META
Divulgan cartel de los delincuentes más buscados en el Meta
La Policía Nacional divulgó el cartel de “Los Más Buscados” en el departamento del Meta, por medio del cual se da a conocer un volante donde se encuentran las personas requeridas por las autoridades judiciales sobre los delitos de mayor impacto, buscando la articulación de la Red de Participación Cívica y la comunidad en general.
Con un ofrecimiento de una recompensa de hasta cinco millones de pesos, el Departamento de Policía Meta espera recolectar información para dar con el paradero de estos sujetos, los cuales son requeridos por delitos como homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo y actos sexuales con menor de 14 años.
En este cartel aparecen actores presuntos criminales prolíficos y recurrentes, como:
“El Palmero”, investigado por el delito de homicidio agravado, por hechos ocurridos en el municipio de San Carlos de Guaroa en 2019, donde es capturado es capturado y en medio de su traslado a la Centro Penitenciario, se fuga, por lo cual el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos de Guaroa, libra una orden de captura por el delito de fuga de presos.
“Chinche”, investigado por el delito de homicidio, por un hecho ocurrido en el municipio de Mesetas en 2011, luego de que hullera del acto criminal es buscado por las autoridades mediante orden de captura expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas.
“Negro”, investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en hechos ocurridos en el municipio de Fuentedeoro en junio de 2014, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras, libra una orden de captura en su contra.
“Pescador o Pelea”, quien era investigado por el delito de homicidio, en hechos ocurridos en el municipio de Puerto Gaitán en noviembre de 2018, el cual es capturado por unidades de la SIJIN en diciembre del año pasado, donde hacen efectiva la orden de captura que pesaba en su contra emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, luego de que desenfundara un arma de fuego y la accionara contra de la humanidad de un soldado del Ejército Nacional, que resultó lesionado.
“Peladura”, para el 30 de enero de 2019, ultimó con arma de fuego a una persona en complicidad con otra y se da a la fuga. Este prolífico por los delitos de homicidio y hurto, es requerido mediante orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico.
“Bigotes”, fue el autor intelectual del homicidio del señor Prospero Castellanos Mosquera, en agosto de 2013 en el municipio de Fuentedeoro, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro, expide la orden de captura que pesa en su contra.
“Soldado”, investigado por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo sucesivo, por hechos ocurridos el municipio de Mesetas en abril de 2018, por lo cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas, libra la orden de captura en su contra.
“Javi”, investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en hechos ocurridos en el municipio de Lejanías, en abril de 2017, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Control de Garantías de Villavicencio, expide la orden de captura en su contra.
La Policía Nacional reitera las líneas telefónicas de emergencia 123 – 3213945422 – 3202974365 o al correo dijin.demet-ef@policia.gov.co.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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