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Familia despojada por paramilitares recupera más de 2.700 hectáreas en Mapiripán
Los predios “Tres Riales” y “Los Caracoles”, que suman 2.729 hectáreas ubicadas en la inspección El Mielón, en Mapiripán, y que habían sido despojados por los paramilitares, volverán a manos de sus legítimos dueños.
Así lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá al ordenar su restitución y declarar que los actuales ocupantes no probaron la buena fe exenta de culpa.
Toda una historia de violencia
La historia de esta familia se remonta al año 1998. En ese año adquirieron la posesión y realizaron las mejoras de los terrenos, en los cuales tenían cultivos de pancoger y ganadería. En ese entonces y hasta el año 2000, las Farc-Ep hacían presencia en la zona. Bajo el mando de la comandante alias “Jaqueline”, obligaba a los habitantes del sector a pagar extorsiones y amenazaba con reclutar a los menores edad. Por lo tanto, la madre y los hijos no tuvieron más remedio que desplazarse hacia otro municipio, mientras que el jefe del hogar continuó en el predio.
Como si fuera poco, integrantes del Bloque Centauros de las Autodefensas también llegaron a la vereda, ingresaron a las fincas, las saquearon y sustrajeron 200 cabezas de ganado. Ante los constantes vejámenes, en el año 2004 el jefe del hogar huyó también del sitio para estar protegido con el resto de la familia.
Tiempo después, el hoy solicitante fue citado por el jefe paramilitar Pedro Guerrero alias “Cuchillo”, quien le manifestó que el predio “Tres Riales” ahora le pertenecía a su organización ilegal. Además de esto, en el 2006, y tras la muerte de “Cuchillo”, la familia despojada fue notificada que por orden de Daniel Rendón, alias “El Loco Barrera”, tendrían que hacer documentos de los terrenos a nombre de un tercero.
Actuó la justicia
Tras la entrada en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, esta familia acudió a la Unidad para que llevara su caso ante la justicia, logrando la restitución de los predios.
En su fallo, el Tribunal Superior de Bogotá declaró que no fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa por parte del opositor del caso. También dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de los beneficiarios en la política pública del retorno, entre otros beneficios.
Martha Liliana Arévalo, directora territorial (e) de la URT en Meta, aseguró que “esta sentencia emblemática devuelve la esperanza a la familia beneficiaria y a las víctimas del conflicto armado y demuestra el avance del proceso de restitución en favor de los despojados de Mapiripán. Este municipio del Meta es uno de los más afectados por el conflicto armado en el país. Con 1.631 reclamaciones, tiene el mayor número de solicitudes del departamento, y a su vez registra 47 sentencias de restitución de tierras”.
Fuente: Comunicaciones Unidad de Restitución de Tierras
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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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