CASANARE
El caso de los “Falsos Positivos” en Casanare y la búsqueda de Justicia en la JEP
El departamento de Casanare fue escenario de una de las tragedias más desgarradoras del conflicto armado colombiano: los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate.
Entre 2005 y 2008, el Ejército Nacional cometió estos crímenes con el objetivo de mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales, logrando ascensos y beneficios dentro de la institución. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la imputación de responsabilidades, revelando la magnitud de estos crímenes en el oriente colombiano.
En Casanare, según los informes de la JEP, se registraron más de 300 casos de falsos positivos, donde campesinos, jóvenes desempleados y personas en situación de vulnerabilidad fueron víctimas. Fueron engañados con falsas promesas de trabajo, llevados a zonas rurales y luego asesinados, para ser presentados como bajas en combate. Esta región se convirtió en uno de los epicentros de esta práctica, con el Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez” como uno de los principales involucrados.
El horror de los falsos positivos comenzó a salir a la luz cuando familiares de las víctimas empezaron a denunciar la desaparición de sus seres queridos, desconociendo que habían sido presentados como guerrilleros. A medida que las investigaciones avanzaron, se reveló que estos crímenes no eran casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática que involucraba a altos mandos del Ejército. La Fiscalía General de la Nación, junto con las organizaciones de Derechos Humanos, documentaron decenas de testimonios que apuntaban a un patrón claro de violaciones de derechos humanos.
En 2021, la JEP abrió el Caso 03
Las audiencias ante la JEP han sido clave para que los militares implicados reconozcan su responsabilidad. Uno de los aspectos más relevantes es que algunos de los acusados han aceptado su participación y han ofrecido detalles sobre cómo funcionaba la estructura criminal dentro del Ejército. Esto no solo ha permitido reconstruir la verdad de lo sucedido, sino también identificar a los máximos responsables y ofrecer medidas de reparación a las familias de las víctimas.
Sin embargo, el proceso de justicia es complejo. A pesar de los avances, muchas víctimas aún esperan la verdad completa y justicia plena. Para los familiares, el reconocimiento de los crímenes es un paso importante, pero no suficiente. Exigen que los autores intelectuales y los que se benefician de confesar estos crímenes enfrenten las máximas sanciones dentro del sistema de justicia transicional.
La JEP ha señalado que el próximo paso en este caso será la definición de las sanciones para los responsables. Los implicados que hayan reconocido su culpa podrían recibir sanciones restaurativas, como el compromiso de trabajar en proyectos comunitarios y de reparación simbólica. En contraste, aquellos que no admiten su responsabilidad enfrentarán penas más severas, que incluyen cárcel.
El caso de los falsos positivos en Casanare es uno de los más dolorosos en la historia reciente de Colombia. A medida que la JEP avanza en la imputación de responsabilidades y la búsqueda de justicia, las familias de las víctimas mantienen la esperanza de que, finalmente, se haga justicia para los más de 300 inocentes que fueron asesinados y cuyos nombres deben ser registrados como víctimas de un conflicto que les arrebató la vida sin justificación.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
