CASANARE
Dos veredas del municipio de Pore permanecen inundadas hace dos años, finqueros reclaman
Literalmente “por entre el río” deben ingresar a sus fincas en el municipio de Pore, los habitantes de las veredas El Garzón y Matalarga, quienes señalan que luego que se construyera un jarillón por parte de la Alcaldía y la Gobernación de Casanare, y la Empresa Oleoducto Bicentenario pasara el tubo por debajo del río, se les presenta este problema que los tiene arruinados, pues no pueden sembrar nada en sus propiedades, además que entrar o salir de las mismas se convierte en toda una odisea.
Se quejan los habitantes de estas dos veredas, que antes se construirse el mencionado jarillón y que la empresa Bicentenario realizara el paso del tubo del Oleoducto por el sector, las anegaciones se presentaban pero bajaban a las 6 ó 12 horas, ahora la inundación es permanente desde hace más de dos años.
Trabajos realizados por Oleoducto Bicentenario a los cuales se atribuye gran parte del problema, junto con el jarillón construido por la Gobernación y la Alcaldía (Fotografía: Archivo)
Orlando Ríos, finquero de la región seriamente afectado por esta situación, señaló que ya se le ha oficiado a la Alcaldía de Pore para que les colaboren en solucionarla, pero no ha sido posible que les presten atención. Y es que para entrar a esta fincas solo es posible hacerlo a través de tractor, porque incluso a caballo ya no se puede hacer, pues los animales llegan hasta determinado punto donde la profundidad no los deja avanzar más.
“Estamos completamente aislados, agricultura no pudimos volver a hacer acá porque es imposible traer abonos, semillas, agroquímicos, todas estas fincas prácticamente están en abandono total”, anotó el angustiado finquero.
Don Francisco García, otro de los finqueros afectados por esta situación, señala claramente que todo empezó cuando la Empresa Oleoducto Bicentenario realizó sus trabajos para el paso del tubo que transporta petróleo desde Arauca, y que en este momento el río está tomando cauce por varios puntos que se lo permiten, inundando gran cantidad de fincas.
Así las cosas, los habitantes de estas dos veredas y de un amplio sector del municipio de Pore y en parte de Trinidad, esperan que las autoridades competentes le presten atención a su problema, porque llevan ya más de dos años sufriendo hasta para entrar a llevar la remesa de los encargados.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
