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Familia desplazada tras masacre de Mapiripán retornó a sus tierras abandonadas

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La alegría del retorno al campo iluminó los rostros de la familia Naranjo, sobreviviente a la masacre de Mapiripán, que, luego de 25 años del destierro ocasionado por ese trágico hecho, regresó a su predio de 132 hectáreas, ubicado en la Vereda Caño Evaristo.

La entrega de esta propiedad fue el resultado del trabajo liderado por la Unidad de Restitución de Tierras, con el acompañamiento de Ejército, Policía, Armada Nacional y un Juez promiscuo municipal; en cumplimiento de la orden del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio.

En el año 1996, los hoy restituidos compraron el terreno en el que se dedicaron a cultivar maíz, cacao, algodón, plátano, caña de azúcar, además de la cría ganado bovino. Corría 1997 cuando comenzaron a presentarse enfrentamientos entre la guerrilla y grupos paramilitares que llegaron a la zona, procedentes del norte del país. Como consecuencia de ello, decidieron viajar a Villavicencio, pero días después, el jefe del hogar regresó solo al predio.

En julio de ese mismo año, cuando ocurrió la masacre perpetrada por los paramilitares, el señor Naranjo se encontraba en la finca junto con el encargado. Al escuchar los disparos, ambos salieron corriendo rumbo a la sabana; lo que milagrosamente les permitió escapar hacia un sitio seguro, desde donde lograron huir a Villavicencio.

Con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los Naranjo acudieron a la Unidad, que, a través de un adecuado acompañamiento, logró que les devolvieran sus tierras abandonadas forzosamente.

Pero como la política de restitución del Estado va más allá de la entrega material de las tierras despojadas, puesto que contribuye a transformar las vidas de los beneficiarios, a quienes retornan a los predios que les pertenecen en forma legítima y desarrollan una actividad productiva, como es el caso de los Naranjo, se les garantiza su sostenibilidad económica.

En razón a ello, la Unidad también les brindará acompañamiento para la implementación de su iniciativa y les otorgará un subsidio por valor hasta de 40 salarios mínimos legales vigentes, con el fin de que lo pongan en marcha.

A la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras ha devuelto 1.000 hectáreas a sus legítimos dueños en Mapiripán, en cumplimiento de las 45 sentencias proferidas por la justicia en este municipio metense.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Avanzan acciones ofensivas de la Fuerza Pública contra delincuencia en el Meta

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Con robustos dispositivos del Ejército y de la Policía desplegados en el municipio de Guamal, y siguiendo directrices de la gobernadora, Rafaela Cortés Zambrano, la secretaría de Gobierno inició este fin de semana el plan de choque que busca combatir la inseguridad en el Meta.

Esta serie de operaciones fueron diseñadas para sorprender a las bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico, hurto y homicidio, así como la atención oportuna de cualquier comportamiento contrario a la convivencia en sitios públicos.

Lea también: Gobernadora del Meta denunció incursión de grupos armados en zona rural de Puerto Rico

En Guamal, primer municipio donde se adelantó esta ofensiva, la Fuerza Pública realizó más de 150 requisas, solicitudes de antecedentes y registros en siete veredas, permitiendo neutralizar a un sujeto con orden de captura vigente con un prontuario de once delitos, algunos de estos, relacionados con la extorsión, hurto y violencia intrafamiliar.

Igualmente se hicieron registros en discotecas, sitios comerciales, parques y zonas boscosas, donde se ubicaron e incautaron armas blancas y dosis de marihuana.

Tras este operativo, el alcalde de Guamal, Fernando Peña Rabelo, agradeció la iniciativa de la gobernadora, Rafaela Cortés Zambrano, y la voluntad de la Fuerza Pública de querer sacar adelante las problemáticas de inseguridad que viven los municipios.

Fuente: Gobernación del Meta

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Gobernadora del Meta denunció incursión de grupos armados en zona rural de Puerto Rico

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La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, denunció la situación presentada en la inspección de Puerto Toledo, municipio de Puerto Rico, en donde hombres, identificados como de la Nueva Marquetalia reunieron a la comunidad diciéndoles que tenían el control de la zona.

La mandataria señaló que una vez salieron, llegaron integrantes de las Farc (Estado Mayor Conjunto) manifestando que serían ellos quienes tendrían el control de la zona, y no la Nueva Marquetalia, situación que por poco deriva en un enfrentamiento.

Ante dicha situación, se realizó Consejo extraordinario de Seguridad en Puerto Rico, en donde se tomaron de inmediato acciones como el desplazamiento a la zona de tropas del Ejército Nacional, las cuales ya se encuentran en la zona.

“Hoy le quiero pedir a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones pertinentes y al gobierno Nacional que aumente el pie de fuerza para que podamos proteger a la población civil departamento, hoy les quiero reiterar mi compromiso de proteger todo el departamento del Meta”, fue el mensaje de la gobernadora a la comunidad.

También, solicitó al Ministerio de Defensa y a la Defensoría del Pueblo, para que se investiguen de manera urgente estos hechos y se atienda la situación en esta zona. Igualmente, la mandataria, dará a conocer esta situación ante la Misión de Verificación de la ONU, con el fin de que la población civil sea sacada del conflicto y evite el reclutamiento de jóvenes.

Fuente: Gobernación del Meta

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Judicializado investigador del CTI que estaría extorsionando al propietario de una finca en el Meta

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Tras valorar los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, un juez le dictó medida privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria a Dagoberto Henao Ospina, funcionario activo del CTI en la Seccional Meta.

El investigador sería el presunto responsable de exigir dinero a un habitante de la vereda Rancho del Guadual de Puerto Lleras (Meta).

Los hechos que lo involucran ocurrieron en noviembre de 2023, fecha en la que, al parecer, Henao Ospina, junto con otras dos personas, llegó  hasta la finca de la víctima  y con un arma de fuego le habría exigido el pago de 2 millones de pesos por una supuesta deuda.

Su captura se llevó a cabo mediante orden judicial este 20 de febrero en vía pública de Granada (Meta), por investigadores del CTI de la Fiscalía y militares del grupo Gaula Ariari.

Ante un juez de garantías la Fiscalía le imputó cargos por el delito de extorsión agravada tentada, el cual no fue aceptado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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