CASANARE
Indígenas araucanos que deambulan por Yopal serán devueltos a su lugar de origen
Ante la problemática que viven varias familias indígenas provenientes del departamento de Arauca y que deambulan por las calles de Yopal, se realizó una mesa de trabajo convocada por la Procuraduría, donde participó la Alcaldía Municipal junto a la Gobernación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería, Casa de Justicia, Policía de Infancia y un delegado de la Alcaldía de Fortul (municipio de origen), para definir acciones de atención y restablecimiento de derechos.
Según el secretario de Gobierno de Yopal, Diego Cabirrián, son cerca de 30 indígenas, incluidos varios niños, que se están quedando en las esquinas de la ciudad, viviendo de la mendicidad. Por eso con las instituciones encargadas, se acordó hacer una jornada de atención en salud básica y facilitar el regreso de estas personas a su lugar de origen.
A esta jornada, liderada por la Procuraduría y la Gobernación, la Alcaldía de Yopal se vinculará desde las secretarías de Gobierno y Salud, con el apoyo de la ESE Salud Yopal, para revisar el estado de salud de estas personas y garantizar que vuelvan a sus viviendas en Fortul, donde se espera también el acompañamiento del Ministerio del Interior para generar un nuevo arraigo.
Se conoció por parte de las autoridades araucanas, que la problemática de este grupo étnico se debe a que históricamente han sido recolectores y no se han adaptado a cultivar la tierra, sino prefieren desplazarse por otros territorios para vivir de la mendicidad, sumado a que han desarrollado adicciones al alcohol y otras sustancias.
Por eso, se ha solicitado la ayuda del Ministerio del Interior para que establezcan medidas de fondo y políticas públicas al respecto, con nuevas prácticas como proyectos productivos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
