CASANARE
Equión dice que ha actuado con apego a la Ley en negocio por servidumbres en Nunchía
Petrolera hizo precisiones frente a las acusaciones del abogado Miguel Cely, representante de varios herederos.
Ante las graves denuncias del abogado Miguel Cely Caro contra la compañía Equión por un arreglo de servidumbres donde habría desconocido a varios herederos en el municipio de Nunchía, la petrolera hizo algunas precisiones.
Según Equión, desde hace unos meses está construyendo una línea de flujo de 11 kilómetros de longitud aproximada, para conectar los pozos Hurones con el pozo Floreña U, y cuyo tramo sur en Yopal ya fue concluido. A finales de 2015 se comenzó un proceso de negociación para adquirir el derecho de servidumbre legal de hidrocarburos en una zona del predio Miraflores, ubicado en la Vereda El Pedregal, municipio de Nunchía, el cual se localiza dentro del trazado de dicha línea de flujo.
Dice Equión que adelantó un proceso de negociación con el actual poseedor y heredero de ese predio, y suscribió un documento de promesa de constitución de servidumbre, a través del cual se otorga a la compañía el permiso y se entregan las áreas donde se desarrollarán los trabajos. Sin embargo, posteriormente 24 personas más, alegando ser también herederos del predio, vienen pretendiendo igualmente un pago exagerado para permitir el ingreso de Equión, cerca de $600 millones cuando el terreno está avaluado en una cifra que bordea los $28 millones. Agrega Equión que el proceso de negociación se ha extendido por tales pretensiones económicas de algunos de estos herederos, los cuales entregaron poderes al abogado Miguel Cely para que llevara su caso ante la compañía.
Argumenta Equión que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo económico racional con estos herederos, inició ante el Juez Municipal de Nunchía, el trámite de Avalúo de Servidumbre Petrolera, conforme el procedimiento establecido por la Ley 1274 de 2009, y que ha intentado infructuosamente llegar a un acuerdo económico con los otros herederos, en los términos y tiempos establecidos por la normatividad, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
También argumenta, que por situaciones ajenas a la compañía, los interesados no llegaron a un acuerdo sobre el monto de la indemnización de perjuicios, por lo que se levantó un acta que da fe de las causas de la negociación fallida y el valor máximo ofrecido, conforme al avalúo solicitado ante el Juez Civil Municipal, tal como lo determina la Ley. Al cabo de varias semanas de trámites legales, para el miércoles 15 de febrero, por orden judicial estaba prevista una diligencia de entrega e ingreso al predio. El ingreso al predio por parte de Equión se iba a dar luego de que cumplidas todas las instancias, se rindiera el dictamen pericial y el juez autorizará la ocupación y el ejercicio provisional de la servidumbre de hidrocarburos.
Prosigue Equión diciendo que ha notificado oportunamente a los interesados cada una de sus actuaciones, las cuales siempre están enmarcadas en la legalidad, el diálogo, el respeto y los derechos de las comunidades.
Por último, recuerda Equión que los trabajos a realizar en esta zona generarán oportunidades laborales a las comunidades vecinas, así como acciones de inversión social y contratación de bienes y servicios, que aportarán al desarrollo local y comunitario, firme compromiso de la compañía hacia sus vecinos.
“En Equión somos responsables frente a las comunidades que rodean a nuestras operaciones. En ese sentido actuamos siempre en apego a las disposiciones legales, buscando el desarrollo de nuestros negocios bajo los principios de legalidad, justicia, igualdad y de respeto por los Derechos Humanos”, remata la comunicación de la petrolera.
Fuente: Prensa Equión Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
