META
El Meta se alista para implementar ley que reformó el Sistema General de Regalías
El Departamento Administrativo de Planeación del Meta trabaja en el alistamiento para la aplicación de la Ley 2056 de 2020, que reforma el Sistema General de Regalías (SGR), así como del Decreto Reglamentario 1821 de 2020, que regula la organización y el funcionamiento del sistema.
Dayineth Duarte, directora de Planeación, explicó que los gobernadores y alcaldes, según el artículo 30 de la norma, cuentan con seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley (primero de enero) para que por única vez, mediante Decreto, anexen a los planes de desarrollo un capítulo independiente denominado “Inversión con cargo al SGR”, donde se incorporan las iniciativas y proyectos a priorizar.
Agregó que este ejercicio de planeación se realizará a partir de mesas públicas de participación ciudadana, lideradas por los mandatarios departamentales y locales, teniendo en cuenta las metas establecidas en los respectivos planes de desarrollo territoriales.
En ellas tendrán participación las asambleas departamentales, las organizaciones de acción comunal y sociales, los principales sectores económicos, los municipios, representantes a la Cámara y Senadores que hayan sacado el 40% de la votación en el territorio, los esquemas asociativos y las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación.
En la actualidad el equipo está en la fase de diagnóstico, que contempla la revisión del Plan de Desarrollo departamental, definición de iniciativas, la estrategia de mesas y la identificación de actores. Próximamente se dará a conocer el cronograma de las jornadas de concertación.
De conformidad con el Decreto Reglamentario 1821 de 2020, los gobernadores, durante los dos primeros meses del 2021, deben concertar en mesas técnicas los proyectos e inversiones a ser financiados con saldos de vigencias anteriores del Fondo de Compensación Regional (60%) y del Fondo de Desarrollo Regional que no estén respaldando algún proyecto. Estas mesas deben estar conformadas por cinco municipios (tres con mayor población y dos elegidos por ellos mismos).
Dayineth Duarte sostuvo que están a la espera del acuerdo de la Comisión Rectora para aclarar algunas de las inquietudes de las entidades. Agregó que se avanza en el fortalecimiento del equipo técnico, en tanto en el marco de la reforma fueron eliminadas las Secretarías Técnicas departamentales y consecuentemente los recursos para su funcionamiento. Según lo contemplado por la reforma, se pasará de tener 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión a sólo ocho: seis regionales, uno de Ciencia y Tecnología y uno de Paz.
Recordó que de los 170 municipios del país que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Meta cuenta con ocho en su territorio: La Macarena, Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia y Mapiripán, con los que se debe generar una mayor articulación para fortalecer la formulación de proyectos buscando que lo que se priorice tenga mayor impacto. Este ejercicio debe atender las ocho líneas estratégicas de los PDET.
Durante su presentación ante la Asamblea departamental del Meta, la Directora tuvo la oportunidad de presentar los más recientes resultados del Índice de Gestión de Proyectos del departamento del Meta, con corte a septiembre de 2020, en los que se obtuvo una calificación de 75.63 frente a un promedio nacional de 49.28.
Lo anterior significa un importante avance, tal y como lo resaltó el director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, quien destacó el esfuerzo de las entidades ejecutoras del Gobierno al “Servicio de la Gente” por mejorar este índice, que refleja, entre otras cosas, el trabajo riguroso adelantado en tareas como la subsanación de alertas y el levantamiento de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias.
Fuente: Gobernación del Meta
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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