CASANARE
Empresarios en Villanueva perjudicados por demoras en pago de contratista de la Gobernación
Un enorme perjuicio económico padecen desde hace cerca de 2 años cinco empresas de transporte y una Estación de Servicio en el municipio de Villanueva, a quienes un Consorcio que construyó el tramo de la “Central del Llano” entre ese municipio y Tauramena, les adeduda más de $800 millones de pesos.
Los desesperados microempresarios ya no saben qué más hacer para obtener el pago de sus acreencias, por cuanto el Consorcio les ha venido dilatando la cancelación de los servicios prestados durante los meses de julio y agosto de 2017 para el transporte de material pétreo y suministro de combustible.
Por diferentes circunstancias, especialmente de entrega de documentos, el Consorcio no ha liquidado el Contrato con la Gobernación de Casanare, cuyo valor es superior a los $67 mil millones de pesos y el tiempo de ejecución era de 12 meses, lo cual perjudica notablemente a estas empresas en su parte financiera. Aunque según los microempresarios, ya es poco el saldo que les adeuda la Administración Departamental. “Escasamente queda lo de nosotros pero ahora falta que ellos compren una póliza que cuesta más de $100 millones”, dijo uno de los afectados.
El Consorcio le adeuda a las Empresas, y estas a su vez a los propietarios de volquetas, por lo que la situación es muy preocupante porque son varias familias quienes dependen de estos recursos para su subsistencia.
Explicaron los afectados, que el Consorcio les hizo cesión de derechos ante la Gobernación de Casanare para el pago de sus acreencias, pero como el Contrato no se ha podido liquidar elos siguen a la espera de sus recursos. La obra ya se culminó y está al servicio de la comunidad, pero las empresas que prestaron sus servicios aun no reciben sus pagos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA CasanareE
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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