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CASANARE

Exgobernador Withman Porras y dos exalcaldes de Trinidad a responder por detrimento patrimonial

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La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $2.788 millones de pesos contra el exgobernador Withman Herney Porras, y los exalcaldes de Trinidad, Elsy Esperanza Madrid Riaño y Fabio Betancourt Aranguren.

Según la Contraloría General, la medida afecta también a otros exfuncionarios y contratistas, por irregularidades en la contratación del alcantarillado del Corregimiento Bocas del Pauto. 

El Contralor General de la República confirmó el fallo proferido el 2 de diciembre de 2016 por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, al establecer que “efectivamente existió detrimento patrimonial ocasionado por una incorrecta planeación de la contratación del alcantarillado realizado en el Corregimiento Bocas del Pauto del municipio de Trinidad, Casanare, la cual no prestó la utilidad requerida”. 

El daño patrimonial se dio al celebrarse un contrato para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial de este caserío, con el objeto de recoger las aguas lluvias provenientes de las vía pavimentadas, sin que existieran las mismas, lo cual evidenció la inviabilidad del sistema cuya construcción se contrató. 

En la investigación que realizó la CGR en su momento se probó que las obras no generaron utilidad alguna a la comunidad y no cumplieron con las normas técnicas requeridas. Este proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en los hallazgos fiscales detectados en una auditoría adelantada por la CGR, donde se verificó que el Corregimiento Bocas del Pauto no contaba con calles pavimentadas.

Lista de Responsables Fiscales

La Contraloría General de la República confirmó el fallo de responsabilidad fiscal, por estos hechos, por la suma de $2.788 millones, contra los siguientes vinculados: 

*El exgobernador de Casanare Withman Herney Porras Pérez.

*La exalcaldesa del Municipio de Trinidad (Casanare) Elsy Esperanza Madrid Riaño, que ejerció este cargo para la época de los hechos.

*El exalcalde Municipal de Trinidad (Casanare), Fabio Betancourt Aranguren, que ejerció este cargo en el período 2004-2007.

*La exgerente  de la Empresa de Servicios Públicos de Trinidad (Casanare), Constanza Hernández Rodríguez.

*El exgerente encargado de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Trinidad (Casanare) Juan Carlos Ossa Quiñonez.

*El exsecretario de Obras Públicas y Transporte Departamental de Casanare Javier Dagoberto Fonseca Rodríguez.

*El representante legal de la Unión Temporal El Banco, Luis Santiago Barreto Torres, en su calidad de contratista.

*Luis Fernando Silva Pérez, en calidad de integrante de la Unión Temporal Pluvial Bocas del Pauto.

*Bernardo Parada Arenas, en calidad de integrante de la Unión Temporal Pluvial Bocas del Pauto.

*Luis Carlos Castro Rincón, en calidad de representante legal de INCO Ltda, contratista miembro de la Unión Temporal El Banco.

Se confirmó también la decisión de declarar civilmente responsable a la Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A.

Y se confirmaron las decisiones de fallar sin responsabilidad fiscal a favor de los señores Carlos Augusto Cruz Ayala y Juan Carlos Betancourth Novoa.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

CASANARE

Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos

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El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.

La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.

No se adelantaron estudios de títulos

En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.

En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.

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Capturan a dos personas en Yopal por presunta explotación sexual y trata de personas

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La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.

Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.

Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.

Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.

Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.

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CASANARE

Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño

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Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.

Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.

Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.

También el Juan Luis Londoño

Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.

El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.

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