REGIÓN
En Tunja y Duitama falsificaron licencias de conducción usando empresa fachada
El trabajo coordinado entre la Seccional Boyacá y la Policía de Tránsito de Tunja permitió judicializar a 13 presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizado conocido como Los Falsificadores.
Los procesados, al parecer, estarían vinculados a un centro de enseñanza automovilística desde donde por sumas que oscilaban entre 900 y 1.200.000 pesos expedían licencias de conducción evadiendo los requisitos de ley como la asistencia a clases de capacitación.
Se estableció que utilizando huellas digitales fabricadas en silicona habrían suplantado a los instructores que debían avalar la asistencia a las clases de manejo, de esta forma se habrían certificado desde el año 2018 y hasta 2021 más de 16.500 clases teóricas y prácticas que nunca fueron tomadas.
Con esta maniobra la escuela de conducción, ubicada en Tunja y Duitama (Boyacá), evitaba el pago de gastos fijos como: mantenimiento de los vehículos, impuesto de rodamiento, gasolina y pago a instructores.
La evidencia física recaudada demostraría cómo los procesados desempeñarían distintos roles al interior de la red delincuencial. Unos, al parecer, conseguían clientes, otros cumplirían el papel de instructores.
Los últimos, se cree, certificaban la asistencia de las personas a la totalidad de las capacitaciones para así poder subir la información fraudulenta a los sistemas de los Servicios Integrales para la Movilidad (SIM). De esa manera, se concretaba el entramado de corrupción.
Labores de policía judicial evidenciaron que, para poder cumplir con el referido número de acreditaciones, la organización ilegal habría tenido que suplantar a extrabajadores de la referida academia y así no despertar sospechas en cuanto a los tiempos de labor del personal.
Entre los 13 procesados se encuentran: la representante legal de la academia de conducción, varios de los supuestos instructores, secretarias, dos exintegrantes de la Policía Nacional, entre otros.
La Fiscalía les imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento privado, obtención de documento público falso y acceso abusivo a un sistema informático, según sus responsabilidades individuales. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
El juez Cuarto Penal de Control de Garantías avaló la petición de la Fiscalía e impuso para cuatro de los procesados medida de aseguramiento y los nueve restantes seguirán vinculados al proceso.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
El Ministerio de Transporte anunció la suspensión temporal del cobro de tarifas en la estación de peaje de San Luis de Gaceno, ubicada en la Transversal del Sisga, entre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Casanare. La medida regirá desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y aplicará para todas las categorías vehiculares del proyecto vial.
Según la Resolución emitida el 14 de octubre, la decisión responde a las reiteradas inconformidades de la comunidad frente a las tarifas vigentes y a las afectaciones causadas por la ola invernal, que han deteriorado la infraestructura vial y disminuido el flujo turístico hacia la región. El Ministerio explicó que la medida busca facilitar la movilidad y apoyar la economía local, en especial a los sectores productivos y turísticos que dependen del tránsito por este corredor.
La cartera de Transporte indicó que, además de las afectaciones por la temporada de lluvias, se identificó el incumplimiento de los estándares de nivel de servicio, debido a cierres prolongados como el registrado en el sector de Piedra Campana. Por esta razón, se determinó que la suspensión del cobro constituye una acción necesaria para restablecer el equilibrio entre el desarrollo del proyecto y el bienestar de las comunidades.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca garantizar la movilidad segura y accesible de los usuarios, mientras se adelantan las acciones necesarias para recuperar la infraestructura afectada y restablecer las condiciones óptimas de operación en la Transversal del Sisga.
Ecopetrol informó que ha puesto en el mercado colombiano gas natural en firme de largo plazo, proveniente de los campos Cusiana, Cupiagua y Floreña, y aclaró que todos sus procesos de comercialización se han realizado bajo el marco de la normativa vigente. La compañía respondió así a los cuestionamientos de los gobernadores de Meta y Casanare, quienes expresaron preocupación por la no destinación de gas natural vehicular (GNV) a partir del primero de diciembre de 2025.
De acuerdo con la empresa, se ha cumplido estrictamente con lo establecido en el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución CREG 102 015 de 2025, que priorizan la atención de la demanda esencial en el país. En este sentido, Ecopetrol explicó que tanto los hogares como los pequeños comercios cuentan con una cobertura del 100% en Casanare y Meta, lo que garantiza la seguridad energética de miles de familias y evita incrementos en los precios por compras de gas importado o en el mercado secundario.
Primero la demanda residencial y comercial
La compañía detalló que entre enero y octubre de 2025 se realizaron varios procesos de comercialización abiertos a todo el país, de los cuales resultaron beneficiadas empresas como ENERCA, Gases del Cusiana y la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Orocué, asegurando el suministro para la demanda residencial, comercial y de GNV en estas regiones. Sin embargo, recordó que ante limitaciones de oferta, la normativa establece una priorización que ubica al GNV en tercer lugar, después de los usuarios residenciales y comerciales.
Ecopetrol también señaló que en junio de 2025 abrió un proceso de comercialización con contratos en firme hasta 2029, en el que adjudicó gas natural a compañías de Meta y Casanare, garantizando la cobertura de la demanda esencial desde diciembre de este año hasta noviembre de 2028. Posteriormente, en septiembre, ofreció nuevas cantidades del campo Floreña para cubrir la demanda entre 2026 y 2028, logrando precios competitivos que mantienen las tarifas más bajas del país.
La estatal petrolera precisó que el GNV, pese a ser considerado demanda esencial, puede verse limitado cuando la disponibilidad del recurso obliga a priorizar primero a los hogares y pequeños comercios. En ese contexto, la asignación se hace siguiendo estrictamente la regulación, sin que ello implique decisiones discrecionales por parte de la empresa.
Finalmente, Ecopetrol reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, las autoridades locales y los operadores del sector, con el fin de habilitar mayores cantidades de gas y encontrar soluciones estructurales que permitan atender las necesidades energéticas de los Llanos Orientales, garantizando transparencia, estabilidad económica y cumplimiento normativo.
Fuente: El Diario del Llano
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