La Contraloría General de la República dio a conocer que adelanta actualmente 2 procesos de responsabilidad fiscal contra el exgobernador del departamento del Meta, Alan Jara Urzola, en los que el ex mandatario ha sido llamado a responder por más de $21 mil 513 millones de pesos, ejecutados durante su administración.

Uno de los procesos, recientemente abierto en el mes de febrero del año en curso, por más de $9 mil 220 millones, hace referencia a los contratos suscritos por la Gobernación del Meta con la Empresa de Petróleos del Llano – Llanopetrol, para la elaboración de los estudios y diseños de prefactibilidad para la refinería del departamento del Meta.

Se estableció que Llanopetrol era una empresa apenas en proceso de constitución en el momento en que se le giraron los recursos. Además de Jara Urzola, quien en su condición de Gobernador era miembro de la Junta Directiva de Llanopetrol, por este proceso fueron llamados a responder otros miembros de la misma, a saber:

Luz Stella Casasfranco Vanegas, en su calidad de Secretaria Jurídica del Departamento para el periodo de la administración de Jara Urzola; así como Hernando Martínez Aguilera, entonces Director de Planeación del Departamento; y Jairo Iván Frías Carreño, Secretario de Hacienda Departamental, los tres en condición de integrantes de la Junta Directiva de Llanopetrol y vinculados a los referidos cargos del orden departamental en el Meta, en el periodo 2012 a 2015. Igualmente fue vinculado al proceso el entonces Gerente de Llanopetrol, Ricardo Rodríguez Henao.

Gobernación dio concepto favorable al proyecto, a pesar de sus inconsistencias

La Contraloría pudo establecer que el proyecto de inversión presentado por el Gerente de la empresa, y avalado por su Junta Directiva, “no siguió los procedimientos del Ciclo de Proyectos ni completó las fases y etapas previas”.

Así mismo, el proyecto se presentó sin los estudios mínimos requeridos para un proyecto de tal importancia, como serían: estudio de mercado (demanda, oferta y déficit), estudio legal, estudio técnico (insumos, requerimientos técnicos y tecnológicos, localización y tamaño), estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero.

Por lo anterior, no existía una cadena de valor que permitiera evaluar la refinería, ni se establecieron indicadores que permitieran conocer si era la mejor alternativa posible.

Según la Contraloría, el proyecto fue radicado el 11 de mayo de 2012 ante el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación del Meta, cuando Llanopetrol no estaba legalmente constituida, no existía acto administrativo que estipulara su creación y la existencia de un gerente.

A pesar de lo anterior, la Gobernación expidió un concepto favorable de viabilidad técnica, económica y financiera, y le giró a Llanopetrol recursos por más de $18 mil millones, de los cuales $9 mil 220 millones eran provenientes del Sistema de Regalías y nunca se materializaron en beneficios para la población del departamento.

Jara debe responder por obras inservibles

Otro de los procesos contra el exgobernador Jara Urzola, iniciado en abril del año pasado, se relaciona con recursos ejecutados por su administración con ocasión del convenio suscrito para la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio, mediante la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Los recursos del convenio fueron aportados por la Gobernación del Meta y por Ecopetrol, y se ejecutaron a través de la Empresa de Servicios Públicos del Meta, EDESA S.A. – E.S.P. La Contraloría pudo establecer, que las obras no fueron terminadas en un 100% según lo previsto en los contratos, pero sí se pagó la totalidad del precio acordado.

La obra, en su momento, no contaba con el permiso del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, así como tampoco con la planta de tratamiento de aguas residuales.

En este proceso, la Contraloría estimó la existencia de un daño patrimonial en cuantía superior a los $12 mil 293 millones de pesos, por la inversión ineficiente de los recursos, donde las obras ejecutadas no prestaron un servicio real a la comunidad.

“Solamente se entregaron redes de alcantarillado pluvial y sanitario parciales respecto a la comunidad que debía beneficiar y sin prestación de servicio alguno, por cuanto no existe Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”, dice el informe de la Contraloría.

Además del exgobernador Jara Urzola, fueron llamados a responder los exgerentes de la Empresa de Servicios Públicos del Meta José Édgar Patarroyo Vargas y Carlos Enrique Vaca Rodríguez, así como el también el exgobernador Darío Vásquez Sánchez.

Igualmente se encuentran involucrados al proceso Héctor Andrés Castro Rey y Marilú Pulido Ramírez, en su calidad de gerentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio; el contratista del proyecto Fernando Alonso Rojas Rincón y las empresas Consultores Ingenieros y Arquitectos COINAR LTDA. e INGECOL S.A., representadas legalmente por Diego Jesús Niño Galvis y Cristian Gómez Mejía, respectivamente, junto con los funcionarios administradores y gestores del convenio.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare