META
Divulgan cartel de los delincuentes más buscados en el Meta
La Policía Nacional divulgó el cartel de “Los Más Buscados” en el departamento del Meta, por medio del cual se da a conocer un volante donde se encuentran las personas requeridas por las autoridades judiciales sobre los delitos de mayor impacto, buscando la articulación de la Red de Participación Cívica y la comunidad en general.
Con un ofrecimiento de una recompensa de hasta cinco millones de pesos, el Departamento de Policía Meta espera recolectar información para dar con el paradero de estos sujetos, los cuales son requeridos por delitos como homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo y actos sexuales con menor de 14 años.
En este cartel aparecen actores presuntos criminales prolíficos y recurrentes, como:
“El Palmero”, investigado por el delito de homicidio agravado, por hechos ocurridos en el municipio de San Carlos de Guaroa en 2019, donde es capturado es capturado y en medio de su traslado a la Centro Penitenciario, se fuga, por lo cual el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos de Guaroa, libra una orden de captura por el delito de fuga de presos.
“Chinche”, investigado por el delito de homicidio, por un hecho ocurrido en el municipio de Mesetas en 2011, luego de que hullera del acto criminal es buscado por las autoridades mediante orden de captura expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas.
“Negro”, investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en hechos ocurridos en el municipio de Fuentedeoro en junio de 2014, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras, libra una orden de captura en su contra.
“Pescador o Pelea”, quien era investigado por el delito de homicidio, en hechos ocurridos en el municipio de Puerto Gaitán en noviembre de 2018, el cual es capturado por unidades de la SIJIN en diciembre del año pasado, donde hacen efectiva la orden de captura que pesaba en su contra emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, luego de que desenfundara un arma de fuego y la accionara contra de la humanidad de un soldado del Ejército Nacional, que resultó lesionado.
“Peladura”, para el 30 de enero de 2019, ultimó con arma de fuego a una persona en complicidad con otra y se da a la fuga. Este prolífico por los delitos de homicidio y hurto, es requerido mediante orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico.
“Bigotes”, fue el autor intelectual del homicidio del señor Prospero Castellanos Mosquera, en agosto de 2013 en el municipio de Fuentedeoro, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro, expide la orden de captura que pesa en su contra.
“Soldado”, investigado por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo sucesivo, por hechos ocurridos el municipio de Mesetas en abril de 2018, por lo cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas, libra la orden de captura en su contra.
“Javi”, investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en hechos ocurridos en el municipio de Lejanías, en abril de 2017, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Control de Garantías de Villavicencio, expide la orden de captura en su contra.
La Policía Nacional reitera las líneas telefónicas de emergencia 123 – 3213945422 – 3202974365 o al correo dijin.demet-ef@policia.gov.co.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
