Fernando Salgado Guevara fue enviado a la cárcel por disposición del juez primero promiscuo con funciones de control de garantías del municipio de Aguazul, por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo, el cual habría consumado en ese mismo municipio contra una niña de 10 años.

Las investigaciones indican que dichos comportamientos hacia su víctima se vendrían presentando desde el pasado mes de mayo, cuando al parecer el hoy procesado, conocido de la familia, aprovechaba la ausencia de la madre de la menor para someter a la niña a los vejámenes. Se presume que el último episodio se registró el 3 de agosto reciente en la residencia de la víctima.

El presunto agresor fue capturado por la Policía Nacional, bajo la coordinación de una fiscalía del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas), este 21 de septiembre en la vía que de la vereda Únete conduce a la vereda San Ignacio, zona rural de Aguazul.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

En la carrera 28 con calle 18 de la ciudad de Yopal, la SIJIN de la Policía Nacional adelantó una diligencia de allanamiento a una vivienda, donde se desarrollaban actividades ilícitas.

Según las autoridades, en el operativo fueron capturadas dos personas, quienes se dedicaban a la comercialización de bazuco, marihuana y clorhidrato de cocaína.

Durante el operativo fueron halladas más de 300 dosis de bazuco, 500 gramos de marihuana tipo cripy y 250 gramos de clorhidrato de cocaína, además de un arma traumática y demás elementos para dosificación de estupefacientes.

La Seccional de Investigación Criminal adscrita al Departamento de Policía Casanare ha desarrollado este año 22 diligencias de registro y allanamiento en el departamento, de los cuales 8 se han ejecutado en la ciudad de Yopal, con 11 personas capturadas.

Fuente: Policía Casanare

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los exalcaldes de Chámeza, Casanare, Jorge Iván Martínez Roldán (2012-2015) y Bernardo Pérez Fonseca (2016-2019), por posible omisión en el ejercicio de sus funciones.

Los exmandatarios habrían incurrido en falta disciplinaria al no incluir en el presupuesto municipal las apropiaciones necesarias y suficientes para pagar las  sentencias condenatorias proferidas contra el municipio, en primera y segunda instancia, durante los años 1998 y 2012, respectivamente, por el incumplimiento parcial de un contrato de obra pública.

Tras el incumplimiento de esta obligación, el 3 de marzo de 2020 el Tribunal Administrativo de Casanare modificó la actualización del crédito presentado por el demandante, estableciendo como pago la suma de $887.554.523,46.

Señala el Ministerio Público que la omisión de los ex servidores públicos constituye “una grave afectación al erario municipal de los años subsiguientes por el inevitable incremento de la obligación, en razón a los intereses moratorios qué día a día se van generando”.

Las conductas objeto de investigación disciplinaria fueron calificadas provisionalmente por la Procuraduría como falta gravísima a título de dolo.

Fuente: Procuraduría General de la Nación