CASANARE
Exgobernador Withman Porras y dos exalcaldes de Trinidad a responder por detrimento patrimonial
La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $2.788 millones de pesos contra el exgobernador Withman Herney Porras, y los exalcaldes de Trinidad, Elsy Esperanza Madrid Riaño y Fabio Betancourt Aranguren.
Según la Contraloría General, la medida afecta también a otros exfuncionarios y contratistas, por irregularidades en la contratación del alcantarillado del Corregimiento Bocas del Pauto.
El Contralor General de la República confirmó el fallo proferido el 2 de diciembre de 2016 por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, al establecer que “efectivamente existió detrimento patrimonial ocasionado por una incorrecta planeación de la contratación del alcantarillado realizado en el Corregimiento Bocas del Pauto del municipio de Trinidad, Casanare, la cual no prestó la utilidad requerida”.
El daño patrimonial se dio al celebrarse un contrato para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial de este caserío, con el objeto de recoger las aguas lluvias provenientes de las vía pavimentadas, sin que existieran las mismas, lo cual evidenció la inviabilidad del sistema cuya construcción se contrató.
En la investigación que realizó la CGR en su momento se probó que las obras no generaron utilidad alguna a la comunidad y no cumplieron con las normas técnicas requeridas. Este proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en los hallazgos fiscales detectados en una auditoría adelantada por la CGR, donde se verificó que el Corregimiento Bocas del Pauto no contaba con calles pavimentadas.
Lista de Responsables Fiscales
La Contraloría General de la República confirmó el fallo de responsabilidad fiscal, por estos hechos, por la suma de $2.788 millones, contra los siguientes vinculados:
*El exgobernador de Casanare Withman Herney Porras Pérez.
*La exalcaldesa del Municipio de Trinidad (Casanare) Elsy Esperanza Madrid Riaño, que ejerció este cargo para la época de los hechos.
*El exalcalde Municipal de Trinidad (Casanare), Fabio Betancourt Aranguren, que ejerció este cargo en el período 2004-2007.
*La exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Trinidad (Casanare), Constanza Hernández Rodríguez.
*El exgerente encargado de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Trinidad (Casanare) Juan Carlos Ossa Quiñonez.
*El exsecretario de Obras Públicas y Transporte Departamental de Casanare Javier Dagoberto Fonseca Rodríguez.
*El representante legal de la Unión Temporal El Banco, Luis Santiago Barreto Torres, en su calidad de contratista.
*Luis Fernando Silva Pérez, en calidad de integrante de la Unión Temporal Pluvial Bocas del Pauto.
*Bernardo Parada Arenas, en calidad de integrante de la Unión Temporal Pluvial Bocas del Pauto.
*Luis Carlos Castro Rincón, en calidad de representante legal de INCO Ltda, contratista miembro de la Unión Temporal El Banco.
Se confirmó también la decisión de declarar civilmente responsable a la Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A.
Y se confirmaron las decisiones de fallar sin responsabilidad fiscal a favor de los señores Carlos Augusto Cruz Ayala y Juan Carlos Betancourth Novoa.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Sicarios asesinaron migrante en Yopal, autoridades analizan si se trata de vendettas por microtráfico
Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con material de guerra, explosivos, elementos de intendencia e insumos médicos en una zona rural del municipio de Támara. Según la información, la caleta pertenecería a las disidencias del Frente 28 y almacenaba elementos que presuntamente serían utilizados para la ejecución de acciones armadas.
Durante la operación fueron hallados artefactos explosivos improvisados, granadas, proveedores para armamento, chalecos y otros elementos de uso militar. Además, las tropas incautaron insumos médicos que, según el Ejército, serían empleados para atender a integrantes de ese grupo armado que resultaran heridos durante enfrentamientos con la Fuerza Pública.
Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es la forma en que estaban ocultos algunos explosivos. Según el reporte oficial, los artefactos improvisados con metralla eran escondidos en objetos de uso cotidiano, como termos, y estaban acondicionados para ser activados mediante sistemas de cable telemando. El Ejército advirtió que esta modalidad representa un alto riesgo para la población civil, especialmente para campesinos, niños y habitantes de las veredas, quienes podrían confundir estos elementos con objetos inofensivos.
El material explosivo fue destruido de manera controlada por unidades de la Octava División del Ejército, siguiendo los protocolos establecidos para evitar riesgos a la comunidad. El Ejército hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de manipular objetos sospechosos, alejarse del lugar y reportar cualquier hallazgo a las autoridades competentes.
Un joven de 29 años perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la mañana de este domingo 5 de julio en la intersección de la calle 40 con carrera 23, en Yopal. La víctima fue identificada como Anderson Alexander Achagua Tarache, quien se movilizaba en una motocicleta KTM Duke de placas LFN30F.
De acuerdo con la información preliminar y los videos captados por cámaras de seguridad del sector, tanto la motocicleta como un triciclo eléctrico transitaban en el mismo sentido por la carrera 23. Al llegar a la calle 40, y al parecer, debido a la maniobra imprevista realizada por uno de los conductores, ambos vehículos terminaron colisionando. El triciclo era conducido por una mujer en condición de discapacidad.
Achagua Tarache recibió atención prehospitalaria y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones. La conductora del triciclo también fue remitida para valoración médica, al presentar un fuerte dolor en la espalda.
Las autoridades de tránsito asumieron la investigación para establecer las causas del siniestro. Entre las hipótesis que serán objeto de verificación se encuentran una posible imprudencia en la conducción y un eventual estado de embriaguez de alguno de los involucrados, aspectos que solo podrán ser confirmados o descartados por las diligencias e informes oficiales.
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