CASANARE
Dos exfuncionarios de la Alcaldía de Aguazul en 2014 declarados responsables fiscales por Convenio no ejecutado
Por no ejecutar un convenio de cooperación que velaba por la prevención y atención del maltrato infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual en el municipio de Aguazul (Casanare), la Gerencia de la Contraloría General de la República en este departamento profirió un fallo con responsabilidad fiscal por más de $905 millones de pesos (en total $905.448.129,67).
El organismo de control no encontró soportes de ejecución del convenio de cooperación No. 402 de 2014 suscrito entre el municipio de Aguazul y la Asociación para el Desarrollo Integral de la Familia “ADIFCOL”, que tenía por objeto “realizar acciones de prevención y atención de la violencia y maltrato infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual, a través de campañas, talleres y estrategias en el municipio de Aguazul”.
La Gerencia Departamental asumió este asunto por traslado que le hizo la Contraloría Departamental del Casanare, por motivo de competencia, dado que los recursos afectados provienen de regalías pertenecientes al Municipio de Aguazul, respecto de los cuales la CGR ejerce control fiscal.
En el marco de la auditoría que dio lugar al hallazgo fiscal, se encontraron carpetas que carecían de soportes que acreditaran la contratación de los profesionales requeridos para desarrollar el objeto de convenio, así como tampoco se encontró evidencia de que las actividades se hubieran realizado en las Instituciones Educativas del municipio.
Los hallazgos de la Contraloría
La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Casanare profirió fallo con responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, en cuantía de NOVECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($ 905.448.129,67), en forma solidaria, contra:
1. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA “ADIFCOL”.
2. OSCAR MAURICIO CRUZ HOLGUÍN, entonces secretario de Gobierno y ordenador del gasto, suscribió el convenio No. 402/2014 y ejerció labores de supervisión.
3. JOSE JAVIER GONZALEZ GIL, entonces Jefe de la Oficina Jurídica con funciones de secretario de Gobierno, delegado como supervisor del Convenio No 402 de 2014. Suscribió el Acta de liquidación No. 07 con fecha 26 de agosto de 2015, en el que no se descontó el valor del ítem presuntamente no ejecutado, según el Informe Auditoria Departamental.
Igualmente se declaró como tercero civilmente responsable a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, en su calidad de garante.
Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición (ante la Gerencia Departamental de la CGR) y de apelación (de competencia de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo/Unidad de Responsabilidad Fiscal).
Fuente: Contraloría General de la República
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
