En el municipio de Aguazul se llevó a cabo una nueva reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación activa de la comunidad, gremios del gas, Ecopetrol y líderes regionales, Comité Cívico pro Tarifas del Gas, en busca de soluciones urgentes frente al desabastecimiento de gas natural en los departamentos de Casanare y Meta.

El alcalde de Aguazul, Nelson Camacho, junto a los mandatarios Marco Tulio Ruiz (Yopal), Ediver Vázquez (San Luis de Palenque), Damaris Abril (Trinidad), el Delegado del Gobernador, Casanare César Zorro, el secretario de Gobierno Julio Ramos y la Gerente de Enerca Nubia Castro alzaron la voz en defensa de las comunidades del Llano, exigiendo que se garantice el suministro de gas natural hasta el año 2028.

La preocupación se intensificó tras el anuncio de la empresa Perenco sobre la posible falta de molécula para continuar el suministro, lo que pondría en riesgo el servicio residencial en varios municipios de la región.

No vino la CREG

Aunque se contó con la presencia de un delegado del Ministerio de Minas y Energía, los organizadores lamentaron la ausencia de representantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y de otras entidades del orden nacional que habían confirmado su asistencia. “No se cumplió el compromiso como se había hablado”, expresaron.

El 12 de noviembre se realizará una nueva mesa técnica, en la que se espera avanzar hacia soluciones concretas que eviten una crisis energética de gran escala.

Durante el encuentro, se evidenció el riesgo que enfrentan miles de familias en seis municipios casanareños —Aguazul, Yopal, Maní, Trinidad, San Luis de Palenque y Orocué— que podrían quedar sin gas natural residencial si no se concreta la venta de molécula por parte de Ecopetrol.

Las autoridades locales y la comunidad reiteraron su llamado urgente al Gobierno Nacional, a las empresas del sector y a las entidades reguladoras para que actúen con responsabilidad y compromiso frente a esta situación crítica que amenaza el bienestar de miles de hogares y el desarrollo regional.

Con el propósito de avanzar en la recuperación y cuidado del Parque La Iguana en Yopal, se llevó a cabo una jornada de diagnóstico en la que se identificaron los puntos críticos y las acciones prioritarias para su mantenimiento y preservación ambiental.

Durante la actividad se realizó un recorrido por todo el parque, lo que permitió analizar de manera detallada su estado actual, establecer futuras estrategias de intervención y definir los responsables de cada uno de los sectores que requieren atención.

Como parte del proceso, se acordó la realización de futuras reuniones y mesas de trabajo con entidades públicas y privadas que se vincularán en la protección, recuperación y mantenimiento del parque, fortaleciendo la articulación institucional y comunitaria en torno a este ecosistema.

El diagnóstico contó con la participación del concejal Gonzalo Vianchá, junto a funcionarios y guardaparques de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.

La Administración Municipal continúa fortaleciendo el trabajo por la conservación del Parque La Iguana, mediante acciones permanentes de limpieza, monitoreo, restauración ecológica y educación ambiental, lideradas por los guardaparques.

Estas labores buscan preservar este espacio como un símbolo de biodiversidad, equilibrio ambiental y orgullo para todos los yopaleños.

En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de la Acción Popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante Tovar y declaró que el Municipio de Yopal y la Asociación de Municipios ASOSUPRO vulneraron el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al omitir el cobro de las estampillas municipales en los contratos celebrados dentro del Convenio Marco de Cooperación 1001.84.1668 de 2022.

Según el fallo, ASOSUPRO ejecutó diversos proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías sin efectuar el recaudo de contribuciones como la estampilla Procultura, Pro Adulto Mayor, Pro Deporte y Fondo de Seguridad. Esta omisión, advirtió el Tribunal, generó un detrimento a los programas sociales que dependen de dichos recursos y evidenció un uso inadecuado de la figura de los convenios interadministrativos.

El Tribunal ordenó a la Alcaldía de Yopal iniciar un proceso de fiscalización, determinación y cobro de las estampillas en cada uno de los contratos celebrados por ASOSUPRO, suspendiendo temporalmente los términos de prescripción mientras se ejecuta la sentencia. Además, el municipio deberá elaborar en un plazo de cuatro meses un informe detallado sobre los tributos recaudados y pendientes.

Se conformó un comité de verificación integrado por el magistrado ponente, el concejal accionante, el alcalde de Yopal, el secretario de Hacienda, el representante de ASOSUPRO, un delegado del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio Público, para garantizar el cumplimiento del fallo que busca restablecer los recursos públicos destinados a la cultura, el deporte y los adultos mayores del municipio.

El cabildante calificó el fallo como histórico, en defensa del patrimonio público de Yopal. Se estima que el municipio dejó de percibir más de $7.000 millones, recursos que debieron destinarse a programas sociales, Adulto mayor, cultura, deporte y seguridad ciudadana.