CASANARE
En debate al PAE de Yopal se conoció que contratista no le paga a los proveedores, y otras denuncias
En acalorada sesión de control político en el Concejo de Yopal, se conocieron preocupantes denuncias sobre la ejecución del contrato de restaurantes escolares, cuya inversión asciende a $3.375 millones de pesos.
Ana Delina Torres, una de las concejales citantes, fue enfática en señalar que no es posible que con esa cifra millonaria, no se preste un servicio en óptimas condiciones y con la oportunidad que se requiere, para el beneficio de cerca de 11.000 estudiantes.
“Propuse el debate desde el 5 de noviembre, por las innumerables quejas que la comunidad dio a conocer. Nos llevamos una sorpresa en la sesión porque vemos que el problema es más grande”, señaló la cabildante.
Contratista no paga
Durante el debate se dieron a conocer hechos preocupantes, que reflejan incumplimientos reiterativos del contratista Unión Temporal Alimentando Yopal 2019 con los proveedores.
Diferentes comerciantes que se hicieron presentes en el recinto del Concejo Municipal, señalan que no les han cancelado por los servicios prestados, como el caso de Marcela Pérez, quien señaló que arrendó una bodega por 4 meses y nunca le pagaron un peso. Lo peor de todo, es que nunca le dieron la cara.
Casos similares se observan en manipuladoras de alimentos, transportadores y otros proveedores, quienes afirmaron que han jugado con su patrimonio, porque no les pagan y la persona que funge como vocero de la Unión Temporal, ni contesta el teléfono.
Edwin Ramírez presidente del Concejo de Yopal, sostuvo que este problema se le salió de las manos a la administración, que ya aceptó a través de un comunicado que hay incumplimientos del contratista.
“Es una prestación de servicio que da pena y vergüenza, la responsabilidad de este problema recae sobre la administración, pero ahora debemos ver cómo se busca una alternativa para que paguen el dinero a los proveedores que han sostenido este contrato”, señaló Ramírez.
A su turno, el concejal José Luis Avendaño cuestionó que no se hayan tomado correctivos a tiempo y por eso, hoy los proveedores están presentando sus inconformidades. “¿Qué clase de supervisión es la que se está haciendo. Al alcalde se le entregaron vigencias futuras y no fue capaz de contratar en debida forma”.
El concejal Juan Vicente Nieves, indicó que este es un servicio escencial y la Administración Municipal se rajó. “Le quedó grande y la sensación que se envía es que se improvisa y no se le da la importancia que se requiere”.
“No hubo supervisión”
Carlos Bellon, veedor del PAE en Yopal, indicó en sus denuncias que el contratista traía líchigo de frutas y verdura de lo que sobraba de las plazas de mercado de Duitama y Sogamoso para los restaurantes escolares, y la Secretaría de Educación no hizo la supervisión que debía hacer.
“Niños no recibieron sobras”
A través de un video entregado a los medios de comunicación, el alcalde Leonardo Puentes Vargas desmintió al veedor del PAE respecto de la posible utilización de “sobras” de algunas Plazas de Mercado para la alimentación de los estudiantes, señalando además que más del 60% del valor del contrato aún no se ha desembolsado, con lo que podría cumplirse los compromisos del contratista con proveedores y empleados. No descartó además, posibles sanciones o multas contra el contratista, por el incumplimiento del contrato.
Finalmente, el concejal José Luis Avendaño propuso aplazar la sesión, para que se elabore un listado del dinero que se le adeuda a los proveedores y en el próximo debate, que será el 20 de noviembre, fecha en la que se invitarán a los organismos de control, para que hagan segumiento a la liquidación de este contrato.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
