META
En el Meta joven beneficiario de restitución le apuesta a producir chocolate
El beneficiario de restitución de tierras del Meta Edwin Andrade, de 20 años, es ejemplo de que el complemento generacional es indispensable para garantizar la producción de alimentos y la sostenibilidad económica de las familias que han sido víctimas de la violencia.
Con el acompañamiento de la Unidad de Restitución de tierras este joven productor creó la empresa de comercialización de chocolate de mesa de las marcas Choko Ariari y Chocofrud.
Hace dos años, en El Dorado, Meta y gracias a una sentencia de restitución de tierras, nació este emprendimiento con la siembra de 4 hectáreas de cacao que hoy se convierte en ChoKo Ariari, y Chocofrud, chocolates de mesa en pastilla y en polvo, disponibles en empaques de 250 y 500 gramos, sin conservantes artificiales, de excelente calidad.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, señaló que la entidad la asumió la representación judicial de esta familia y fue así como en 2016 se logró que, el Juzgado Segundo civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, ordenara la devolución del predio; igualmente la funcionaria destacó que este emprendimiento de cacao fue presentado con éxito durante cuatro días en el stand de la Unidad de Restitución de Tierras en la tercera edición de “Chocoshow” que se llevó a cabo del 12 al 15 de noviembre en Corferias en Bogotá.
A su turno Edwin Andrade, beneficiario del proceso y creador de la marca, aseguró que este producto es la muestra del trabajo que realizan las familias en el Ariari y representa una oportunidad económica sostenible para quienes fueron víctimas de la violencia y hoy están nuevamente en sus predios; “Este producto es ejemplo de la persistencia de las familias campesinas de la región del Ariari, que a través del cacao superamos las dificultades del conflicto armado y hoy llevamos aromas y sabores de esperanza a la mesa de las familias colombianas”puntualizó.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
