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En el Meta buscan estrategias para garantizar seguridad de ex combatientes
El asesinato del excombatiente José Berceli Paiva Virguez, alias ‘Maku’, el pasado 18 de febrero en su vivienda en la vereda Alto Cafre de Puerto Concordia, fue el motivo principal del Consejo de Seguridad Extraordinario realizado en la biblioteca de ese municipio, convocado por Carlos Osorio, secretario de Gobierno del Meta.
Jose Berceli era ex combatiente y persona en Proceso de Reintegración (PPR) firmante del acuerdo de paz, acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para La Paz – OACP y pertenecía al ETCR del barrio Colinas en San José del Guaviare. Después de recibir varios impactos de bala fue trasladado al Hospital Regional del Guaviare, donde falleció en horas de la mañana del 19 de febrero.
Este encuentro contó con la participación de Armando Celedón, alcalde municipal; Edgar Antonio Hidalgo, secretario de Gobierno municipal; Ángel Galvis, Comandante de la Policía del Guaviare; Jhorman Saldaña, Defensor del Pueblo, y representantes de la Fiscalía General de la Nación, jurisdicción del Guaviare y Puerto Concordia, la Personería Municipal, Armada Nacional, Policía Nacional, Gaula, entre otras autoridades.
Se tomaron estas medidas que buscan fortalecer la seguridad de los ex combatientes de la zona, para evitar que sean asesinados u obligados a reintegrarse a las filas de las disidencias de las Farc:
1. Se garantizará la seguridad por parte del Ejercito Nacional en los ETCR del sector en coordinación con la Policía Nacional para brindarles acompañamiento a los ex combatientes cuando se vean obligados a desplazarse a otras zonas. De igual forma, brindarles la confianza para que, si son amenazados, den previo aviso a las autoridades.
2. La tropa se compromete a acompañar el levantamiento y a los sitios de los hechos a la Fiscalía, Policía judicial y CTI, puesto que eran los presidentes de las Juntas de Acción Comunal quienes lo estaban realizando sin tener la experticia técnica para levantar el material probatorio.
3. Por solicitud del Alcalde municipal, el Gobierno departamental y la Defensoría del Pueblo se comprometieron a hacer gestión ante el Gobierno nacional para que se cumplan más rápido los compromisos del programa PNIS, los campesinos aseguran que no se les está dando el debido cumpliendo.
Fuente: Gobernación del Meta
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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