CASANARE
El caso de los “Falsos Positivos” en Casanare y la búsqueda de Justicia en la JEP
El departamento de Casanare fue escenario de una de las tragedias más desgarradoras del conflicto armado colombiano: los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate.
Entre 2005 y 2008, el Ejército Nacional cometió estos crímenes con el objetivo de mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales, logrando ascensos y beneficios dentro de la institución. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la imputación de responsabilidades, revelando la magnitud de estos crímenes en el oriente colombiano.
En Casanare, según los informes de la JEP, se registraron más de 300 casos de falsos positivos, donde campesinos, jóvenes desempleados y personas en situación de vulnerabilidad fueron víctimas. Fueron engañados con falsas promesas de trabajo, llevados a zonas rurales y luego asesinados, para ser presentados como bajas en combate. Esta región se convirtió en uno de los epicentros de esta práctica, con el Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez” como uno de los principales involucrados.
El horror de los falsos positivos comenzó a salir a la luz cuando familiares de las víctimas empezaron a denunciar la desaparición de sus seres queridos, desconociendo que habían sido presentados como guerrilleros. A medida que las investigaciones avanzaron, se reveló que estos crímenes no eran casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática que involucraba a altos mandos del Ejército. La Fiscalía General de la Nación, junto con las organizaciones de Derechos Humanos, documentaron decenas de testimonios que apuntaban a un patrón claro de violaciones de derechos humanos.
En 2021, la JEP abrió el Caso 03
Las audiencias ante la JEP han sido clave para que los militares implicados reconozcan su responsabilidad. Uno de los aspectos más relevantes es que algunos de los acusados han aceptado su participación y han ofrecido detalles sobre cómo funcionaba la estructura criminal dentro del Ejército. Esto no solo ha permitido reconstruir la verdad de lo sucedido, sino también identificar a los máximos responsables y ofrecer medidas de reparación a las familias de las víctimas.
Sin embargo, el proceso de justicia es complejo. A pesar de los avances, muchas víctimas aún esperan la verdad completa y justicia plena. Para los familiares, el reconocimiento de los crímenes es un paso importante, pero no suficiente. Exigen que los autores intelectuales y los que se benefician de confesar estos crímenes enfrenten las máximas sanciones dentro del sistema de justicia transicional.
La JEP ha señalado que el próximo paso en este caso será la definición de las sanciones para los responsables. Los implicados que hayan reconocido su culpa podrían recibir sanciones restaurativas, como el compromiso de trabajar en proyectos comunitarios y de reparación simbólica. En contraste, aquellos que no admiten su responsabilidad enfrentarán penas más severas, que incluyen cárcel.
El caso de los falsos positivos en Casanare es uno de los más dolorosos en la historia reciente de Colombia. A medida que la JEP avanza en la imputación de responsabilidades y la búsqueda de justicia, las familias de las víctimas mantienen la esperanza de que, finalmente, se haga justicia para los más de 300 inocentes que fueron asesinados y cuyos nombres deben ser registrados como víctimas de un conflicto que les arrebató la vida sin justificación.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Tribunal ordena a la Alcaldía de Yopal cobrar estampillas omitidas en convenios con ASOSUPRO
En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de la Acción Popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante Tovar y declaró que el Municipio de Yopal y la Asociación de Municipios ASOSUPRO vulneraron el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al omitir el cobro de las estampillas municipales en los contratos celebrados dentro del Convenio Marco de Cooperación 1001.84.1668 de 2022.
Según el fallo, ASOSUPRO ejecutó diversos proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías sin efectuar el recaudo de contribuciones como la estampilla Procultura, Pro Adulto Mayor, Pro Deporte y Fondo de Seguridad. Esta omisión, advirtió el Tribunal, generó un detrimento a los programas sociales que dependen de dichos recursos y evidenció un uso inadecuado de la figura de los convenios interadministrativos.
El Tribunal ordenó a la Alcaldía de Yopal iniciar un proceso de fiscalización, determinación y cobro de las estampillas en cada uno de los contratos celebrados por ASOSUPRO, suspendiendo temporalmente los términos de prescripción mientras se ejecuta la sentencia. Además, el municipio deberá elaborar en un plazo de cuatro meses un informe detallado sobre los tributos recaudados y pendientes.
Se conformó un comité de verificación integrado por el magistrado ponente, el concejal accionante, el alcalde de Yopal, el secretario de Hacienda, el representante de ASOSUPRO, un delegado del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio Público, para garantizar el cumplimiento del fallo que busca restablecer los recursos públicos destinados a la cultura, el deporte y los adultos mayores del municipio.
El cabildante calificó el fallo como histórico, en defensa del patrimonio público de Yopal. Se estima que el municipio dejó de percibir más de $7.000 millones, recursos que debieron destinarse a programas sociales, Adulto mayor, cultura, deporte y seguridad ciudadana.
CASANARE
Senador Alirio Barrera denuncia que grupos políticos “lo quieren encochinar” a el y su familia
El senador Alirio Barrera denunció públicamente lo que calificó como una “persecución política y judicial” en su contra y la de su familia, que —según él— busca “encochinar su nombre” y afectar su imagen en medio de la coyuntura electoral en Casanare. Barrera aseguró que detrás de estos hechos estarían algunos funcionarios de organismos como la SIJIN y el CTI, presuntamente al servicio de intereses políticos de sectores contrarios.
El congresista recordó que hace tres años su yerno fue capturado de manera irregular, en un hecho que calificó como un “espectáculo mediático”, pues horas después fue dejado en libertad al comprobarse que se trató de un error. “Lo hicieron ver como un delincuente, le destruyeron la vida y luego simplemente dijeron que había sido un error”, expresó Barrera, quien afirmó que el proceso fue archivado por la Fiscalía en Bogotá.
Según el senador, la semana anterior se repitió una situación similar cuando su yerno fue nuevamente detenido en un centro comercial de Yopal sin orden judicial ni denuncia en su contra. “Lo capturaron delante de su esposa, su hija y sus hermanos, sin ninguna orden de captura o conducción, para después decir otra vez que se trató de una confusión. Eso es inaceptable”, señaló, advirtiendo que el procedimiento fue irregular y que incluso ingresaron a una propiedad privada como es el Centro Comercial sin autorización.
Barrera aseguró que estos hechos no son aislados, sino parte de una estrategia política para desprestigiar a su familia. “Nos tienen vigilados, nos siguen con drones que llegan a la casa, nos interceptan los teléfonos y nos infiltran con personal de seguridad. Es una persecución sistemática”, afirmó, señalando que algunos funcionarios estarían actuando bajo órdenes de sectores políticos que buscan afectar las aspiraciones suyas y de su esposa, Marisela Duarte, en el escenario regional.
El senador anunció que presentará las pruebas recolectadas ante el Congreso de la República y en instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, pedirá la intervención de la Dirección Nacional de Fiscalías y de la Policía Nacional para investigar lo que considera un abuso de poder y una violación a los derechos fundamentales de su familia.
“Respeto a las instituciones, pero hay funcionarios que se están prestando para hacer favores políticos. Ya lo hicieron antes de unas elecciones y ahora lo vuelven a hacer. No pueden seguir usando la justicia para ganar campañas”, puntualizó el senador Barrera, quien pidió garantías para ejercer su actividad política sin persecuciones ni hostigamientos.
CASANARE
Gestión de Zorro y Archila logró $40 mil millones para que “despegue” el Aeropuerto El Alcaraván
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció una inversión de $40.000 millones para fortalecer la infraestructura aérea del departamento, tras una reunión con el director de la Aeronáutica Civil, brigadier general (r) José Henry Pinto, el representante a la Cámara Hugo Archila y el secretario de Desarrollo Económico de Yopal, Rodrigo Chaparro.
Del total de los recursos, $18.000 millones se destinarán al proceso de internacionalización del aeropuerto El Alcaraván de Yopal, que contempla estudios y diseños del terminal de carga, construcción de su infraestructura, rehabilitación de la pista y adquisición de terrenos para su ampliación.
El convenio interadministrativo entre el departamento de Casanare, la Alcaldía de Yopal, la RAP Llanos y la Aeronáutica Civil será firmado este viernes 7 de noviembre, consolidando un avance determinante en la modernización del principal aeropuerto de la región Orinoquia.
