CASANARE
Escogencia del nuevo Gerente Regional del ICA en Casanare genera escándalo
El abogado casanareño Pedro Julio Martínez, quien ha venido participando en el proceso de selección o escogencia del nuevo Gerente Regional del ICA en Casanare, denunció que el mismo estaría “amarrado” para beneficiar a un presunto recomendado de la senadora Amanda Rocío González.
Según explicó el profesional del Derecho, luego de presentar las hojas de vida en la seccional del ICA en Yopal, se publicó el listado de admitidos y no admitidos, encontrando que varios de quienes se habían presentado no cumplían con las exigencias del primer filtro. Los admitidos fueron convocados para presentar pruebas el pasado 05 de julio.
Agregó Martínez Cristancho, que dentro de la lista de ASPIRANTES NO ADMITIDOS (ver gráfica de la página web del ICA) figuraba el aspirante Aleander Barrera Girón, identificado con C.C. No. 3.210.490, con la leyenda “NO CUENTA CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA”.
Sin embargo, un simple AVISO INFORMATIVO suscrito por la Directora Nacional del ICA modificó la convocatoria argumentando un “error involuntario”, reduciendo el tiempo de experiencia profesional relacionada que se solicitaba a los aspirantes, y permitiendo a los NO ADMITIDOS volver a presentar documentos.
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Esa modificación de la convocatoria por el “error involuntario” hizo que se ampliara el plazo para la presentación de pruebas, las cuales fueron convocadas para el próximo 26 de julio.
La sorpresa de los aspirantes inicialmente admitidos fue mayúscula, cuando en el listado de quienes deben presentar pruebas el próximo 26 de julio, apareció de nuevo Alexander Barrera Girón, de quien se dice hace parte de la UTL de la senadora Amanda Rocío González, lo cual ha generado la desconfianza de quienes están participando en el concurso de méritos, por considerar que sería Barrera Girón el beneficiado del “concurso”.
Respecto de toda esta situación, esto señalóp el abogado Pedro Julio Martínez:
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
