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Familia víctima de la guerrilla y los paramilitares recuperó sus tierras en Puerto Lleras
Tras 22 años de abandono y con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) Indalecio Parra y su familia, integrada por sus nueve hijos y un nieto, regresaron al predio que perdieron como consecuencia de la violencia.
“En 1993, junto con mi difunta esposa, compramos el predio por un valor de 12 millones de pesos; allí cultivábamos pastos, yuca, plátano y teníamos algunas cabezas de ganado. En 1998 salimos huyendo luego de que el Frente 40 de las Farc asesinara a un integrante de la familia y desapareciera a tres más, bajo la falsa acusación de ser paramilitares, por esa razón nos desplazamos hacia el municipio de El Dorado (Meta)”, afirmó Indalecio.
La tragedia para los Parra no paró ahí, pues en el año 2002 hicieron presencia en la zona paramilitares al mando de alias “Don Mario” y de alias “Pirata”. Para intentar regresar a su finca, Indalecio pidió autorización al grupo ilegal, pero se negaron.
Ferney Parra, vocero de los beneficiarios y quien recibió la finca en representación de su familia, agradeció a la URT por la ayuda prestada. “La Unidad de Restitución de Tierras, ha hecho una labor grande por nosotros las víctimas, quienes hemos sufrido la violencia. Gracias a esta entidad recuperamos nuestro predio y lo vamos a sacar adelante”, aseguró Ferney.
Proyecto productivo
Adriana Trujillo, directora (e) de la URT en Meta, indicó que el Tribunal declaró a esta familia víctima de la violencia y por lo tanto tiene derecho a la restitución y a los demás beneficios contemplados en la reparación integral por parte del Estado.
“La Unidad también ha brindado acompañamiento a los Parra con la entrega de un subsidio para poner en marcha su proyecto productivo, que consiste en adecuación de pastos para ganadería, construcción de una bodega de almacenamiento de insumos y maquinaria”, concluyó la directora Trujillo.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
