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Entró en funcionamiento el primer Parque Solar de Ecopetrol en el Meta
Ecopetrol y AES Colombia pusieron en operación, este viernes, el mayor parque solar de autogeneración de energía que se ha construido en el país, localizado en el municipio de Castilla La Nueva, en el departamento del Meta.
El Parque Solar Castilla, que demandó una inversión cercana a los 20 millones de dólares, tiene una potencia instalada de 21 megavatios (MWp), equivalente a la capacidad para energizar una ciudad de 27.000 habitantes. Servirá para abastecer parte de la energía que requiere el campo Castilla, el segundo más grande de Colombia, con una producción cercana a los 115 mil barriles de petróleo por día.
La obra se ejecutó en 7 meses y generó empleo para 388 personas, incluidas más de 100 mujeres, en su mayoría de la región.
Precisamente, sobre este tema, el Presidente Duque resaltó que las empresas que llegan a las regiones están aprovechando la fuerza laboral que encuentran en las localidades.
El Jefe de Estado aseguró que el proyecto genera casi 400 empleos, “donde más del 80 por ciento son empleos locales. Es algo que también quisimos promover desde el Gobierno”, con Ecopetrol, con muchas empresas, que cuando estén trabajando en los territorios, la mano de obra sea local.
“Otro mensaje: 17 por ciento de estos casi 400 empleados son primeros empleos: personas, hombres, mujeres, que, por primera vez, encuentran esa oportunidad laboral y lo hacen con este bello proyecto”, dijo.
Destacó, además, que el tercer mensaje es que el 30 por ciento de la fuerza laboral de este proyecto corresponde a mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, “mujeres que hoy se sienten orgullosas de ser protagonistas de la transición energética de Colombia”, por lo que aseguró: “Son mensajes muy poderosos, mensajes que se conectan emocionalmente con el país”.
En su intervención, el Presidente recordó que cuando llegó al Gobierno solo había 60 megavatios de capacidad instalada de energías renovables y que cuando planteó que quería llegar a las 1.500 megas “muchos creían que eso era una utopía, que eso era imposible”.
Sin embargo, agregó, “hemos logrado, en lo que fue la primera subasta de cargo por confiabilidad, asegurar 1.398 megas en proyectos de inversión”.
Anotó que “hace un año, la capacidad instalada de energías renovables no convencionales era de tan solo el 0,1% de las energías de nuestra matriz. Vamos a llegar al 10% en el año 2022, y hemos hecho un compromiso adicional: llegar al 20% para el año 2030. Eso muestra lo que es la gran ambición energética de nuestro país”.
Se refirió, además, a los avances que el Gobierno ha tenido en materia medioambiental y destacó la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad Eléctrica, “que va a llevar a que, en los próximos años, nos pongamos la meta de hacer una sustitución para tener cerca de 600.000 vehículos eléctricos”.
Con respecto al Parque Solar Castilla de Ecopetrol, el Presidente Duque destacó que “en términos de captura de emisiones de CO2, equivale a más de 15.000 árboles; son más de 150.000 paneles instalados, que muestran que puede haber una gran armonía productiva en nuestro país”.
En esta misma, línea manifestó que “vamos a hacer una apuesta también muy grande para que la transición energética en el país también llegue a los hogares. Lo que hoy vemos con estos paneles solares, que son una verdadera belleza, también en 14 meses de Gobierno, han llegado a cerca de 16.000 familias que, por primera vez, tienen luz eléctrica, con paneles solares unifamiliares”, y anunció que la meta es llegar a “más de 400.000 personas beneficiadas en nuestro país, de aquí al finalizar nuestro Gobierno”.
Fuente: Presidencia de la República
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
