CASANARE
En Casanare, este domingo se cumplen dieciséis años de tristeza, dolor y duros recuerdos
La fresca brisa que anuncia la llegada del verano y el fin de año, peinaba los pajonales y acariciaba aquel pedazo de sabana y maraña, ubicado en inmediaciones de la hacienda Guayabal, entre el río Ariporo y el Tate en el municipio de Paz de Ariporo, sitio que para quienes vivieron aquél fatídico momento, hoy no es grato recordar.
Era el 25 de noviembre de 2002, cuando muy temprano llegaron a la base militar de Paz de Ariporo dos supuestos informantes, alertando sobre la presencia de tres hombres armados que estarían haciendo un retén ilegal y desviando los vehículos hacia la vía a la vereda La Motúz parte alta, inmediatamente se dio la orden de alistar un grupo de hombres que no superaban los 45, divididos en dos grupos, al mando del entonces Teniente Londoño y el sargento Romero, quienes salieron hacia el lugar; sobre las ocho de la mañana inició el combate. Recuerda el soldado profesional Carlos Julio Tarache, sobreviviente de aquella masacre.
La información era real, pero no era más que una trampa de la guerrilla de las Farc en ese entonces, al mando de alias Grannobles, que reunía a más de 400 combatientes, al parecer de los frentes 10 y 28; una trampa que le arrebató la vida a 14 militares del Grupo Guías de Casanare, 13 soldados profesionales y un suboficial, llenando de tristeza, dolor y luto a todo un país.
Cuando los militares llegaron al lugar, fueron atacados con rampas, fusil, ametralladoras, granadas de mortero, cilindros bomba, tatucos y lo que más pudieran, a fuego cruzado o a la redonda; este grupo de militares estaba en medio del enemigo, prácticamente rodeados, recuerda el soldado profesional de la reserva activa Arddiel Walteros, quien sobrevivió con su lanza, gracias a un árbol de Mapurito, el resto de su escuadra fue desaparecida, comenta cabizbajo.
Una vez finalizado el combate, cuando los terroristas huyeron y regresó la calma, se reunieron para auxiliar a los heridos que eran diez aproximadamente, también empezaron a recoger a sus compañeros caídos, el cabo primero José Asprilla Rivas y los soldados profesionales Eduard Arsecio Jara Bareño, Jorge García Mesa, Antonio Gómez Valencia, Elmis Madero Tumay, Jhon Ríos Sarmiento, Nelson Silva Ardila, Eudes Tabaco Pérez, Ubaldo Tibaduiza Amaro, Orlando Torres Rojas, Edgar Tuay, José Tunarosa, Haiver Andrés Vargas y Uriel Vergara Jiménez (Q.E.P.D).
Recordar este fatídico momento para quienes lo vivieron en carne propia es muy duro dice Walteros, quien tiempo después de los hechos, se retiró del Ejército Nacional dice por amenazas a su familia por parte de las entonces AUC, de los cuales posteriormente recibió dos intentos de asesinato fallidos, luego organizó su vida desde la parte civil, hoy tiene su esposa y dos hermosas hijas, es cristiano y vive feliz, cree que todo lo que pasó es un propósito que Dios tiene con él.
“Cuando yo recuerdo a mis compañeros y ese momento, las lágrimas se me salen, porque es muy triste uno perder una vida de un compañero en el Ejército, donde los soldados somos como hermanos. Gracias a Dios primeramente por protegerme ese día y a mi amigo Cristian Méndez que me ubicó y hoy puedo contar esta historia”, puntualizó.
Por su parte, el soldado profesional Carlos Julio Tarache, sigue activo en el Ejército Nacional, es entrenador canino y sirve a la patria desde la Décima Sexta Brigada en Yopal, dice que algunos de sus compañeros están activos y otros se retiraron, recientemente retomó contacto con Walteros y otros, con los que planean viajar el 25 al lugar de los hechos.
Este domingo 25 de noviembre, al cumplirse 16 años de este lamentable hecho, el Ejército Nacional tiene previsto realizar un homenaje a quienes perdieron la vida ese día, iniciando a las 09:00 horas con un acto simbólico y una oración en el lugar de los hechos, posteriormente una eucaristía y ofrenda floral en la iglesia principal de Paz de Ariporo, donde estarán como invitados soldados activos y de la reserva activa, sobrevivientes de ese lamentable hecho y familiares de los militares asesinados.
Fuente: Prensa Décima Sexta Brigada
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
