CASANARE
Familia recuperó tierras abandonadas en Tauramena por presión de las Autodefensas
El predio “Mata de Palma” que fue abandonado por presión del entonces jefe paramilitar Héctor Buitrago, volvió a manos de sus legítimos dueños: los integrantes de la familia Cano, quienes después de 29 años podrán regresar a su tierra en la vereda El Guaira del municipio de Tauramena.
En el año 1990, los Cano adquirieron el predio de 456 hectáreas en el que tenían cultivos de pancoger. La tranquilidad para esta familia campesina terminó dos años después cuando a su finca llegaron las Autodefensas Unidas del Casanare al mando de Buitrago y les ofrecieron una suma irrisoria por su propiedad; propuesta que fue rechazada. En retaliación los paramilitares realizaron una serie de hechos violentos en este predio y sus alrededores.
Esta familia se vio obligada a desplazarse hacia el municipio de Monterrey y luego al casco urbano de Tauramena. En el año de 2015, intentaron vender el predio, pero uno de sus integrantes fue asesinado y por lo tanto, decidieron no continuar con el negocio.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton, señaló que gracias al acompañamiento judicial brindado por la entidad, “la justicia emitió la quinta sentencia del Casanare que devuelve la tierra a la familia Cano integrada por una viuda, dos hijos y sus cuatro nietos y con la cual ratifica el avance de la restitución de los derechos territoriales de las víctimas en ese departamento”.
Los campesinos beneficiarios de este fallo de restitución, también tendrán derecho a un proyecto productivo que les permitirá alcanzar un futuro sostenible, la reparación integral a través del acceso a la oferta institucional del Estado y al alivio de pasivos por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones; y la inclusión en programas de generación de ingresos.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras en Meta
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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