META
El Meta se alista para implementar ley que reformó el Sistema General de Regalías
El Departamento Administrativo de Planeación del Meta trabaja en el alistamiento para la aplicación de la Ley 2056 de 2020, que reforma el Sistema General de Regalías (SGR), así como del Decreto Reglamentario 1821 de 2020, que regula la organización y el funcionamiento del sistema.
Dayineth Duarte, directora de Planeación, explicó que los gobernadores y alcaldes, según el artículo 30 de la norma, cuentan con seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley (primero de enero) para que por única vez, mediante Decreto, anexen a los planes de desarrollo un capítulo independiente denominado “Inversión con cargo al SGR”, donde se incorporan las iniciativas y proyectos a priorizar.
Agregó que este ejercicio de planeación se realizará a partir de mesas públicas de participación ciudadana, lideradas por los mandatarios departamentales y locales, teniendo en cuenta las metas establecidas en los respectivos planes de desarrollo territoriales.
En ellas tendrán participación las asambleas departamentales, las organizaciones de acción comunal y sociales, los principales sectores económicos, los municipios, representantes a la Cámara y Senadores que hayan sacado el 40% de la votación en el territorio, los esquemas asociativos y las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación.
En la actualidad el equipo está en la fase de diagnóstico, que contempla la revisión del Plan de Desarrollo departamental, definición de iniciativas, la estrategia de mesas y la identificación de actores. Próximamente se dará a conocer el cronograma de las jornadas de concertación.
De conformidad con el Decreto Reglamentario 1821 de 2020, los gobernadores, durante los dos primeros meses del 2021, deben concertar en mesas técnicas los proyectos e inversiones a ser financiados con saldos de vigencias anteriores del Fondo de Compensación Regional (60%) y del Fondo de Desarrollo Regional que no estén respaldando algún proyecto. Estas mesas deben estar conformadas por cinco municipios (tres con mayor población y dos elegidos por ellos mismos).
Dayineth Duarte sostuvo que están a la espera del acuerdo de la Comisión Rectora para aclarar algunas de las inquietudes de las entidades. Agregó que se avanza en el fortalecimiento del equipo técnico, en tanto en el marco de la reforma fueron eliminadas las Secretarías Técnicas departamentales y consecuentemente los recursos para su funcionamiento. Según lo contemplado por la reforma, se pasará de tener 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión a sólo ocho: seis regionales, uno de Ciencia y Tecnología y uno de Paz.
Recordó que de los 170 municipios del país que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Meta cuenta con ocho en su territorio: La Macarena, Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia y Mapiripán, con los que se debe generar una mayor articulación para fortalecer la formulación de proyectos buscando que lo que se priorice tenga mayor impacto. Este ejercicio debe atender las ocho líneas estratégicas de los PDET.
Durante su presentación ante la Asamblea departamental del Meta, la Directora tuvo la oportunidad de presentar los más recientes resultados del Índice de Gestión de Proyectos del departamento del Meta, con corte a septiembre de 2020, en los que se obtuvo una calificación de 75.63 frente a un promedio nacional de 49.28.
Lo anterior significa un importante avance, tal y como lo resaltó el director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, quien destacó el esfuerzo de las entidades ejecutoras del Gobierno al “Servicio de la Gente” por mejorar este índice, que refleja, entre otras cosas, el trabajo riguroso adelantado en tareas como la subsanación de alertas y el levantamiento de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias.
Fuente: Gobernación del Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
