META
El 67% de los habitantes del Meta consumieron pescado en Semana Santa
Solo en un día se vendieron seis toneladas de pescado en la gran subienda a los villavicenses, en las inmediaciones del edificio de la Gobernación del Meta, por 80 productores piscícolas de Restrepo, Acacías, San Martín y cuatro municipios más.
La rápida venta se entiende al revisar los datos de la Aunap (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura: el 67% de los pobladores del Meta consumen pescado en la Semana Mayor.
Las comunidades que viven en situaciones de pobreza de varias regiones del país, incluyendo al Meta y Llanos Orientales, tienen una actividad en común para tratar de subsistir y es la pesca continental: pescar en aguas de ríos grandes que bañan la región de la Orinoquia y que no tienen contacto directo con el mar.
La Aunap, sede Villavicencio, en asocio con la Secretaría de Agricultura del Meta, a través de la oficina de Cadena Acuícola y Pesquera, dio a conocer que a pesar de la pobreza en la que viven más de 3.000 pescadores y sus familias, el Meta y otras zonas de los Llanos Orientales aportaron casi 19 mil toneladas de pescado en el año 2019.
Según la entidad, se produce mayor cantidad de pescado en costas del Atlántico y Pacífico (65,2%), y en menor proporción (34,8%) en las aguas de los ríos del interior del país como Magdalena, Cauca, Amazonas, Orinoco, Meta, Inírida y Sinú, respectivamente.
Producción pesquera en el Meta
En la tarea de ese año en el Meta se contó la cantidad en toneladas de las capturas de los pescadores artesanales y las que producen los empresarios de cultivos acuícolas en Acacías, Barranca de Upía, Castilla La Nueva, Cumaral, El Castillo, Fuentedeoro, El Dorado, Guamal, Mesetas, Puerto Gaitán, Puerto López, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Luis de Cubarral, San Martin, Villavicencio, Granada, Cabuyaro y el Calvario, respectivamente. Los principales ríos para esta pesca son el Meta, el Manacacías y el Ariari.
Con el apoyo de la Secretaría de Agricultura del Meta, la piscicultura con tilapia, cachama y trucha, así como el bagre, el bocachico y el amarillo, entre otros en la pesca artesanal, han hecho que el departamento le aporte a Colombia un 6% más que en el 2019, es decir casi 21 mil toneladas de producción y, este a su vez, presente un desarrollo importante durante los últimos años, con una producción cercana a las 165.230 toneladas para el año 2020 en todo el territorio nacional.
Las entidades pesqueras y acuícolas de la región estiman que a 2021 existen entre 12.000 y 12.500 familiares de los ya casi 3.500 pescadores que suplen sus necesidades para subsistir de esta actividad y que están distribuidos en los municipios del centro y sur del departamento del Meta, como en Barranca de Upía, Puerto Gaitán, Puerto López, así como de otros departamentos como San José del Guaviare, Inírida y Puerto Carreño de donde se extrae parte de este recurso animal.
La Cachama, el Bagre, el Nicuro, el Bocachico, el Amarillo, el Chancleto y el Dormilón, entre otros, son algunos de los nombres de peces que abundan en los ríos llamados grandes. Afluentes como el Ariari, Guayuriba y Guatiquía del Meta no sirven para este tipo de pesca, porque sus aguas no son lo suficientemente profundas y cálidas para estas especies.
Fuente: Gobernación del Meta
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
