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Dos predios abandonados por culpa de la violencia pasan a dominio del municipio de Mapiripán

La Unidad de Restitución de Tierras realizó la entrega material de dos predios restituidos que suman 691 metros cuadrados y que están ubicados en la Inspección de Puerto Alvira, a la Alcaldía de Mapiripán, entidad que puede disponer de estos terrenos tras recibir la transferencia del dominio de los mismos.
La diligencia acompañada de la Fuerza Pública, estuvo a cargo del Juzgado Promiscuo Municipal, comisionado para tal fin por el Juzgado primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, que impartió las órdenes de entrega de los predios restituidos al municipio y a la vez ordenó compensar con nuevos inmuebles a dos familias que debieron abandonar sus tierras por cuenta de la violencia.
A ambas familias, víctimas de abandono forzado de sus predios tras la masacre de Mapiripán, condenadas al destierro por parte de los grupos ilegales, les asiste el derecho a la compensación debido a que no desearon retornar por aspectos como el desarraigo, la avanzada edad de los jefes del hogar y las afectaciones sicológicas que padecen.
La familia propietaria del predio de 347 metros cuadrados, integrada por una pareja y sus cuatro hijos, adquirió el terreno en 1993 y había establecido un local que funcionaba como billar.
Entre tanto los propietarios del otro predio de 344 metros cuadrados se dedicaban a la venta de empanadas y tenían cultivos de pancoger.
Los beneficiarios de restitución de tierras no volvieron a sus predios, pero tienen derecho a nuevas viviendas que les comprará la Unidad de Restitución de en los municipios que elijan y a recibir la oferta institucional del Estado en materia de salud, educación y proyectos productivos como componentes para su reparación integral.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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En el Meta, Defensoría y URT buscan que se cumplan fallos de restitución de tierras

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.
La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.
Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.
Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.
Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.
Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Condenan a más de 35 años de cárcel a mujer que asesinó a otra por comentarios

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.
Fuente: El Diario del Llano
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Ya se habían separado por violencia intrafamiliar, ahora se fue a la cárcel por feminicidio

A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano