CASANARE
Exgobernador Withman Porras y dos exalcaldes de Trinidad a responder por detrimento patrimonial
La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $2.788 millones de pesos contra el exgobernador Withman Herney Porras, y los exalcaldes de Trinidad, Elsy Esperanza Madrid Riaño y Fabio Betancourt Aranguren.
Según la Contraloría General, la medida afecta también a otros exfuncionarios y contratistas, por irregularidades en la contratación del alcantarillado del Corregimiento Bocas del Pauto.
El Contralor General de la República confirmó el fallo proferido el 2 de diciembre de 2016 por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, al establecer que “efectivamente existió detrimento patrimonial ocasionado por una incorrecta planeación de la contratación del alcantarillado realizado en el Corregimiento Bocas del Pauto del municipio de Trinidad, Casanare, la cual no prestó la utilidad requerida”.
El daño patrimonial se dio al celebrarse un contrato para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial de este caserío, con el objeto de recoger las aguas lluvias provenientes de las vía pavimentadas, sin que existieran las mismas, lo cual evidenció la inviabilidad del sistema cuya construcción se contrató.
En la investigación que realizó la CGR en su momento se probó que las obras no generaron utilidad alguna a la comunidad y no cumplieron con las normas técnicas requeridas. Este proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en los hallazgos fiscales detectados en una auditoría adelantada por la CGR, donde se verificó que el Corregimiento Bocas del Pauto no contaba con calles pavimentadas.
Lista de Responsables Fiscales
La Contraloría General de la República confirmó el fallo de responsabilidad fiscal, por estos hechos, por la suma de $2.788 millones, contra los siguientes vinculados:
*El exgobernador de Casanare Withman Herney Porras Pérez.
*La exalcaldesa del Municipio de Trinidad (Casanare) Elsy Esperanza Madrid Riaño, que ejerció este cargo para la época de los hechos.
*El exalcalde Municipal de Trinidad (Casanare), Fabio Betancourt Aranguren, que ejerció este cargo en el período 2004-2007.
*La exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Trinidad (Casanare), Constanza Hernández Rodríguez.
*El exgerente encargado de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Trinidad (Casanare) Juan Carlos Ossa Quiñonez.
*El exsecretario de Obras Públicas y Transporte Departamental de Casanare Javier Dagoberto Fonseca Rodríguez.
*El representante legal de la Unión Temporal El Banco, Luis Santiago Barreto Torres, en su calidad de contratista.
*Luis Fernando Silva Pérez, en calidad de integrante de la Unión Temporal Pluvial Bocas del Pauto.
*Bernardo Parada Arenas, en calidad de integrante de la Unión Temporal Pluvial Bocas del Pauto.
*Luis Carlos Castro Rincón, en calidad de representante legal de INCO Ltda, contratista miembro de la Unión Temporal El Banco.
Se confirmó también la decisión de declarar civilmente responsable a la Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A.
Y se confirmaron las decisiones de fallar sin responsabilidad fiscal a favor de los señores Carlos Augusto Cruz Ayala y Juan Carlos Betancourth Novoa.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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