CASANARE
Ex comandante de la Brigada 16 continuará detenido por “falsos positivos”
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó el beneficio de la libertad anticipada al general (r) Henry William Torres Escalante, ex comandante de la Brigada 16 del Ejército, señalado por su presunta responsabilidad en “falsos positivos” realizados por hombres bajo su mando.
Dice la JEP, que el plan de aporte a la verdad y las versiones que el general (r) Torres Escalante ha entregado no cumplen con los parámetros de verdad plena exigidos para acceder de manera anticipada a la libertad.
El excomandante de la Brigada XVI del Ejército, con sede en Yopal, seguirá recluido en la Escuela de Infantería Cantón Norte del Ejército Nacional, donde cumple una medida de aseguramiento decretada en el marco del proceso en su contra por hechos ocurridos en Aguazul en marzo de 2007.
Esos hechos son estudiados por la JEP dentro del caso 03: ‘Muertes ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, conocidos como ‘falsos positivos’.
Está sacando el cuerpo
Para la JEP, el compareciente ha adoptado una posición eminentemente exculpatoria, señalando que no sabía que las bajas de combate reportadas eran resultado de confrontaciones simuladas y que durante su comandancia en la Brigada XVI del Ejército nunca impartió ese tipo de órdenes. Tampoco se evidencia que exista hasta ahora un aporte novedoso que supere lo que ya ha recopilado la jurisdicción ordinaria.
“La Sala no vislumbra, hasta este momento, que el compareciente haya efectuado el aporte extraordinario de verdad que se esperaría en esta justicia transicional del comandante de una unidad mayor del Ejército Nacional en la que se presentaron más de 170 hechos constitutivos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, advierten los magistrados en el auto.
Finalmente, la JEP le recordó a Torres Escalante que su sometimiento es integral. El caso por el que se encuentra privado de la libertad y aquellos cuyas órdenes de operaciones se emitieron en la Brigada XVI, durante su comandancia, no son los únicos por los cuales el general ( r ) comparece ante la Jurisdicción. También lo hace por múltiples casos reportados durante su permanencia en la Brigada XVI en los diferentes cargos que ocupó entre los años 2003 y 2007.
Fuente: Comunicaciones JEP
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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