META
En marcha plan de contingencia por derrame de nafta en vereda de Acacías
En una nueva visita técnica de seguimiento al plan de contingencia para atender la fuga de nafta, que se registró en una línea interna de distribución en la vereda Montebello del municipio de Acacías, Cormacarena junto a representantes de la comunidad, verificaron los avances y el cumplimiento a las exigencias previamente establecidas
En el recorrido por la zona se identificaron varios frentes de trabajo tanto aguas abajo como en el punto de la contingencia, que demuestra la implementación de medidas dirigidas a mitigar los daños ambientales que provocó la fuga de nafta el pasado 28 de agosto cuando se registró la emergencia.
En primera instancia, se logró evidenciar la instalación de barreras oleofílicas y mecánicas que habían sido solicitadas, la implementación de cuadrillas de trabajo enfocadas en la remoción de material vegetal impregnado de la sustancia derramada y otro equipo encargado de adelantar las tareas de encerramiento para evitar el paso de ganado bovino y equino en la zona.
Durante la jornada por el punto conocido como ‘Maná’ en la línea de distribución de Chichimene, desde casa roja hasta el límite con la palmera, se establecieron avances en la limpieza con macrofitas flotantes, así como la respectiva instalación de barreras y un mejoramiento en el estado de los ecosistemas.
Allí mismo, se observó que el laboratorio Daphnia Ltda se encuentra tomando muestras físico-químicas e hidrobiológicas sobre la fuente del caño San Francisco aguas arriba y abajo de la contingencia para obtener precisión de la calidad del recurso hídrico.
No obstante, Cormacarena en coordinación con los habitantes de la zona, continuará haciéndole un riguroso seguimiento a cada una de las exigencias solicitadas a Ecopetrol, debido a esta emergencia que provocó afectaciones al ecosistema.
Fuente: Cormacarena
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
