CASANARE
Diputado Diego Aranguren advierte que el IFC podría quedarse sin recursos para créditos
El diputado Diego Alejandro Aranguren Riveros, gestionó y participó en un importante encuentro en Bogotá, entre delegados de Planeación Nacional, el Instituto Financiero de Casanare (IFC) en cabeza del gerente William Jaimes Ávila, el Sindicato de Trabajadores del IFC y la Gobernación de Casanare.
El objetivo de la reunión era conformar una mesa de trabajo, para analizar cómo desentrabar un conflicto jurídico evidenciado con un Convenio firmado desde hace aproximadamente 7 años entre el DNP y la Gobernación de Casanare, mediante el cual se autorizó al Departamento a transferir recursos de regalías al IFC para la colocación de créditos.
Desde que nació a la vida jurídica dicho Convenio interadministrativo, se han transferido recursos de regalías aproximadamente por doce mil millones de pesos, para permitir a la población casanareña acceder a créditos blandos para el fortalecimiento de la economía de la región.
Según Aranguren Riveros, la problemática surge porque la Oficina Jurídica del Departamento quiere liquidar en noviembre el mencionado Convenio, determinando que los recursos no retornen al IFC sino que retornarían a la Gobernación de Casanare, para algunos proyectos de inversión. Es decir, el IFC se quedaría sin recursos para continuar colocando créditos.
Indicó el cabildante, que la preocupación es latente y máxima, tanto para el Sindicato del IFC como para la la Asamblea Departamental, puesto que esto derivaría en cerrar la línea de créditos, los cuales desde hace 2 años no se brindan a la comunidad. “Esto implica de una u otra forma acabar con esta entidad (IFC). que tanto ha servido para el desareollo económico y social del departamento de Casanare”.
En la reunión se pudo establecer, según respuesta del DNP, que los recursos de regalías fueron girados al Departamento de Casanare, los cuáles deberían cumplir un objeto específico, para la colocación de mínimo 281 créditos en el Departamento.
DNP “se lavó las manos”
Después de una agitada discusión jurídica, el DNP determinó que las Entidades Territoriales son autónomas en definir las condiciones en que se ejecuten estos contratos o convenios, los cuales, se deben ajustar a la normatividad vigente en esta materia, la cuál constituye los limites de dicha autonomía. Es decir, el DNP no definió si los recursos deben retornar al Departamento o al IFC.
Aranguren Riveros manifestó de manera contundente, que “no se puede permitir que se deje solo a estas entidades y que el DNP no haga el acompañamiento, con la excusa de afirmar que no puede ser Juez y parte en esta discusión”.
Finalmente, el integrante de la duma asegró que sigue comprometido en aunar esfuerzos para poder viabilizar proyectos en pro de la economía del departamento. “A través de alianzas entre el Gobierno Departamental, Gobierno Nacional y el sector financiero de las regiones, podemos brindar mayores oportunidades a los casanareños para progresar, y así mejorar las condiciones de vida en nuestro territorio llanero”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
