CASANARE
Estrategia territorial de Función Pública llegó a ocho entidades de Casanare
En 2022 la estrategia Acción Integral en el Territorio del Departamento Administrativo de la Función Pública, incluyó en su Plan de Gestión Territorial (PGT) a la Gobernación de Casanare, así como a las alcaldías de Nunchía, Recetor, San Luis de Palenque, Támara, Sacama, Hatocorozal y Yopal. De acuerdo con el balance, en las entidades se priorizaron 27 temas con un total de 98 asesorías, la participación de 486 asistentes y un cumplimiento del 100% en la asistencia técnica programada. Respecto a algunos resultados destacados sobresales que se conformaron los comités de gestión , desempeño y control interno; se definieron los responsables de estas políticas en las entidades, y los alcaldes así como los secretarios de planeación y alta dirección, entendieron más a profundidad el tema para darle relevancia al fortalecimiento institucional. Además, cinco entidades obtuvieron asistencia en la elaboración de los planes institucionales y lineamientos para mejorar las condiciones del talento humano en las entidades, así como actualización del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) en planta y estructura que servirán para la toma de decisiones en las entidades. Adicional en dos entidades se logró establecer las estrategias para involucrar al ciudadano en el ciclo de la gestión pública, hacer rendición de cuentas a través de los nodos territoriales y empoderar a los servidores en la importancia de los valores de la integridad como parte fundamental de su labor. La Estrategia de Acción Integral en el Territorio hace presencia en todos los departamentos del país a través de sus líderes territoriales, quienes asesoran a entidades municipales y departamentales, para el mejoramiento del desempeño institucional, desarrollando sesiones de trabajo que fortalecen las capacidades y competencias tanto de las entidades como de su talento humano.
Fuente: Función Pública
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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