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Familia víctima de la violencia regresó a su predio en San Martín de los Llanos
Tras 17 años del abandono y despojo de su predio por cuenta de la violencia paramilitar, y con el acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y de la Fuerza Pública, Pedro Montenegro y su familia regresaron a sus tierras, ubicadas en zona rural de san Martín de los Llanos (Meta).
En 1978, los Montenegro adquirieron el predio “Entrerríos” con una extensión de 18 hectáreas localizadas en la vereda La Guardiana, dedicadas a la ganadería y al cultivo de plátano y yuca.
Su suerte cambió en 2002, cuando el propietario, esposa e hijos se vieron obligados a abandonar la finca porque los paramilitares comenzaron a extorsionarlos e intimidarlos; sumado a ello, el entonces jefe de las Autodefensas en la zona, Miguel Arroyave se apoderó de la finca con la promesa de pagar $200 millones a cambio de que el dueño firmara las escrituras en una Notaría de Bogotá a nombre de un tercero. En efecto, la diligencia se cumplió, pero el vendedor no recibió ni un solo peso.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, indicó que una nueva sentencia emitida por los jueces de restitución de tierras, es la muestra de la consolidación de la política en esta zona del país; “en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que declaró a esta familia víctima de la violencia, avanzamos en la reparación integral con la entrega material del predio, también se les otorgará un subsidio de vivienda, tendrán acceso a alivio de pasivos, entre otros beneficios contemplados por el Estado”.
“La Unidad también brindará acompañamiento a la familia Montenegro con la entrega de un subsidio para poner en marcha el proyecto productivo, que elijan y brindará asesoría técnica por un periodo de dos años para que garanticen su sostenibilidad económica” concluyó la directora territorial Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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