ARAUCA
Ejército capturó tres hombres acusados de acciones terroristas en Tame y Saravena
Miembros de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional hicieron efectivas tres órdenes de captura, que pesaban en contra de tres presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo de la Comisión Martha Helena Barón del Frente Domingo Laín Sáenz del Eln.
Las operaciones realizadas en conjunto con la Fiscalía Séptima contra el terrorismo y la Policía Judicial, dieron como resultado en el casco urbano del municipio de Tame, la captura de alias “Breiner”, quien según las autoridades debe responder por el delito de rebelión; y de alias “Pitufo”, a quien se le atribuyen los delitos de homicidio agravado, terrorismo, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo agravado atenuado y rebelión agravado en calidad de autor, de acuerdo a las ordenes expedidas por el juzgado 65 Penal Municipal de Bogotá.
Inteligencia militar estableció que estos hombres de 22 y 23 años de edad respectivamente, hacían parte de las filas de la organización al margen de la ley desde hacía más de 5 años, destacándose por su cooperación en la parte armada de la comisión, quienes son los presuntos responsables del homicidio de dos soldados profesionales, la acción terrorista en contra de la Estación de Policía de Tame la cual dejó dos heridos y daños materiales, la participación en el hurto y secuestro de un bus de la empresa Copetran. Así mismo, se les atribuye ser responsables de la inteligencia delictiva en esta zona del país, realizando acciones terroristas en varias ocasiones en contra de las Fuerzas Militares y de Policía, llevadas a cabo en Tame y Puerto Jordán.
De igual manera, haciendo efectiva una orden de captura por rebelión, las tropas detuvieron en zona rural del municipio de Saravena a alias “Gordo”, presunto integrante de la red de apoyo al terrorismo del Eln, donde se desempeñó como enlace de los cabecillas de la dirección política. Según las autoridades, fue encargado de la recolección de dineros producto de extorsiones realizadas por la organización en todo el departamento; era la persona responsable de recibir en territorio colombiano personal para ser llevado a Venezuela donde se estima que es el punto de encuentro con los cabecillas. De acuerdo a lo establecido por la inteligencia militar, este hombre de 29 años de edad, quien perteneció tres años de su vida a la organización, era el encargado de la logística y el material de guerra para las distintas comisiones de este grupo armado ilegal.
Fuente: Prensa Fuerza de Tarea Quirón
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
