CASANARE
Directora nacional del ICBF habló del caso Casanare, donde un contratista hurtó dineros y huyó del país
“Los recursos de la niñez son intocables, su manejo debe ser tan transparente que todo aquel que se aproveche de ellos deberá ser castigado con severidad y deberá recibir todo el peso de la ley”.
Así lo advirtió la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen Abuchaibe, a todos los operadores de los servicios de la Institución, luego de registrar un presunto robo de recursos por cerca de 500 millones de pesos por parte de un operador de servicios en el departamento de Casanare, que afecta gravemente la atención de 900 niños y niñas de primera infancia.
Al referirse a la situación presentada en ese departamento, donde un operador fue denunciado por el ICBF ante la Fiscalía por el delito de abuso de confianza y apropiación de recursos del Estado, la Directora General del Instituto señaló que “desde el mismo momento en que fuimos advertidos de los hechos, adelantamos las acciones necesarias para que las autoridades capturaran al representante legal de la Fundación para la Cooperación del Desarrollo Social (Funcode), quien salió del país hacia España esta misma semana.
Los equipos de supervisión del ICBF encontraron que este operador había desocupado sus oficinas e instalaciones y, además, que había presentado soportes adulterados del pago de nómina del último mes, motivos suficientes para ser denunciado ante la Fiscalía. Funcode prestaba sus servicios en Yopal, Villanueva, Monterrey, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Trinidad, Támara, Sácama y La Salina.
“Confiamos en la celeridad de las investigaciones por parte de las autoridades para que a este operador le caiga todo el peso de la ley, porque apropiarse indebidamente de los recursos de los niños y niñas es atentar contra sus vidas. Vamos a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias”, agregó Abudinen Abuchaibe.
La Directora General del ICBF les recordó a los operadores que recientemente se firmó una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad Nacional de Colombia, con la cual se adopta un modelo de seguimiento y supervisión a quienes atienden a los niños y niñas menores de 5 años, para evitar que casos como el de Casanare se vuelvan a registrar.
“Nuestros niños y niñas lo merecen todo, no nos temblará la mano para tomar las medidas que sean necesarias para garantizar altos estándares en el manejo de los recursos para la prestación de los servicios del ICBF. Por eso, invitamos a los padres de familias y a la ciudadanía en general a que denuncien cualquier irregularidad que puedan detectar en el manejo de los recursos de nuestra niñez”, puntualizó Abudinen Abuchaibe.
Fuente: Prensa ICBF
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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