaparecidas en enfrentamientos entre noviembre y diciembre del 2000 en el Páramo de Berlín, ubicado entre Suratá (Santander) y Arboledas (Norte de Santander), en el marco de una operación que fue denominada con el nombre de este lugar. Estas personas, en su mayoría, eran menores de edad procedentes de los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el Meta.
De las personas que aparecen en las fotografías, diez fueron reconocidas por sus familias y la comunidad. Ocho de ellas empezaron un proceso de participación para la búsqueda, que incluyó la toma de muestras de ADN en el lugar.
La estrategia ‘Encontrémonos para continuar su búsqueda’ posiciona la apuesta de la Unidad de Búsqueda para avanzar en diferentes rutas para la búsqueda, entendiendo la particularidad de las circunstancias de la desaparición en el territorio. La galería permitió dialogar con la comunidad de la inspección de La Julia sobre el derecho a la búsqueda de todas las personas dadas por desaparecidas y el dolor experimentado por los familiares, que se ocultó por temor al señalamiento o a la estigmatización como producto de la desaparición de un ser querido.
Compartir los rostros de las personas desaparecidas permitió a la UBPD sensibilizar a la comunidad, reconocer la importancia de la búsqueda de personas que hicieron parte de grupos armados, desde un enfoque humanitario; y propiciar diálogos sobre las historias de vida y los roles que tenían estas personas en las comunidades antes de la desaparición. Es por ello que el territorio de Uribe es hoy considerado un escenario de construcción de paz y reconciliación.
Los resultados de esta jornada permitirán continuar en la investigación humanitaria y extrajudicial de la Columna Móvil Arturo Ruiz, la cual se ha construido con la participación y aportes de información brindados por firmantes de paz, la Organización Benposta y la Corporación Humanitaria Reencuentros. Esta última organización resolvió dudas a las y los asistentes y reiteraron su compromiso en la búsqueda y dar alivio a las familias que tienen a seres queridos dados por desaparecidos.
Es de resaltar la participación de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Uribe, quienes manifestaron llevar la información a sus comunidades; de las familias que asistieron de otros municipios del Meta y a las campesinas y los campesinos que llegaron a pie haciendo recorridos de entre dos y cuatro horas. Gracias a la difusión de esta actividad, una persona llegó desde Bogotá luego de enterarse de la posibilidad de identificar a su hermano desaparecido, iniciando así su solicitud de búsqueda.
“El desarrollo de estas acciones ha permitido la recuperación de 33 de los cuerpos de estas personas que desaparecieron. Continuamos haciendo todos los esfuerzos para poder recuperar todos los cuerpos y, en su momento, poder entregarlos a sus familiares y así aliviar el sufrimiento que la desaparición ha causado en todos su hogares”, aseguró Diana Paola Viveros, coordinadora de la UBPD en el Meta.
El apoyo humanitario que tiene la Unidad de Búsqueda para acompañar a quien requiera iniciar un proceso de búsqueda en el Meta o brindar información que apoye la investigación, se puede realizar a través del número telefónico 3162819857 y de la atención personalizada en la sede de la entidad, ubicada en Villavicencio (calle 33 # 40A– 61, barrio Barzal Alto).
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.
Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.
Fuente: El Diario del Llano
