ARAUCA
Exsecretario de Gobierno de Arauca investigado por contrato de compra de combustible
El exsecretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca, Edgar Fernando Guzmán Robles, tendrá que responder ante la Procuraduría que le formuló pliego de cargos, presuntamente, por irregularidades en la compra y distribución de combustible para surtir vehículos oficiales en distintos municipios del departamento.
En las visitas realizadas a la sede de la Gobernación de Arauca y en la evaluación a los documentos de informes contables recopilados no se evidenciaron copias que justificaran la ejecución del contrato de la compra de gasolina por valor de $194.241.893 hallando un déficit de alrededor de 155 millones de pesos, equivalentes a 17.292 galones de combustible faltante.
La complicada situación ahonda en que no se tiene evidencia del recibo de combustible en los territorios de municipios como Saravena, Tame, Arauquita y Cravo Norte, además de otras entidades, correspondiente a la ejecución de la orden de compra número 86922 de 2022.
En el lío de cuentas, que tiene al exfuncionario con cargos ante la Procuraduría, también se encuentran las poblaciones de Fortul y Puerto Rondón que certificaron que recibieron menor cantidad del combustible que estaba relacionado en el informe de compra.
Según la orden de compra, el contratista debía suministrar, inicialmente, 3.000 galones de gasolina corriente y 12.616 galones de ACPM, para facilitar el transporte en diversas comunidades, instituciones, municipios y veredas sin que esto, en la práctica, se hubiera ejecutado a cabalidad.
Para el ente de control, el exfuncionario omitió sus deberes de supervisión vulnerando los principios de moralidad, economía, eficacia y eficiencia que rigen la administración pública.
Así las cosas y al no encontrarse soportes que garanticen la sana utilización de los recursos públicos, la Procuraduría Regional de Arauca determinó formular pliego de cargos en contra de Guzmán Robles, quien ejerció funciones entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022.
La falta disciplinaria del cargo único formulado al exfuncionario fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
