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En el Meta familia retornó a su predio despojado por alias ‘Don Mario’
Flor Maritza Cruz, y sus hijos no ocultaron su felicidad al retornar a su predio, luego de 16 años del abandono de sus tierras como consecuencia de la violencia paramilitar.
En el año 2002, la familia Sánchez Cruz adquirió 5.700 metros de el predio “La Esmeralda” en el Dorado donde cultivaban mandarina, tangelo, arazá, piñas y plátano; además contaban con un proyecto porcino y la construcción de las bases de una casa.
La tragedia para esta familia comenzó cuando murió Jorge Alfredo Zapata, esposo de Flor Maritza y padre de sus hijos. Días después de este fallecimiento, la viuda fue citada por el paramilitar alias el ‘Meliador’ o Enrique a una reunión, en la que le mostró dos letras de cambio, aparentemente firmadas por el cónyuge y le informó de la existencia de una deuda por intereses a favor de las AUC que, de no ser pagada, llevaría a que atentaran contra su familia y le advirtieron que la obligación debía solucionarse con la entrega de “La Esmeralda”. Días más tarde, alias “Don Mario” le confirmó la amenaza.
Posteriormente la hija menor de doña Flor sufrió un intento de rapto a la salida del colegio, lo que obligó a la familia a oficializar la venta del predio por la suma de $8.000.000, dinero que nunca recibió.
Wilson Leyton, director de la URT en Meta, indicó que el Tribunal declaró a esta familia víctima de la violencia y, por lo tanto, tiene derecho a la restitución y a los demás beneficios contemplados en la reparación integral por parte del Estado, tales como alivio de pasivos, implementación de un proyecto productivo y subsidio de vivienda, entre otros.
Fuente: Unidad Para la restitución de tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
