CASANARE
En Casanare y Meta capturados cuatro integrantes de “Los Puntilleros”
Sijin de la Policía y GAULA Militar, desplegaron una operación que permitió la captura de cuatro personas en diferentes de partes del territorio nacional.
Al mismo tiempo, se desarrolló una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en zona periférica del municipio El Dorado, inspección de San Isidro; allí los uniformados, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación hallaron material de guerra.
El despliegue de esta operación permitió la captura de dos hombres y dos mujeres, en edades entre los 21 y 35 años, las cuales se hicieron efectivas de manera simultánea en la vereda Algarrobo de Orocué (Casanare), Montería en (Córdoba) y Villavicencio capital del Meta.
Están solicitados
Según las autoridades, estas personas se encuentran solicitadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte y/o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.
De acuerdo con las investigaciones contra esta estructura criminal, su actividad delictiva se centraba en los municipios del Alto y Bajo Ariari. Su financiación se soporta en la exigencia indiscriminada de extorsiones mediante amenazas a comerciantes, ganaderos, empresarios, agricultores y pequeños productores de esta región.
Debían homicidios
Sumado a ello, se estableció que se encuentran vinculados con el homicidio de los señores Eduardo Saavedra Galindo, que era conocido como ‘El Odontólogo’ y Wilson Arturo Saray, quien fungía como abogado litigante y apoderado de Eduardo Saavedra, en hechos registrados en el mes de julio de 2019, en la capital del Ariari.
Asimismo, del homicidio del señor Víctor Alexander Baquero, quien era conocido como ‘Pulga’, en hechos ocurridos en el mes de septiembre de ese mismo año, en el sector conocido como Bomba Pavitos. Según información recolectada del hecho, estos tienen relación y fueron causados por ajuste de cuentas de la misma organización criminal por expropiación de tierras.
Los capturados y elementos materiales probatorio incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 110° Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales – DECOC de la ciudad de Villavicencio, donde deberán responder por los delitos que se les señala.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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