CASANARE
Equión dice que ha actuado con apego a la Ley en negocio por servidumbres en Nunchía
Petrolera hizo precisiones frente a las acusaciones del abogado Miguel Cely, representante de varios herederos.
Ante las graves denuncias del abogado Miguel Cely Caro contra la compañía Equión por un arreglo de servidumbres donde habría desconocido a varios herederos en el municipio de Nunchía, la petrolera hizo algunas precisiones.
Según Equión, desde hace unos meses está construyendo una línea de flujo de 11 kilómetros de longitud aproximada, para conectar los pozos Hurones con el pozo Floreña U, y cuyo tramo sur en Yopal ya fue concluido. A finales de 2015 se comenzó un proceso de negociación para adquirir el derecho de servidumbre legal de hidrocarburos en una zona del predio Miraflores, ubicado en la Vereda El Pedregal, municipio de Nunchía, el cual se localiza dentro del trazado de dicha línea de flujo.
Dice Equión que adelantó un proceso de negociación con el actual poseedor y heredero de ese predio, y suscribió un documento de promesa de constitución de servidumbre, a través del cual se otorga a la compañía el permiso y se entregan las áreas donde se desarrollarán los trabajos. Sin embargo, posteriormente 24 personas más, alegando ser también herederos del predio, vienen pretendiendo igualmente un pago exagerado para permitir el ingreso de Equión, cerca de $600 millones cuando el terreno está avaluado en una cifra que bordea los $28 millones. Agrega Equión que el proceso de negociación se ha extendido por tales pretensiones económicas de algunos de estos herederos, los cuales entregaron poderes al abogado Miguel Cely para que llevara su caso ante la compañía.
Argumenta Equión que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo económico racional con estos herederos, inició ante el Juez Municipal de Nunchía, el trámite de Avalúo de Servidumbre Petrolera, conforme el procedimiento establecido por la Ley 1274 de 2009, y que ha intentado infructuosamente llegar a un acuerdo económico con los otros herederos, en los términos y tiempos establecidos por la normatividad, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
También argumenta, que por situaciones ajenas a la compañía, los interesados no llegaron a un acuerdo sobre el monto de la indemnización de perjuicios, por lo que se levantó un acta que da fe de las causas de la negociación fallida y el valor máximo ofrecido, conforme al avalúo solicitado ante el Juez Civil Municipal, tal como lo determina la Ley. Al cabo de varias semanas de trámites legales, para el miércoles 15 de febrero, por orden judicial estaba prevista una diligencia de entrega e ingreso al predio. El ingreso al predio por parte de Equión se iba a dar luego de que cumplidas todas las instancias, se rindiera el dictamen pericial y el juez autorizará la ocupación y el ejercicio provisional de la servidumbre de hidrocarburos.
Prosigue Equión diciendo que ha notificado oportunamente a los interesados cada una de sus actuaciones, las cuales siempre están enmarcadas en la legalidad, el diálogo, el respeto y los derechos de las comunidades.
Por último, recuerda Equión que los trabajos a realizar en esta zona generarán oportunidades laborales a las comunidades vecinas, así como acciones de inversión social y contratación de bienes y servicios, que aportarán al desarrollo local y comunitario, firme compromiso de la compañía hacia sus vecinos.
“En Equión somos responsables frente a las comunidades que rodean a nuestras operaciones. En ese sentido actuamos siempre en apego a las disposiciones legales, buscando el desarrollo de nuestros negocios bajo los principios de legalidad, justicia, igualdad y de respeto por los Derechos Humanos”, remata la comunicación de la petrolera.
Fuente: Prensa Equión Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
