CASANARE
Dos exfuncionarios de la Alcaldía de Aguazul en 2014 declarados responsables fiscales por Convenio no ejecutado
Por no ejecutar un convenio de cooperación que velaba por la prevención y atención del maltrato infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual en el municipio de Aguazul (Casanare), la Gerencia de la Contraloría General de la República en este departamento profirió un fallo con responsabilidad fiscal por más de $905 millones de pesos (en total $905.448.129,67).
El organismo de control no encontró soportes de ejecución del convenio de cooperación No. 402 de 2014 suscrito entre el municipio de Aguazul y la Asociación para el Desarrollo Integral de la Familia “ADIFCOL”, que tenía por objeto “realizar acciones de prevención y atención de la violencia y maltrato infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual, a través de campañas, talleres y estrategias en el municipio de Aguazul”.
La Gerencia Departamental asumió este asunto por traslado que le hizo la Contraloría Departamental del Casanare, por motivo de competencia, dado que los recursos afectados provienen de regalías pertenecientes al Municipio de Aguazul, respecto de los cuales la CGR ejerce control fiscal.
En el marco de la auditoría que dio lugar al hallazgo fiscal, se encontraron carpetas que carecían de soportes que acreditaran la contratación de los profesionales requeridos para desarrollar el objeto de convenio, así como tampoco se encontró evidencia de que las actividades se hubieran realizado en las Instituciones Educativas del municipio.
Los hallazgos de la Contraloría
La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Casanare profirió fallo con responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, en cuantía de NOVECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($ 905.448.129,67), en forma solidaria, contra:
1. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA “ADIFCOL”.
2. OSCAR MAURICIO CRUZ HOLGUÍN, entonces secretario de Gobierno y ordenador del gasto, suscribió el convenio No. 402/2014 y ejerció labores de supervisión.
3. JOSE JAVIER GONZALEZ GIL, entonces Jefe de la Oficina Jurídica con funciones de secretario de Gobierno, delegado como supervisor del Convenio No 402 de 2014. Suscribió el Acta de liquidación No. 07 con fecha 26 de agosto de 2015, en el que no se descontó el valor del ítem presuntamente no ejecutado, según el Informe Auditoria Departamental.
Igualmente se declaró como tercero civilmente responsable a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, en su calidad de garante.
Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición (ante la Gerencia Departamental de la CGR) y de apelación (de competencia de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo/Unidad de Responsabilidad Fiscal).
Fuente: Contraloría General de la República
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
