CASANARE
El 17,5% de la población de Paz de Ariporo está registrada como víctima del conflicto armado
Con la participación de más de 420 víctimas del conflicto armado, se llevó a cabo una jornada de atención liderada por la Unidad para las Víctimas en el municipio de Paz de Ariporo.
El Centro de Convivencia, ubicado en el centro de este municipio, fue el punto de encuentro de la Unidad y las entidades del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas (Snariv), con el fin de brindar oferta interinstitucional a las víctimas y poder atender las necesidades básicas de los sobrevivientes del conflicto residentes en esta zona del departamento de Casanare.
Carlos Arturo Pardo Alezones, director de la Unidad para las Víctimas en la Territorial Meta y Llanos Orientales, indicó que en esta jornada la Unidad atendió solicitudes para novedades de registro, solicitud de atención humanitaria, realización de planes de atención de asistencia y reparación integral, oferta y reparación, entre otros temas.
“La atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, es la prioridad en el goce efectivo de sus derechos y se convierte en una prioridad estatal que involucra a todos los niveles de gobierno en una apuesta decidida por la construcción de paz”, concluyó el director.
Por su parte, María Fernanda Fuentes, profesional de la Unidad en el Casanare, señaló que en esta jornada se llevaron a cabo 47 entrevistas de caracterización a víctimas que residen en esa localidad.
“Durante la jornada profesionales de la Unidad brindaron atención psicosocial a más de 20 víctimas, que lo solicitaron”, agregó la funcionaria.
El evento fue liderado por la Unidad para las Víctimas y contó con el apoyo de la Alcaldía del Municipio de Paz de Ariporo, la Personería Municipal y Comfacasanare, entre otros.
En Paz de Ariporo se encuentran inscritas en el Registro Único de Víctimas 3.663 víctimas por desplazamiento forzado, 35 por actos terroristas, 46 por amenazas, 22 por delitos sexuales, 85 por desaparición forzada, 6.499 por homicidio, 11 por secuestro, 18 niños y niñas vinuladas a grupos armados, 127 personas por pérdida de bienes y ocho víctimas de minas antipersonal, entre otros hechos victimizantes.
El municipio de Paz de Ariporo cuenta con 26.458 habitantes, de los cuales 4.652 (17,5%) se encuentran registradas como víctimas del conflicto armado por diferentes hechos victimizantes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
