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En el Meta buscan estrategias para garantizar seguridad de ex combatientes
El asesinato del excombatiente José Berceli Paiva Virguez, alias ‘Maku’, el pasado 18 de febrero en su vivienda en la vereda Alto Cafre de Puerto Concordia, fue el motivo principal del Consejo de Seguridad Extraordinario realizado en la biblioteca de ese municipio, convocado por Carlos Osorio, secretario de Gobierno del Meta.
Jose Berceli era ex combatiente y persona en Proceso de Reintegración (PPR) firmante del acuerdo de paz, acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para La Paz – OACP y pertenecía al ETCR del barrio Colinas en San José del Guaviare. Después de recibir varios impactos de bala fue trasladado al Hospital Regional del Guaviare, donde falleció en horas de la mañana del 19 de febrero.
Este encuentro contó con la participación de Armando Celedón, alcalde municipal; Edgar Antonio Hidalgo, secretario de Gobierno municipal; Ángel Galvis, Comandante de la Policía del Guaviare; Jhorman Saldaña, Defensor del Pueblo, y representantes de la Fiscalía General de la Nación, jurisdicción del Guaviare y Puerto Concordia, la Personería Municipal, Armada Nacional, Policía Nacional, Gaula, entre otras autoridades.
Se tomaron estas medidas que buscan fortalecer la seguridad de los ex combatientes de la zona, para evitar que sean asesinados u obligados a reintegrarse a las filas de las disidencias de las Farc:
1. Se garantizará la seguridad por parte del Ejercito Nacional en los ETCR del sector en coordinación con la Policía Nacional para brindarles acompañamiento a los ex combatientes cuando se vean obligados a desplazarse a otras zonas. De igual forma, brindarles la confianza para que, si son amenazados, den previo aviso a las autoridades.
2. La tropa se compromete a acompañar el levantamiento y a los sitios de los hechos a la Fiscalía, Policía judicial y CTI, puesto que eran los presidentes de las Juntas de Acción Comunal quienes lo estaban realizando sin tener la experticia técnica para levantar el material probatorio.
3. Por solicitud del Alcalde municipal, el Gobierno departamental y la Defensoría del Pueblo se comprometieron a hacer gestión ante el Gobierno nacional para que se cumplan más rápido los compromisos del programa PNIS, los campesinos aseguran que no se les está dando el debido cumpliendo.
Fuente: Gobernación del Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
