REGIÓN
En Tunja y Duitama falsificaron licencias de conducción usando empresa fachada
El trabajo coordinado entre la Seccional Boyacá y la Policía de Tránsito de Tunja permitió judicializar a 13 presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizado conocido como Los Falsificadores.
Los procesados, al parecer, estarían vinculados a un centro de enseñanza automovilística desde donde por sumas que oscilaban entre 900 y 1.200.000 pesos expedían licencias de conducción evadiendo los requisitos de ley como la asistencia a clases de capacitación.
Se estableció que utilizando huellas digitales fabricadas en silicona habrían suplantado a los instructores que debían avalar la asistencia a las clases de manejo, de esta forma se habrían certificado desde el año 2018 y hasta 2021 más de 16.500 clases teóricas y prácticas que nunca fueron tomadas.
Con esta maniobra la escuela de conducción, ubicada en Tunja y Duitama (Boyacá), evitaba el pago de gastos fijos como: mantenimiento de los vehículos, impuesto de rodamiento, gasolina y pago a instructores.
La evidencia física recaudada demostraría cómo los procesados desempeñarían distintos roles al interior de la red delincuencial. Unos, al parecer, conseguían clientes, otros cumplirían el papel de instructores.
Los últimos, se cree, certificaban la asistencia de las personas a la totalidad de las capacitaciones para así poder subir la información fraudulenta a los sistemas de los Servicios Integrales para la Movilidad (SIM). De esa manera, se concretaba el entramado de corrupción.
Labores de policía judicial evidenciaron que, para poder cumplir con el referido número de acreditaciones, la organización ilegal habría tenido que suplantar a extrabajadores de la referida academia y así no despertar sospechas en cuanto a los tiempos de labor del personal.
Entre los 13 procesados se encuentran: la representante legal de la academia de conducción, varios de los supuestos instructores, secretarias, dos exintegrantes de la Policía Nacional, entre otros.
La Fiscalía les imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento privado, obtención de documento público falso y acceso abusivo a un sistema informático, según sus responsabilidades individuales. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
El juez Cuarto Penal de Control de Garantías avaló la petición de la Fiscalía e impuso para cuatro de los procesados medida de aseguramiento y los nueve restantes seguirán vinculados al proceso.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
