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Familia desplazada tras masacre de Mapiripán retornó a sus tierras abandonadas
La alegría del retorno al campo iluminó los rostros de la familia Naranjo, sobreviviente a la masacre de Mapiripán, que, luego de 25 años del destierro ocasionado por ese trágico hecho, regresó a su predio de 132 hectáreas, ubicado en la Vereda Caño Evaristo.
La entrega de esta propiedad fue el resultado del trabajo liderado por la Unidad de Restitución de Tierras, con el acompañamiento de Ejército, Policía, Armada Nacional y un Juez promiscuo municipal; en cumplimiento de la orden del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio.
En el año 1996, los hoy restituidos compraron el terreno en el que se dedicaron a cultivar maíz, cacao, algodón, plátano, caña de azúcar, además de la cría ganado bovino. Corría 1997 cuando comenzaron a presentarse enfrentamientos entre la guerrilla y grupos paramilitares que llegaron a la zona, procedentes del norte del país. Como consecuencia de ello, decidieron viajar a Villavicencio, pero días después, el jefe del hogar regresó solo al predio.
En julio de ese mismo año, cuando ocurrió la masacre perpetrada por los paramilitares, el señor Naranjo se encontraba en la finca junto con el encargado. Al escuchar los disparos, ambos salieron corriendo rumbo a la sabana; lo que milagrosamente les permitió escapar hacia un sitio seguro, desde donde lograron huir a Villavicencio.
Con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los Naranjo acudieron a la Unidad, que, a través de un adecuado acompañamiento, logró que les devolvieran sus tierras abandonadas forzosamente.
Pero como la política de restitución del Estado va más allá de la entrega material de las tierras despojadas, puesto que contribuye a transformar las vidas de los beneficiarios, a quienes retornan a los predios que les pertenecen en forma legítima y desarrollan una actividad productiva, como es el caso de los Naranjo, se les garantiza su sostenibilidad económica.
En razón a ello, la Unidad también les brindará acompañamiento para la implementación de su iniciativa y les otorgará un subsidio por valor hasta de 40 salarios mínimos legales vigentes, con el fin de que lo pongan en marcha.
A la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras ha devuelto 1.000 hectáreas a sus legítimos dueños en Mapiripán, en cumplimiento de las 45 sentencias proferidas por la justicia en este municipio metense.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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