CASANARE
Doble calzada Villavicencio – Yopal quedará en total con 5 peajes
Dos nuevas casetas de peaje serán instaladas en el trayecto vial Yopal – Villavicencio para un total de cinco, de acuerdo con lo expresado por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI Manuel Felipe Gutiérrez, en mesa de trabajo convocada por la Senadora Amanda Rocío Gónzález.
El funcionario atendió los requerimientos del Comité Cívico y de los alcaldes de Yopal Villanueva y Tauramena, sobre las obras que se vienen desarrollando y que generan traumatismos para el desplazamiento entre Yopal y la capital del Meta, comprometiéndose a realizar measas de trabajo en los distintos municipios por donde pasa la concesión.
Así las cosas, las primeras de estas mesas de trabajo se realizarán los días 21 y 22 de abril próximo con el Comité Cívico, además con la comunidad del sur de Casanare en el municipio de Monterrey. Se comprometió también, a la realización de mesas de trabajo virtuales quincenales, de seguimiento. “Vamos a ver cómo se puede atender, en el marco de las posibilidades, las solicitudes que nos están haciendo”.
Según el director de la ANI, las obras estarán terminadas el próximo año, y actualmente están activos 100 frentes de obra, pero al finalizar este año se va a reducir el número de frentes de obra, dejando el corredor en buena parte listo
Los cinco peajes que quedarían en el recorrido de la doble calzada entre Villavicencio y Yopal serían los 3 ya existentes (Puente Amarillo, San Pedro y Veracruz), además de los dos nuevos que estarán ubicados en el sector del Tacuya (entre Monterrey y Tauramena), y un último peaje entre Yopal y Aguazul.
Peajes no pagan la obra
Explicó el director de la ANI, que la cuantiosa inversión de recursos es posible, gracias a una bolsa donde el gobierno nacional coloca 2.6 billones. Añadió que los peajes solo recaudan al mes $3 mil millones de pesos, lo cual no alcanza para cubrir el valor total de la inversión, “el grueso sale del compromiso de vigencias futuras, que es una de las fuentes de pago”.
Por último, el director de la ANI señaló que tienen preocupación por la sensibilización que genera en las comunidades el tema de los peajes, pero se comprometió a realizar reuniones con las comunidades para establecer tarifas diferenciales o beneficios para esas personas, sin que se afecte la financiación del proyecto.
Fuente: El Diario del Llano -. HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
