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En medio de presuntas violaciones al debido proceso, Alcadía nombró Gerente de la ESE Salud Yopal

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Demasiadas dudas generó el afanado nombramiento de gerente en propiedad en la ESE Salud Yopal por parte de la Alcaldía de Yopal, cuando Unipamplona estaba aún realizando el concurso para proveer el mencionado cargo, contratada precisamente por la ESE.

Juan Carlos Suárez, asesor Jurídico de la Alcaldía y presidente de la Junta Directiva de la ESE Salud Yopal, señala que el nombramiento del psicólogo Antonio Palacios Salamanca, quien también venía participando del concurso, se dio como resultado de la facultad discrecional que le asiste a la Alcaldesa por efecto de la Ley 1797 de 2016, de nombrar sin necesidad de concurso al gerente de la ESE, pero se le olvida que en este caso la facultad discrecional no aplica porque la convocatoria a concurso se hizo el 5 de julio de 2016 (ver imagen), y la Ley fue sancionada por el Presidente de la República el día 13 del mismo mes. El parágrafo transitorio del artículo 20 de la precitada norma ordena, que cuando los concursos para la elección de gerente habían iniciado antes de la entrada en vigencia de la misma, como en este caso, los procesos debían continuarse hasta el final.

Parágrafo Transitorio del Artículo 20 de la Ley 1797 (Imagen tomada de Internet)

Parágrafo Transitorio del Artículo 20 de la Ley 1797 (Imagen tomada de Internet)

Es claro que la convocatoria inició el 5 de julio, cuanto la Ley 1797 no estaba vigente.

Es claro que la convocatoria inició el 5 de julio, cuanto la Ley 1797 no estaba vigente.

 

Dice el Asesor Jurídico de la Alcaldía y presidente de la Junta Directiva de la ESE, que el pasado miércoles 16 de noviembre, luego de darse cuenta que él como Supervisor del contrato con Unipamplona no había firmado nunca el Acta de Inicio, y que se le había hecho un adicional en recursos y una prórroga en tiempo al contrato cuando se encontraba vencido, se decidió por parte de la Junta Directiva de la ESE “liquidar de manera bilateral el contrato” y lo plasmó en el Acuerdo 019 de 2016. No se explica como un connotado jurista que hoy ocupa el cargo de Asesor Jurídico de la Alcaldía de Yopal no haya firmado el Acta de Inicio de un Contrato que inició en el mes de mayo donde él era el Supervisor, y solo hasta noviembre se venga a dar cuenta. Además que como presidente de la Junta Directiva de la ESE, haya firmado la reanudación del proceso el pasado 9 de noviembre -cuando supuestamente el contrato ya estaba vencido- y se venga a dar cuenta de ello el 16 de noviembre (consultar audio). ¿En manos de quién está la seguridad jurídica del municipio?, se preguntó un ciudadano que consultó con El Diario del Llano.

Asesor Juan Carlos Suárez dice que se encontraron vicios jurídicos, por ejemplo, que él como Supervisor del Contrato nunca firmó el Acta de Inicio.

El Acuerdo 019 "solicita" a Unipamplona dar terminación bilateral del Contrato, pero no es el acta final donde Unipamplona esté de acuerdo en hacerlo.

El Acuerdo 019 “solicita” a Unipamplona dar terminación bilateral del Contrato, pero no es el acta final donde Unipamplona esté de acuerdo en hacerlo.

 

Asegura tajantemente el Asesor Jurídico de la Alcaldía de Yopal, que para dar terminación bilateral de un Contrato no es necesaria la aceptación del contratista (consultar audio), expertos en temas de contratación estatal consultados por El Diario del Llano dicen que para que haya terminación “bilateral” debe expresarse claramente en un acto administrativo (acta de terminación) la voluntad de las dos partes expresada en la firma de los dos representantes legales, cosa que en este caso no se ha dado. Es decir, según los expertos mientras no exista acta de terminación el contrato está vigente.

Lo cierto del caso que genera demasiada controversia y que seguramente desencadenará demandas en contra de la ESE Salud Yopal por parte de quien obtenga el mayor puntaje en las pruebas que aplicó Unipamplona, es que son muchas dudas jurídicas las que quedan en el aire, porque los participantes que presentaron las pruebas, algunos de ellos llegando desde diferentes lugares de Colombia, consideran que el conjunto sigue en pie y esperarán resultados de las pruebas el próximo miércoles.

 Dra. Nuria Bohórquez Peña, una de las participantes en el Concurso a quien se le aplicaron las pruebas por parte de Unipamplona.

Dra. Rocío Valles, también presentó las pruebas con Unipamplona y considera que el Concurso sigue normal.

Dr. Fernando Triviño, vino desde Bogotá a presentar las pruebas y no sabía que ya habían nombrado Gerente en propiedad.

Dr. Rosdan Alfonso, también presentó las pruebas y tiene quejas sobre Unipamplona en estos procesos.

Un profesional de la salud vino desde Neiva a presentar las pruebas y nunca fue avisado que el Concurso, según la ESE, se había cancelado.

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Nótese como el sábado a la 1:39 de la tarde la ESE Salud Yopal desde una cuenta de correo institucional le avisó a los 43 aspirantes, al Secretario de Salud Municipal, al Asesor Jurídico de la Alcaldía, y al correo institucional concursogerentefase2@unipamplona.edu.co que no se practicarían las pruebas de conocimiento y comportamentales a los aspirantes, por cuanto el Concurso había terminado.

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Pero nótese también que el mismo sábado a ls 3:14 de la tarde, desde un Correo particular denominado CONCURSOGERENTEFASE2@mail.com, presuntamente Unipamplona le informó a los concursantes que ya no se practicarían las pruebas de conocimiento y comportamentales por cuanto el Concurso había terminado. Lo extraño, es que sea desde un correo no institucional que se les informe, y que solo se haya hecho a 19 aspirantes de 43.

Quedan demasiadas dudas, y la amenaza de varios de los participantes en el concurso, de demandar el nombramiento que se hizo del psicólogo Antonio Palacios Salamanca, por presunta violación indebida del proceso.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Discusión en una tienda terminó en homicidio en Tauramena, homicida está identificado

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arma disparo

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Tauramena la tarde del 21 de febrero de 2026. Sobre las 6:12 p.m., en la vereda Cabañas, fue ultimado con arma de fuego el ciudadano Jaime Orlando León Sierra, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba departiendo bebidas embriagantes en una tienda del sector cuando fue abordado por otro hombre que también permanecía en el establecimiento. Entre ambos se habría generado una discusión, al parecer por linderos de un predio, que escaló rápidamente, momento en el que el presunto agresor desenfundó un arma de fuego y disparó contra León Sierra, causándole la muerte en el lugar.

Tras el ataque, el señalado responsable huyó en una motocicleta color negro con azul con rumbo hacia la zona rural. Las autoridades confirmaron que el presunto agresor ya está plenamente identificado y adelantan labores para lograr su captura en el menor tiempo posible.

Según información conocida, el hombre registra antecedentes en calidad de investigado por delitos como homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, amenazas y acceso carnal. Testigos lo describen como una persona con comportamiento violento cuando consume licor. El caso quedó en manos de los organismos competentes, que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios.

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En Boyacá, fingía vender minutos para perfilar víctimas y asesinarlas, integraba las Autodefensas de Casanare

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A 27 años y 6 meses de prisión fue condenado Hernán Giovanni Arteaga Plazas, alias ‘El Obrero’, por el homicidio de cuatro personas cometido entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá. La decisión se produjo tras valorar los argumentos y pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación. Arteaga Plazas permanece privado de la libertad por otros procesos judiciales.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el hoy sentenciado integró una red sicarial conocida como ‘Las Especiales’ o ‘Urbanos’, estructura que hizo parte de las Autodefensas Campesinas de Casanare. Este grupo ejecutó homicidios selectivos dentro de un plan criminal dirigido contra supuestos colaboradores de otras organizaciones armadas ilegales y personas señaladas de representar un riesgo para la convivencia en la región.

Las pruebas indican que Arteaga Plazas, haciéndose pasar como vendedor de minutos de celular, participó en los asesinatos de tres hombres y un adolescente. Los crímenes ocurrieron en la vía Tunja–Arcabuco, en el alto de Cucaita entre Tunja y Villa de Leyva, y en el sector Las Gemelas, en la vía Tunja–Paipa. Estos hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad.

La sentencia fue emitida bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000 por el delito de homicidio agravado y ya fue notificada en el centro de reclusión donde alias ‘El Obrero’ permanece privado de la libertad.

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Caen presuntos extorsionistas en Aguazul: exigían $20 millones a su víctima

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Robinson Alexis Triana Rincón, Brayan Stiven Rojas Alfonso y Eider Yesid López Fuentes, señalados de exigir 20 millones de pesos a un ciudadano del municipio de Aguazul.

Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó el delito de extorsión. Según la investigación, desde comienzos de febrero la víctima empezó a recibir llamadas y mensajes en los que le advertían que debía pagar una suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.

Por estos mismos hechos fue judicializado un adolescente de 17 años, a quien un juez le impuso medida de internamiento preventivo en centro especializado, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

La captura de los tres hombres y la aprehensión del menor se produjo en flagrancia durante una entrega controlada del dinero producto de la extorsión, en un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional. En el procedimiento fueron incautados una pistola traumática, una motocicleta, cuatro paquetes de dinero en efectivo, tres celulares y documentos alusivos a un grupo armado ilegal que tendría injerencia en la zona.

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