CASANARE
En Yopal, en Caño Seco no aguantan más inseguridad generada por migrantes venezolanos
Paulina Amado y su hijo Mayron Sánchez, comerciantes del sector de Caño Seco, denuncian que en la carrera 18 con calle 16 de Yopal, donde se encuentra ubicado un establecimiento público que es atendido por ellos, han sido víctimas de la delincuencia, al parecer, por parte de ciudadanos venezolanos.
Van dos veces
Paulina indicó que han sido asaltados en dos oportunidades, la primera vez en el mes de abril, donde los delincuentes se metieron por el techo del lugar e ingresaron llevándose dinero en efectivo y la segunda fue reciente, dañándole la puerta del local y rompiendo los vidrios. “Los vecinos venezolanos se agarran entre ellos y empiezan a tirar piedras sin importar el daño que causan a su alrededor”.
Cuando los ladrones intentaron ingresar nuevamente al negocio, afortunadamente un vigilante que estaba cerca del lugar los vio salir con la mercancía y llamó de inmediato a la Policía que arribó al sector, pero los delincuentes no fueron capturados porque el hecho no se registró en flagrancia, y por tal razón los dejaron libres, dijo Paulina. “al otro día, los mismos ladrones pasaban frente al negocio, amenazándome con un cuchillo que nos robaron del negocio”.
Pocos patrullajes
Según lo manifestado por la señora Paulina, la Policía realiza patrullajes al sector, sin embargo, cuando los delincuentes los ven llegar se alejan, pero apenas los uniformados se retiran, vuelven a hacer de las suyas, pues las rondas no son constantes y se retiran de forma inmediata. “Han sido varios negocios afectados por este sector, nos han afectado terriblemente, la gente dice que unirnos entre todos y sacarlos, pero uno les hace algo y la ley nos cae a nosotros, queremos sacarlos a garrote o lo que sea, porque ya nos tienen azotados”, dijo Paulina.
¿Abuso de autoridad?
Por su parte, Mayron denunció abuso de autoridad por parte de la Policía, pues el joven indicó que no puede permitir que los venezolanos vengan a amedrentar a la comunidad con sus fechorías, por tal razón ha enfrentado en varias ocasiones a los migrantes para defender a su señora madre.
En cierta ocasión se enfrentó con uno de ellos una cuadra abajo del establecimiento, día en que no tenían servicio al público por un evento familiar, Sánchez discutió y tuvo un altercado con el ciudadano del vecino país, luego volvió al establecimiento con su madre, según narra Mayron, no pasaron 30 segundos cuando llegó la Policía a sacarlo a las malas, sin saber el porqué de la situación. Indicó que le pidieron los papeles y una requisa sin entender por qué lo estaban abordando, agregó que los agentes le contestaron de forma arrogante diciendo que eran la ley.
Ante esta escena el joven recibió dos comparendos, e indicó que fueron 10 policías que realizaron el procedimiento y que además empujaron a su hermana que sufre de discapacidad.
“Desprotegidos”
Por este hecho aún no hay denuncias, pero si las hay por los hurtos. Tanto Paulina como Mayron indicaron sentirse desprotegidos por parte de las autoridades, “prácticamente nos toca es decirles sigan y llévense lo que quieran, porque si hacemos algo, si tomamos acciones viene la Policía y nos saca comparendo”, expresó Mayron.
El llamado
Los comerciantes hicieron el llamado a todas las autoridades para que realicen su trabajo como debe ser y que “dejen el miedo que les tienen a los venezolanos, siempre los cogen y nunca les hacen nada, necesitamos acciones serias y contundentes que acaben con esta situación de inseguridad en el sector de Caño Seco y el resto de Yopal”, puntualizó Mayron Sánchez.
Otros afectados
Así mismo, otros comerciantes del sector de la calle 16 con carrera 18, barrio La Esperanza de Yopal, también revelaron que han sido víctimas de los delincuentes, como el caso de Nidia Oropeza, quien expresó que un migrante venezolano ingresó a su negocio robándole surtido de la tienda, como gaseosas, cervezas, paquetes, golosinas, ente otros, que vio fácil sacar. La mujer reveló que según los vecinos, se trataba de un joven que había trabajado en ese mismo lugar, por tal razón se la ingenió para hurtar en el local.
De otro lado, Nereida Barrera, dijo que en su negocio los delincuentes se subieron al techo y quitaron dos tejas para poder ingresar, llevándose un televisor, un ventilador, unas licuadoras y mercancía del surtido del local.
Lo mismo le pasó a Alba Chaparro, propietaria de un supermercado, quien dijo que los ladrones violentaron los candados de las rejas para ingresar y cometer sus fechorías, llevándose alrededor de dos millones de pesos en elementos de valor.
También don Luis Carlos Sierra dio a conocer su inconformidad por estos hechos que tienen azotados a los habitantes del sector, pues en su caso los ladrones se metieron por donde el vecino, subieron al tejado, e ingresaron a un cuarto que tiene arrendado, donde le robaron hasta la ropa al ocupante.
Finalmente, los afectados concuerdan en que hace falta más presencia policial, pero que además de eso, existan acciones que eviten que estos hechos de inseguridad se sigan presentando en este sector del barrio La Esperanza, que anteriormente era muy tranquilo. La comunidad indicó que en ocasiones han pensado en unirse para tomar medidas por su cuenta, sin embargo expresaron que es riesgoso, porque según las circunstancias, se han dado cuenta que la ley defiende a los extranjeros.
Entre tanto, comerciantes y residentes en el sector de Caño Seco continúan esperando que alguna autoridad tome cartas en el asunto y les devuelva la tranquilidad, porque no quieren tener sentimientos xenofóbicos contra los migrantes venezolanos, pero es que la situación de inseguridad se ha vuelto insoportable.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Alerta en Yopal: estafadores usan falsos pagos digitales para engañar a comerciantes
En Yopal, un comerciante denunció haber sido víctima de una sofisticada modalidad de estafa digital que estaría afectando a varios establecimientos comerciales. Se trata de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes, entre ellos varios estudiantes universitarios, quienes utilizan aplicaciones clonadas conocidas como “Nequi Glitch” o “Nequi Daisy” para simular pagos que nunca se hacen efectivos, generando pérdidas económicas a negocios locales.
El caso fue revelado por Mateo Tarquino, propietario del club deportivo “Taco de Oro”, quien aseguró que en tan solo una semana su establecimiento fue defraudado por una suma cercana a los $2 millones de pesos. La irregularidad fue detectada tras un arqueo de caja y revisión de inventarios que no coincidían con los ingresos registrados, lo que llevó a identificar múltiples comprobantes falsificados.
¿Cómo estafan a los comerciantes?
Según la denuncia, el modus operandi consiste en mostrar en tiempo real un supuesto pago desde una aplicación fraudulenta que replica con precisión los comprobantes originales, incluyendo datos como número de teléfono y nombre del destinatario. Esto engaña al personal del establecimiento, que valida visualmente la transacción sin verificar el ingreso real del dinero.
El comerciante advirtió que los presuntos responsables ya han sido identificados mediante cámaras de seguridad y no descartó acciones legales ante la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a verificar directamente en la aplicación oficial los pagos recibidos o utilizar herramientas de validación como el escaneo de códigos QR, con el fin de evitar este tipo de fraudes.
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Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso
El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.
El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.
Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.
El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:
• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.
Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.
Una defensa que terminó respaldada por la justicia
El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.
Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.
Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.
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Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.
De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.
A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.
El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.
En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.
Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.
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