CASANARE
Directora nacional del ICBF habló del caso Casanare, donde un contratista hurtó dineros y huyó del país
“Los recursos de la niñez son intocables, su manejo debe ser tan transparente que todo aquel que se aproveche de ellos deberá ser castigado con severidad y deberá recibir todo el peso de la ley”.
Así lo advirtió la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen Abuchaibe, a todos los operadores de los servicios de la Institución, luego de registrar un presunto robo de recursos por cerca de 500 millones de pesos por parte de un operador de servicios en el departamento de Casanare, que afecta gravemente la atención de 900 niños y niñas de primera infancia.
Al referirse a la situación presentada en ese departamento, donde un operador fue denunciado por el ICBF ante la Fiscalía por el delito de abuso de confianza y apropiación de recursos del Estado, la Directora General del Instituto señaló que “desde el mismo momento en que fuimos advertidos de los hechos, adelantamos las acciones necesarias para que las autoridades capturaran al representante legal de la Fundación para la Cooperación del Desarrollo Social (Funcode), quien salió del país hacia España esta misma semana.
Los equipos de supervisión del ICBF encontraron que este operador había desocupado sus oficinas e instalaciones y, además, que había presentado soportes adulterados del pago de nómina del último mes, motivos suficientes para ser denunciado ante la Fiscalía. Funcode prestaba sus servicios en Yopal, Villanueva, Monterrey, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Trinidad, Támara, Sácama y La Salina.
“Confiamos en la celeridad de las investigaciones por parte de las autoridades para que a este operador le caiga todo el peso de la ley, porque apropiarse indebidamente de los recursos de los niños y niñas es atentar contra sus vidas. Vamos a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias”, agregó Abudinen Abuchaibe.
La Directora General del ICBF les recordó a los operadores que recientemente se firmó una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad Nacional de Colombia, con la cual se adopta un modelo de seguimiento y supervisión a quienes atienden a los niños y niñas menores de 5 años, para evitar que casos como el de Casanare se vuelvan a registrar.
“Nuestros niños y niñas lo merecen todo, no nos temblará la mano para tomar las medidas que sean necesarias para garantizar altos estándares en el manejo de los recursos para la prestación de los servicios del ICBF. Por eso, invitamos a los padres de familias y a la ciudadanía en general a que denuncien cualquier irregularidad que puedan detectar en el manejo de los recursos de nuestra niñez”, puntualizó Abudinen Abuchaibe.
Fuente: Prensa ICBF
Un hombre fue asesinado con arma de fuego la mañana de este miércoles 30 de abril en la vía Aguazul – Maní. Inicialmente el caso se reportó como accidente de tránsito, pero al llegar bomberos y agentes de tránsito al sitio, hallaron el cuerpo sin vida con impactos de bala.
La víctima fue identificada como Luis Enrique Hernández Alfonso, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha V80 de placa YAR85A por la vereda El Sural de Aguazul. Según la inspección al cuerpo, presentaba tres heridas por arma de fuego.
Hernández Alfonso era propietario de la finca donde en noviembre de 2025 se realizó un allanamiento que dejó la captura de alias ‘Tobías’, integrante del Clan del Golfo y sobrino del hoy occiso. Se dedicaba a la agricultura y a la venta de ganado.
Las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona. En una de ellas se observa a una motocicleta NKD con un sujeto que iba detrás de la moto de la víctima.
La investigación tomó un nuevo rumbo, lo que inició como accidente de tránsito pasó a ser homicidio.
Luego de cumplir con los exigentes requerimientos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aprobó la planta de licores artesanales de Casanare.
Este es el resultado de más de 20 años de investigación en la producción de bebidas fermentadas y destiladas, elaboradas con productos naturales del llano, tal como lo hicieron los antiguos artesanos llaneros, quienes, en alambiques caseros, lograron producir bebidas espirituosas de alta calidad.
La planta autorizada por el Invima, está ubicada en la zona rural de Yopal, desde donde se ha logrado destilar alcoholes tipo premium, que, previo a la aprobación del Instituto, logró calificaciones meritorias en catas que se realizaron en afamados centros académicos y en mercados especializados tanto en el ámbito nacional como internacional.
En la nueva planta que ahora tiene permiso de operación del gobierno colombiano, se pueden destilar bebidas consideradas de alta calidad para los mercados de licores, tipos whiskys, rones, ginebras, aguardientes y cervezas, entre otros productos, donde se utiliza materia prima de origen campesino casanareño y esto apunta, a que los labriegos productores de cañas, frutas, granos y otras plantas regionales como algarrobo, sarrapia, mastranto, maíz y otros, de origen rural, tengan una importante nueva ventana de mercadeo.
Dentro de los reconocimientos que ha obtenido la nueva planta de licores, se puede mencionar las bebidas elaboradas con arroz, que fueron calificadas por expertos de la república de China, con un altísimo grado de calidad, situación que le abre la puerta a exportar a esa república, licores fabricados en Casanare.
Por otra parte, la aprobación de esta planta, le abre el camino para que, por los menos 10 empresarios de cervezas artesanales de Casanare, aspiren a obtener los permisos y licencias por parte del Invima.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, aseguró que la situación financiera de Capresoca EPS es crítica y que durante años se habrían maquillado los estados financieros para ocultar su verdadera crisis. Según el mandatario, la entidad fue sostenida artificialmente con cifras que no reflejaban la realidad, lo que hoy tiene a la EPS en una condición cercana a la quiebra.
El gobernador indicó que ya solicitó una auditoría integral para esclarecer el historial financiero de la entidad y determinar responsabilidades. Señaló que este proceso busca establecer cómo se llegó a la actual situación y que sea la justicia la encargada de definir quiénes llevaron a Capresoca a este punto.
En medio de este panorama, Ortiz Zorro reveló que sostuvo conversaciones con el Gobierno Nacional, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes le habrían dado un parte de tranquilidad al manifestar que, por ahora, no se contempla la liquidación de la EPS.
No obstante, el mandatario insistió en que cualquier intervención debe estar orientada a un verdadero plan de salvamento, con un agente que articule esfuerzos con el departamento. Reconoció que, aunque Capresoca sigue prestando servicios, estos no cumplen con las expectativas, y reiteró la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud que solucione los problemas históricos del país.
