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Divulgan cartel de los delincuentes más buscados en el Meta
La Policía Nacional divulgó el cartel de “Los Más Buscados” en el departamento del Meta, por medio del cual se da a conocer un volante donde se encuentran las personas requeridas por las autoridades judiciales sobre los delitos de mayor impacto, buscando la articulación de la Red de Participación Cívica y la comunidad en general.
Con un ofrecimiento de una recompensa de hasta cinco millones de pesos, el Departamento de Policía Meta espera recolectar información para dar con el paradero de estos sujetos, los cuales son requeridos por delitos como homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo y actos sexuales con menor de 14 años.
En este cartel aparecen actores presuntos criminales prolíficos y recurrentes, como:
“El Palmero”, investigado por el delito de homicidio agravado, por hechos ocurridos en el municipio de San Carlos de Guaroa en 2019, donde es capturado es capturado y en medio de su traslado a la Centro Penitenciario, se fuga, por lo cual el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos de Guaroa, libra una orden de captura por el delito de fuga de presos.
“Chinche”, investigado por el delito de homicidio, por un hecho ocurrido en el municipio de Mesetas en 2011, luego de que hullera del acto criminal es buscado por las autoridades mediante orden de captura expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas.
“Negro”, investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en hechos ocurridos en el municipio de Fuentedeoro en junio de 2014, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras, libra una orden de captura en su contra.
“Pescador o Pelea”, quien era investigado por el delito de homicidio, en hechos ocurridos en el municipio de Puerto Gaitán en noviembre de 2018, el cual es capturado por unidades de la SIJIN en diciembre del año pasado, donde hacen efectiva la orden de captura que pesaba en su contra emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, luego de que desenfundara un arma de fuego y la accionara contra de la humanidad de un soldado del Ejército Nacional, que resultó lesionado.
“Peladura”, para el 30 de enero de 2019, ultimó con arma de fuego a una persona en complicidad con otra y se da a la fuga. Este prolífico por los delitos de homicidio y hurto, es requerido mediante orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico.
“Bigotes”, fue el autor intelectual del homicidio del señor Prospero Castellanos Mosquera, en agosto de 2013 en el municipio de Fuentedeoro, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro, expide la orden de captura que pesa en su contra.
“Soldado”, investigado por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo sucesivo, por hechos ocurridos el municipio de Mesetas en abril de 2018, por lo cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas, libra la orden de captura en su contra.
“Javi”, investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en hechos ocurridos en el municipio de Lejanías, en abril de 2017, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Control de Garantías de Villavicencio, expide la orden de captura en su contra.
La Policía Nacional reitera las líneas telefónicas de emergencia 123 – 3213945422 – 3202974365 o al correo dijin.demet-ef@policia.gov.co.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
En el año 2000 el conflicto armado lo desterró, hoy le devolvieron el predio y montó un almacén de ropa
En cumplimiento de la sentencia de restitución y de las órdenes judiciales orientadas a garantizar la estabilización económica de las víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) implementó un proyecto productivo urbano de almacén de ropa para el señor José Roberto Hoyos, restituido y víctima del conflicto armado en Mapiripán (Meta).
Los hechos victimizantes tuvieron lugar en el año 2000, cuando Hoyos debió abandonar forzosamente su predio debido a los enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla de las Farc, así como a las presiones que estos actores armados imponían a la población civil, incluida la amenaza de reclutamiento. Esta situación obligó al solicitante a dejar su tierra.
Tras recuperar su predio mediante sentencia, Hoyos inicia ahora una nueva etapa de reconstrucción económica. La URT le otorgó un subsidio de 40 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) para la creación de un almacén de ropa, el cual funcionará directamente en el predio restituido, convirtiéndose en una fuente estable de ingresos para él y su familia.
La Unidad realizó recientemente el primer desembolso de recursos, destinados a la compra de vitrinas, estanterías, maniquíes, avisos tipo letrero, mostradores y mobiliario, elementos esenciales para la operación del negocio.
El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto, señaló que “este tipo de proyectos materializan el restablecimiento económico y la autonomía de las víctimas, permitiendo que transformen su experiencia de despojo en nuevas oportunidades”.
Por su parte, José Roberto Hoyos agradeció el acompañamiento de la URT y destacó que este emprendimiento significa una oportunidad real para asegurar el sustento propio y el de su familia, aprovechando de manera productiva el predio restituido.
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
