CASANARE
El caso de los “Falsos Positivos” en Casanare y la búsqueda de Justicia en la JEP
El departamento de Casanare fue escenario de una de las tragedias más desgarradoras del conflicto armado colombiano: los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate.
Entre 2005 y 2008, el Ejército Nacional cometió estos crímenes con el objetivo de mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales, logrando ascensos y beneficios dentro de la institución. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la imputación de responsabilidades, revelando la magnitud de estos crímenes en el oriente colombiano.
En Casanare, según los informes de la JEP, se registraron más de 300 casos de falsos positivos, donde campesinos, jóvenes desempleados y personas en situación de vulnerabilidad fueron víctimas. Fueron engañados con falsas promesas de trabajo, llevados a zonas rurales y luego asesinados, para ser presentados como bajas en combate. Esta región se convirtió en uno de los epicentros de esta práctica, con el Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez” como uno de los principales involucrados.
El horror de los falsos positivos comenzó a salir a la luz cuando familiares de las víctimas empezaron a denunciar la desaparición de sus seres queridos, desconociendo que habían sido presentados como guerrilleros. A medida que las investigaciones avanzaron, se reveló que estos crímenes no eran casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática que involucraba a altos mandos del Ejército. La Fiscalía General de la Nación, junto con las organizaciones de Derechos Humanos, documentaron decenas de testimonios que apuntaban a un patrón claro de violaciones de derechos humanos.
En 2021, la JEP abrió el Caso 03
Las audiencias ante la JEP han sido clave para que los militares implicados reconozcan su responsabilidad. Uno de los aspectos más relevantes es que algunos de los acusados han aceptado su participación y han ofrecido detalles sobre cómo funcionaba la estructura criminal dentro del Ejército. Esto no solo ha permitido reconstruir la verdad de lo sucedido, sino también identificar a los máximos responsables y ofrecer medidas de reparación a las familias de las víctimas.
Sin embargo, el proceso de justicia es complejo. A pesar de los avances, muchas víctimas aún esperan la verdad completa y justicia plena. Para los familiares, el reconocimiento de los crímenes es un paso importante, pero no suficiente. Exigen que los autores intelectuales y los que se benefician de confesar estos crímenes enfrenten las máximas sanciones dentro del sistema de justicia transicional.
La JEP ha señalado que el próximo paso en este caso será la definición de las sanciones para los responsables. Los implicados que hayan reconocido su culpa podrían recibir sanciones restaurativas, como el compromiso de trabajar en proyectos comunitarios y de reparación simbólica. En contraste, aquellos que no admiten su responsabilidad enfrentarán penas más severas, que incluyen cárcel.
El caso de los falsos positivos en Casanare es uno de los más dolorosos en la historia reciente de Colombia. A medida que la JEP avanza en la imputación de responsabilidades y la búsqueda de justicia, las familias de las víctimas mantienen la esperanza de que, finalmente, se haga justicia para los más de 300 inocentes que fueron asesinados y cuyos nombres deben ser registrados como víctimas de un conflicto que les arrebató la vida sin justificación.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Vigilancia en colegios de Yopal asegurada hasta diciembre de 2026, solo en horario nocturno
La Secretaría de Educación de Yopal informa que el servicio de vigilancia en las instituciones educativas oficiales del municipio está garantizado hasta el 31 de diciembre de 2026. La prestación se realizará en turnos de 12 horas, conforme a la disponibilidad presupuestal vigente.
Esta situación obedece al incremento del 23 % del salario mínimo legal vigente para 2026 y al ajuste en las tarifas del servicio establecido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, factores que impactaron directamente los costos inicialmente proyectados para la contratación del servicio.
Desde la planeación en 2025, se proyectó el servicio en turnos de 12, 16 y 24 horas. Sin embargo, los recientes incrementos solo permitían garantizar la prestación hasta agosto de 2026, lo que representaba un déficit de cobertura por más de tres meses.
Para asegurar la cobertura total del año, se realizó un ajuste en los servicios contratados, pasando de turnos de 16 y 24 horas a turnos de 12 horas únicamente para todas las sedes. Esta medida busca minimizar el riesgo de dejar las instituciones sin vigilancia durante el periodo restante.
La decisión de establecer el servicio de 12 horas en horarios nocturnos como medida preventiva se basa en las novedades y situaciones presentadas en años anteriores. La gran mayoría de los hurtos se han registrado en horas de la noche, donde la ausencia de personal y la complejidad de atención son mayores.
Este ajuste fue socializado con los rectores de las instituciones educativas el pasado 15 de enero. La Secretaría de Educación Municipal indicó que esta decisión busca actuar con responsabilidad financiera y garantizar la continuidad del servicio durante todo el año, evaluando cualquier situación particular con las directivas de cada plantel.
Recientemente directivos y docentes de la Institución Educativa Salvador Camacho Roldán se quejaron de la falta de vigilantes en horas diurnas, lo que les ha traído problemas con el control de los estudiantes, señalando incluso que uno de los menores se salió de la institución y cruzó la Marginal de la Selva solo, por fortuna no se presentaron accidentes ni hechos que lamentar.
CASANARE
Superintendencia de Notariado inicia averiguación por inconsistencias catastrales en Yopal
La Superintendencia de Notariado y Registro inició una averiguación preliminar contra el municipio de Sabanalarga (Atlántico), gestor catastral autorizado para Yopal. Esta acción surge a raíz de una solicitud de la Alcaldía de Yopal para revisar presuntas inconsistencias en el convenio suscrito con Catasig en mayo de 2023.
El oficio detalla que, una vez la Alcaldía de Yopal evidenció las inconsistencias, las puso en conocimiento de la autoridad competente. Ahora, se solicita al municipio que allegue todas las evidencias disponibles, tales como fotografías, informes del supervisor al gestor catastral y copia de la primera comunicación remitida.
Actualmente, la expedición de la facturación del impuesto predial ha sido imposible debido a que la información entregada por Catasig contiene errores significativos que impiden realizar el procedimiento correctamente.
Entre las fallas detectadas se encuentran 16.538 predios con inconsistencias, información incompleta en los formatos R1 y R2, espacios de dígitos vacíos, predios sin destino o dirección, otros sin área de terreno o construcción, y duplicidad de predios, entre otras irregularidades.
Aunque la responsabilidad de enmendar estos errores recae en Catasig, funcionarios de diversas dependencias de la Alcaldía de Yopal están trabajando arduamente para corregir la información y expedir la facturación en el menor tiempo posible.
CASANARE
Gobernación de Casanare reporta 95% de cumplimiento en compromisos con pueblos indígenas
La Gobernación de Casanare anunció un balance de alto cumplimiento en la novena sesión de la Mesa Departamental de Política y Concertación Indígena. Con corte a 31 de diciembre de 2025, la administración departamental reportó un 95% de cumplimiento físico y un 96% de ejecución financiera, con una inversión superior a los $12.500 millones en los compromisos programados.
Esta mesa, establecida por el Decreto 0083 de 2014 y actualizada por el Decreto 0339 de 2025, funge como un espacio oficial y vinculante que garantiza la participación y autodeterminación de los pueblos indígenas, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política colombiana. Los resultados presentados se enmarcan en el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 “Oportunidades para Casanare”.
En la sesión, el Departamento Administrativo de Planeación expuso la gestión de los recursos del Sistema General de Participaciones – Asignación Especial para Resguardos Indígenas (SGP–AESGPRI) en municipios como Orocué, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Sácama y Támara. Además, se detallaron 20 asistencias técnicas para Planes de Vida (2024–2025) y un avance del 50% en la meta cuatrienal de 108 jornadas de fortalecimiento del gobierno propio.
Entre los logros, se destacó la culminación de la Fase I de la ruta intercultural para la prevención y atención de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas, avanzando en su implementación. También se realizaron acciones de articulación con la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para implementar medidas de protección con enfoque diferencial.
El gobernador César Ortiz Zorro afirmó que el 95% de cumplimiento “refleja que el diálogo se traduce en inversión y resultados concretos para fortalecer la autonomía indígena”. La directora de Desarrollo Comunitario, Jessica Avella Blanco, y el secretario de Gobierno, Julio Ramos Prieto, resaltaron la importancia de las asistencias técnicas y la transparencia institucional.
La sesión también permitió definir compromisos, cronogramas de seguimiento y metas para la vigencia 2026, consolidando un ejercicio de planeación concertada que integra inversión, asistencia técnica y acompañamiento jurídico para los resguardos indígenas del departamento. La décima sesión y el octavo Congreso Regional Indígena ya tienen fechas previstas para julio y octubre de 2026, respectivamente.
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