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Conseguían carros alquilados y los vendían, en Villavicencio hay algunas víctimas

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Por solicitud de la Fiscalía fueron asegurados Daniel Torres Castillo, Johnny Fabián Claros, Jorge Enrique Castillo Prado, Sneider Claros Castillo y Wilson Villamil Castillo, integrantes de una misma familia que estarían involucrados en hechos ocurridos desde 2016, en 6 departamentos de Colombia.

Estas cinco personas capturadas por el CTI de la Fiscalía en diligencias cumplidas en Bogotá y Armenia (Quindío), fueron presentadas ante el Juzgado 9° Penal Municipal de control de garantías de Villavicencio (Meta).

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía reveló que este clan familiar conocido como los Torres del Castillo, presuntamente, mediante engaños tomaba vehículos que eran ofrecidos en alquiler en las redes sociales de internet; posteriormente, se hacían pasar como propietarios de los carros y los vendían a personas que desconocían su origen.

En la investigación la Fiscalía documentó 76 denuncias contra esta estructura en los departamentos de Risaralda, Tolima, Boyacá, Quindío, Meta y Cundinamarca, y estableció que la defraudación a las víctimas superaría los $1.500’000.000.

A los 5 capturados la Fiscalía imputó los delitos de estafa en masa agravada, concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso, falsedad en documento privado, falsedad personal, receptación y hurto calificado. Los cargos fueron aceptados por tres de los procesados.

El juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.

Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.

El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.

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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.

Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.

Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.

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