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Estructuras organizadas y con abogados invaden predios en Villavicencio

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Dos intentos de invasión en predios de la ciudad fueron desmontados en las últimas horas por las autoridades y uno de los grupos tiene una estructura organizada con supuestas familias desplazadas y abogado que los asesora.

La secretaria de Gobierno, Andrea Lizcano, contó que, junto a la Policía Metropolitana, y tras atender el llamado de la comunidad en dos zonas de la ciudad, realizaron operativos a través de los cuales se recuperaron tierras que estaban siendo invadidas, una de ellas, por tercera vez.

El primer caso -dijo la funcionaria- se atendió en el barrio Trece de Mayo, al respaldo del megacolegio, predio en áreas de cesión, destinado para hacer equipamiento urbano, tal como un parque o un centro cultural y que debe ser protegido tanto por la Administración, como por la comunidad, gracias a la cual se conoció lo que estaba sucediendo.

“Lo que estamos viendo es que son estructuras muy bien organizadas, pues en el caso del Trece de Mayo llegaron varios buses con personas, en horas de la madrugada, con certificaciones de ser presuntamente víctimas de desplazamiento forzado, incluso con abogado y todo dispuesto para el proceso de invasión con blindaje jurídico que algunos abogados manejan en ese tema”, dijo la funcionaria.

El tema, fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación durante un Comité de Orden Público, con el fin de que se adelante la investigación, dijo Andrea Lizcano.

Gracias a la información ciudadana, durante el fin de semana, las autoridades llegaron por tercera vez a un predio ubicado en la avenida 40 frente al centro comercial Villacentro, al lado del Colegio Departamental la Esperanza, sede sordos. Allí se destruyó una cerca hecha con postes de cemento, alambre de púa, candado y cadena, y se sacaron del predio alrededor de doce palos de madera que estaban listos para iniciar la estructura de una casa.

Fuente: Alcaldía de Villavicencio

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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.

En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.

Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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