META
En Villavicencio Cormacarena cambió de sede administrativa
Con el ánimo de brindar una efectiva atención al usuario y un mejor bienestar a los más de 300 funcionarios y contratistas, Cormacarena cambió de sede administrativa.
Luego que se identificara la necesidad de un traslado de la sede principal de Cormacarena en Villavicencio y de centralizar las oficinas que actualmente se encuentran ubicadas en el sector San Benito, la Corporación ambiental pasa a prestar sus servicio a los ciudadanos en un moderno edificio del barrio Los Pinos.
De acuerdo a lo anterior, esta medida busca el fortalecimiento institucional a través de instalaciones amigables con el ambiente, con estándares de calidad, comodidad y seguridad para el mejoramiento de los servicios y la atención oportuna al público que usualmente interactúa con la entidad; además de optimizar los costos de operación y cumplir con el distanciamiento mínimo recomendado entre funcionarios y usuarios, ya que las seis sedes donde se desarrollan las actividades misionales por sus espacios reducidos representan un alto riesgo de contagio del COVID-19, convirtiéndose este en un tema de salud pública.
Es importante mencionar que desde inicio de año esta decisión fue evaluada y planificada dando respuesta efectiva a las recomendaciones de Control Interno, las observaciones de la ARL, empresa que acompaña a la Corporación en la atención de los accidentes y enfermedades laborales, y las solicitudes de la Organización Sindical de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental Sintrambiente Subdirectiva – Meta, en cuanto al bienestar de los servidores públicos.
En ese sentido y teniendo en cuenta las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional para controlar la propagación del virus COVID-19, la atención a usuarios continúa realizándose con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación de las siguiente manera:
Al correo electrónico info@cormacarena.gov.co para radicar trámites administrativos, requerimientos, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, la atención de denuncias ambientales en la línea de contacto 314 295 9081, y para la entrega voluntaria y reporte de tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre a través del número 321 482 0327.
Fuente: Cormacarena
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
