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Familia víctima de la violencia regresó a su predio en San Martín de los Llanos
Tras 17 años del abandono y despojo de su predio por cuenta de la violencia paramilitar, y con el acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y de la Fuerza Pública, Pedro Montenegro y su familia regresaron a sus tierras, ubicadas en zona rural de san Martín de los Llanos (Meta).
En 1978, los Montenegro adquirieron el predio “Entrerríos” con una extensión de 18 hectáreas localizadas en la vereda La Guardiana, dedicadas a la ganadería y al cultivo de plátano y yuca.
Su suerte cambió en 2002, cuando el propietario, esposa e hijos se vieron obligados a abandonar la finca porque los paramilitares comenzaron a extorsionarlos e intimidarlos; sumado a ello, el entonces jefe de las Autodefensas en la zona, Miguel Arroyave se apoderó de la finca con la promesa de pagar $200 millones a cambio de que el dueño firmara las escrituras en una Notaría de Bogotá a nombre de un tercero. En efecto, la diligencia se cumplió, pero el vendedor no recibió ni un solo peso.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, indicó que una nueva sentencia emitida por los jueces de restitución de tierras, es la muestra de la consolidación de la política en esta zona del país; “en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que declaró a esta familia víctima de la violencia, avanzamos en la reparación integral con la entrega material del predio, también se les otorgará un subsidio de vivienda, tendrán acceso a alivio de pasivos, entre otros beneficios contemplados por el Estado”.
“La Unidad también brindará acompañamiento a la familia Montenegro con la entrega de un subsidio para poner en marcha el proyecto productivo, que elijan y brindará asesoría técnica por un periodo de dos años para que garanticen su sostenibilidad económica” concluyó la directora territorial Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
