CASANARE
En Yopal, en Caño Seco no aguantan más inseguridad generada por migrantes venezolanos
Paulina Amado y su hijo Mayron Sánchez, comerciantes del sector de Caño Seco, denuncian que en la carrera 18 con calle 16 de Yopal, donde se encuentra ubicado un establecimiento público que es atendido por ellos, han sido víctimas de la delincuencia, al parecer, por parte de ciudadanos venezolanos.
Van dos veces
Paulina indicó que han sido asaltados en dos oportunidades, la primera vez en el mes de abril, donde los delincuentes se metieron por el techo del lugar e ingresaron llevándose dinero en efectivo y la segunda fue reciente, dañándole la puerta del local y rompiendo los vidrios. “Los vecinos venezolanos se agarran entre ellos y empiezan a tirar piedras sin importar el daño que causan a su alrededor”.
Cuando los ladrones intentaron ingresar nuevamente al negocio, afortunadamente un vigilante que estaba cerca del lugar los vio salir con la mercancía y llamó de inmediato a la Policía que arribó al sector, pero los delincuentes no fueron capturados porque el hecho no se registró en flagrancia, y por tal razón los dejaron libres, dijo Paulina. “al otro día, los mismos ladrones pasaban frente al negocio, amenazándome con un cuchillo que nos robaron del negocio”.
Pocos patrullajes
Según lo manifestado por la señora Paulina, la Policía realiza patrullajes al sector, sin embargo, cuando los delincuentes los ven llegar se alejan, pero apenas los uniformados se retiran, vuelven a hacer de las suyas, pues las rondas no son constantes y se retiran de forma inmediata. “Han sido varios negocios afectados por este sector, nos han afectado terriblemente, la gente dice que unirnos entre todos y sacarlos, pero uno les hace algo y la ley nos cae a nosotros, queremos sacarlos a garrote o lo que sea, porque ya nos tienen azotados”, dijo Paulina.
¿Abuso de autoridad?
Por su parte, Mayron denunció abuso de autoridad por parte de la Policía, pues el joven indicó que no puede permitir que los venezolanos vengan a amedrentar a la comunidad con sus fechorías, por tal razón ha enfrentado en varias ocasiones a los migrantes para defender a su señora madre.
En cierta ocasión se enfrentó con uno de ellos una cuadra abajo del establecimiento, día en que no tenían servicio al público por un evento familiar, Sánchez discutió y tuvo un altercado con el ciudadano del vecino país, luego volvió al establecimiento con su madre, según narra Mayron, no pasaron 30 segundos cuando llegó la Policía a sacarlo a las malas, sin saber el porqué de la situación. Indicó que le pidieron los papeles y una requisa sin entender por qué lo estaban abordando, agregó que los agentes le contestaron de forma arrogante diciendo que eran la ley.
Ante esta escena el joven recibió dos comparendos, e indicó que fueron 10 policías que realizaron el procedimiento y que además empujaron a su hermana que sufre de discapacidad.
“Desprotegidos”
Por este hecho aún no hay denuncias, pero si las hay por los hurtos. Tanto Paulina como Mayron indicaron sentirse desprotegidos por parte de las autoridades, “prácticamente nos toca es decirles sigan y llévense lo que quieran, porque si hacemos algo, si tomamos acciones viene la Policía y nos saca comparendo”, expresó Mayron.
El llamado
Los comerciantes hicieron el llamado a todas las autoridades para que realicen su trabajo como debe ser y que “dejen el miedo que les tienen a los venezolanos, siempre los cogen y nunca les hacen nada, necesitamos acciones serias y contundentes que acaben con esta situación de inseguridad en el sector de Caño Seco y el resto de Yopal”, puntualizó Mayron Sánchez.
Otros afectados
Así mismo, otros comerciantes del sector de la calle 16 con carrera 18, barrio La Esperanza de Yopal, también revelaron que han sido víctimas de los delincuentes, como el caso de Nidia Oropeza, quien expresó que un migrante venezolano ingresó a su negocio robándole surtido de la tienda, como gaseosas, cervezas, paquetes, golosinas, ente otros, que vio fácil sacar. La mujer reveló que según los vecinos, se trataba de un joven que había trabajado en ese mismo lugar, por tal razón se la ingenió para hurtar en el local.
De otro lado, Nereida Barrera, dijo que en su negocio los delincuentes se subieron al techo y quitaron dos tejas para poder ingresar, llevándose un televisor, un ventilador, unas licuadoras y mercancía del surtido del local.
Lo mismo le pasó a Alba Chaparro, propietaria de un supermercado, quien dijo que los ladrones violentaron los candados de las rejas para ingresar y cometer sus fechorías, llevándose alrededor de dos millones de pesos en elementos de valor.
También don Luis Carlos Sierra dio a conocer su inconformidad por estos hechos que tienen azotados a los habitantes del sector, pues en su caso los ladrones se metieron por donde el vecino, subieron al tejado, e ingresaron a un cuarto que tiene arrendado, donde le robaron hasta la ropa al ocupante.
Finalmente, los afectados concuerdan en que hace falta más presencia policial, pero que además de eso, existan acciones que eviten que estos hechos de inseguridad se sigan presentando en este sector del barrio La Esperanza, que anteriormente era muy tranquilo. La comunidad indicó que en ocasiones han pensado en unirse para tomar medidas por su cuenta, sin embargo expresaron que es riesgoso, porque según las circunstancias, se han dado cuenta que la ley defiende a los extranjeros.
Entre tanto, comerciantes y residentes en el sector de Caño Seco continúan esperando que alguna autoridad tome cartas en el asunto y les devuelva la tranquilidad, porque no quieren tener sentimientos xenofóbicos contra los migrantes venezolanos, pero es que la situación de inseguridad se ha vuelto insoportable.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.

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