META
Familia víctima de la violencia regresó a su predio en San Martín de los Llanos
Tras 17 años del abandono y despojo de su predio por cuenta de la violencia paramilitar, y con el acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y de la Fuerza Pública, Pedro Montenegro y su familia regresaron a sus tierras, ubicadas en zona rural de san Martín de los Llanos (Meta).
En 1978, los Montenegro adquirieron el predio “Entrerríos” con una extensión de 18 hectáreas localizadas en la vereda La Guardiana, dedicadas a la ganadería y al cultivo de plátano y yuca.
Su suerte cambió en 2002, cuando el propietario, esposa e hijos se vieron obligados a abandonar la finca porque los paramilitares comenzaron a extorsionarlos e intimidarlos; sumado a ello, el entonces jefe de las Autodefensas en la zona, Miguel Arroyave se apoderó de la finca con la promesa de pagar $200 millones a cambio de que el dueño firmara las escrituras en una Notaría de Bogotá a nombre de un tercero. En efecto, la diligencia se cumplió, pero el vendedor no recibió ni un solo peso.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, indicó que una nueva sentencia emitida por los jueces de restitución de tierras, es la muestra de la consolidación de la política en esta zona del país; “en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que declaró a esta familia víctima de la violencia, avanzamos en la reparación integral con la entrega material del predio, también se les otorgará un subsidio de vivienda, tendrán acceso a alivio de pasivos, entre otros beneficios contemplados por el Estado”.
“La Unidad también brindará acompañamiento a la familia Montenegro con la entrega de un subsidio para poner en marcha el proyecto productivo, que elijan y brindará asesoría técnica por un periodo de dos años para que garanticen su sostenibilidad económica” concluyó la directora territorial Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
