CASANARE
Encuentro de Pedagogía para la Paz no motivó a los casanareños, escasa asistencia en La Triada
Con muy escaso público se realizó el Encuentro de Pedagogía para la Paz, convocado por la Presidencia de la República a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en coordinación con la Gobernación de Casanare.
El evento al que fueron invitados la mayoría de funcionarios públicos y gremios productivos de la región para informarse sobre el Acuerdo Final firmado en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc, se desarrolló en el Auditorio de La Triada hasta donde llegaron en su gran mayoría solo alumnos del Colegio Alianza Pedagógica, y uno que otro funcionario. Los grandes ausentes fueron en su gran mayoría los Alcaldes y el propio Gobernador Alirio Barrera Rodríguez.
Sebastián Guerra, delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hizo una vehemente defensa de los puntos acordados entre el Gobierno y la insurgencia de las Farc, señalando que el beneficio más inmediato del Acuerdo es que detiene la guerra con las Farc, permitiendo con ello que no haya más muertos, más desmovilizados y más víctimas.
Los beneficios del Acuerdo
Añadió que otros beneficios del Acuerdo en caso de ganar el apoyo al SI en el plebiscito, es la implementación de una verdadera reforma rural que brinde garantías a los campesinos, el fortalecimiento institucional en las regiones, apertura democrática para garantizar participación ciudadana y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para luchar contra las organizaciones criminales y el narcotráfico, pues ya no tendrían que dedicar tiempo a la lucha contra las Farc.
Desmintió de manera categórica, que no es cierto que en el área rural se la vaya a entregar el país a las Farc, indicando que el Fondo de Tierras que tendrá 3 millones de hectáreas será para los campesinos sin tierra, gracias a que el Estado aplicará figuras como la extinción de dominio y la expropiación a los propietarios ilegales. “Esto no se hizo para las Farc sino con las Farc y para los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos de la zona rural”.
Otro tema que desmintió el delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es que no es cierto que los guerrilleros de las Farc no vayan a pagar un solo día de cárcel, señalando que existirá una Jurisdicción Especial para la Paz, que funciona con base en incentivos, es decir, a mayor verdad y mayor reparación por parte de los victimarios, recibirán redención de las penas. “Aquel que no contribuya con verdad y con reparación puede llegar a una pena de entre 15 y 20 años de prisión. Si se incorpora la cárcel, en la medida en que la persona no contribuya con verdad y reparación”.
Temas como el presunto pago de salarios por millón ochocientos mil pesos mensuales para los guerrilleros que se desmovilicen y otros que han hecho carrera entre quienes promocionan el NO al plebiscito del 2 de octubre, también fueron desmentidos con argumentos por el delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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