CASANARE
En Casanare hay 27 casos de denuncias contra docentes por presunta violencia sexual
Por convocatoria de la Secretaría de Educación Departamental, en cabeza de Sandra Patricia Rincón Serrano, y siguiendo directrices del Gobernador Josué Alirio Barrera Rodríguez, se realizó una reunión con presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Fiscalía General de la Nación, Secretaría de Educación y Control Interno Disciplinario, para analizar la problemática que se registra en el Departamento por denuncias de violencia sexual por parte de algunos docentes.
Yenny Rincón, directora seccional del ICBF, destacó la convocatoria realizada por la Secretaría de Educación para analizar esta situación, toda vez que permitió conocer qué acciones ha adelantado cada una de estas Instituciones desde su competencia, para avanzar en la solución de esta problemática propendiendo por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Se evidenció que desde cada una de las Instituciones se están adelantando acciones, aunque falta personal para evacuar la gran cantidad de casos que se tienen registrados, 27 en total, en municipios como Monterrey, Paz de Ariporo y especialmente en Aguazul, donde se presentan 8 de estos casos.
Al término de la reunión se ratificó el compromiso por parte de la Dirección Seccional de Fiscalías, para revisar cómo va la investigación de cada una de las denuncias que se han presentado por parte de la comunidad educativa, y buscar que en cada uno de estos casos se tengan resultados certeros prontamente.
Control Interno Disciplinario señaló que debe esperar los resultados, dentro del debido proceso que adelanta la Fiscalía en cada uno de estos casos, para proceder disciplinariamente con los docentes, en caso de ser hallados culpables de la situación que se les endilga.
Sandra Patricia Rincón Serrano, Secretaria de Educación Departamental, indicó al igual que la Directora Seccional del ICBF, que al respecto se han realizado varias reuniones interinstitucionales para buscar soluciones a esta preocupante situación, y se anunció que para el próximo 26 de octubre se realizará una reunión con Rectores y Coordinadores Académicos, para concientizarlos del deber que tienen de denunciar cualquier situación de este tipo, pero también de la protección que deben ejercer sobre los niños, niñas y adolescentes. A esta reunión asistirán además Comisarios de Familia y la Fiscalía General de la Nación.
Fuente; Prensa Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
