CASANARE
El caso de los “Falsos Positivos” en Casanare y la búsqueda de Justicia en la JEP
El departamento de Casanare fue escenario de una de las tragedias más desgarradoras del conflicto armado colombiano: los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate.
Entre 2005 y 2008, el Ejército Nacional cometió estos crímenes con el objetivo de mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales, logrando ascensos y beneficios dentro de la institución. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la imputación de responsabilidades, revelando la magnitud de estos crímenes en el oriente colombiano.
En Casanare, según los informes de la JEP, se registraron más de 300 casos de falsos positivos, donde campesinos, jóvenes desempleados y personas en situación de vulnerabilidad fueron víctimas. Fueron engañados con falsas promesas de trabajo, llevados a zonas rurales y luego asesinados, para ser presentados como bajas en combate. Esta región se convirtió en uno de los epicentros de esta práctica, con el Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez” como uno de los principales involucrados.
El horror de los falsos positivos comenzó a salir a la luz cuando familiares de las víctimas empezaron a denunciar la desaparición de sus seres queridos, desconociendo que habían sido presentados como guerrilleros. A medida que las investigaciones avanzaron, se reveló que estos crímenes no eran casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática que involucraba a altos mandos del Ejército. La Fiscalía General de la Nación, junto con las organizaciones de Derechos Humanos, documentaron decenas de testimonios que apuntaban a un patrón claro de violaciones de derechos humanos.
En 2021, la JEP abrió el Caso 03
Las audiencias ante la JEP han sido clave para que los militares implicados reconozcan su responsabilidad. Uno de los aspectos más relevantes es que algunos de los acusados han aceptado su participación y han ofrecido detalles sobre cómo funcionaba la estructura criminal dentro del Ejército. Esto no solo ha permitido reconstruir la verdad de lo sucedido, sino también identificar a los máximos responsables y ofrecer medidas de reparación a las familias de las víctimas.
Sin embargo, el proceso de justicia es complejo. A pesar de los avances, muchas víctimas aún esperan la verdad completa y justicia plena. Para los familiares, el reconocimiento de los crímenes es un paso importante, pero no suficiente. Exigen que los autores intelectuales y los que se benefician de confesar estos crímenes enfrenten las máximas sanciones dentro del sistema de justicia transicional.
La JEP ha señalado que el próximo paso en este caso será la definición de las sanciones para los responsables. Los implicados que hayan reconocido su culpa podrían recibir sanciones restaurativas, como el compromiso de trabajar en proyectos comunitarios y de reparación simbólica. En contraste, aquellos que no admiten su responsabilidad enfrentarán penas más severas, que incluyen cárcel.
El caso de los falsos positivos en Casanare es uno de los más dolorosos en la historia reciente de Colombia. A medida que la JEP avanza en la imputación de responsabilidades y la búsqueda de justicia, las familias de las víctimas mantienen la esperanza de que, finalmente, se haga justicia para los más de 300 inocentes que fueron asesinados y cuyos nombres deben ser registrados como víctimas de un conflicto que les arrebató la vida sin justificación.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Violento asalto a una finca de El Morro en Yopal deja una persona muerta y otra herida
CASANARE
En funcionamiento el Puesto de Atención Primaria en Salud de Tacarimena en Yopal
La Alcaldía de Yopal y la ESE Salud Yopal entregaron oficialmente el Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) en el corregimiento de Tacarimena. Esta acción marca el cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo, que preveía la habilitación de cuatro infraestructuras de salud en el sector rural durante el actual cuatrienio.
El PAPS, que estuvo sin intervención por más de 20 años, fue sometido a una adecuación integral. Las mejoras incluyeron reparaciones estructurales, mantenimiento de cubiertas, reemplazo de puertas y ventanas, así como la actualización de los sistemas eléctrico e hidrosanitario, lo que permitió su reapertura para la prestación de servicios esenciales.
Con la puesta en marcha de este puesto de salud, aproximadamente 400 habitantes del centro poblado y de ocho veredas aledañas tendrán acceso a servicios de atención médica, odontológica y de enfermería directamente en su territorio. Además, se programarán brigadas con especialistas, lo que reducirá significativamente los desplazamientos al casco urbano y aliviará la carga de los servicios de mayor complejidad.
Durante la ceremonia de entrega, se anunció que la ESE Salud Yopal ha obtenido la acreditación en salud, posicionándose en el puesto 65 entre más de 7.000 entidades de este tipo a nivel nacional, según el sistema de evaluación. Este reconocimiento subraya el compromiso de la entidad con los estándares de calidad en la prestación de sus servicios.
El PAPS de Tacarimena es la cuarta infraestructura rural habilitada, sumándose a las ya existentes en La Chaparrera, Quebradaseca y El Morro. La administración municipal tiene previsto llevar a cabo nuevas intervenciones en Punto Nuevo y construir nuevos puestos de salud en El Taladro y Mata de Limón, como parte de su estrategia para fortalecer la red pública de salud en las zonas rurales.


