El diputado Diego Alejandro Aranguren Riveros, gestionó y participó en un importante encuentro en Bogotá, entre delegados de Planeación Nacional, el Instituto Financiero de Casanare (IFC) en cabeza del gerente William Jaimes Ávila, el Sindicato de Trabajadores del IFC y la Gobernación de Casanare.

El objetivo de la reunión era conformar una mesa de trabajo, para analizar cómo desentrabar un conflicto jurídico evidenciado con un Convenio firmado desde hace aproximadamente 7 años entre el DNP y la Gobernación de Casanare, mediante el cual se autorizó al Departamento a transferir recursos de regalías al IFC para la colocación de créditos.

Desde que nació a la vida jurídica dicho Convenio interadministrativo, se han transferido recursos de regalías aproximadamente por doce mil millones de pesos, para permitir a la población casanareña acceder a créditos blandos para el fortalecimiento de la economía de la región.

Según Aranguren Riveros, la problemática surge porque la Oficina Jurídica del Departamento quiere liquidar en noviembre el mencionado Convenio, determinando que los recursos no retornen al IFC sino que retornarían a la Gobernación de Casanare, para algunos proyectos de inversión. Es decir, el IFC se quedaría sin recursos para continuar colocando créditos.

Indicó el cabildante, que la preocupación es latente y máxima, tanto para el Sindicato del IFC como para la la Asamblea Departamental, puesto que esto derivaría en cerrar la línea de créditos, los cuales desde hace 2 años no se brindan a la comunidad. “Esto implica de una u otra forma acabar con esta entidad (IFC). que tanto ha servido para el desareollo económico y social del departamento de Casanare”.

En la reunión se pudo establecer, según respuesta del DNP, que los recursos de regalías fueron girados al Departamento de Casanare, los cuáles deberían cumplir un objeto específico, para la colocación de mínimo 281 créditos en el Departamento.

DNP “se lavó las manos”

Después de una agitada discusión jurídica, el DNP determinó que las Entidades Territoriales son autónomas en definir las condiciones en que se ejecuten estos contratos o convenios, los cuales, se deben ajustar a la normatividad vigente en esta materia, la cuál constituye los limites de dicha autonomía. Es decir, el DNP no definió si los recursos deben retornar al Departamento o al IFC.

Aranguren Riveros manifestó de manera contundente, que “no se puede permitir que se deje solo a estas entidades y que el DNP no haga el acompañamiento, con la excusa de afirmar que no puede ser Juez y parte en esta discusión”.

Finalmente, el integrante de la duma asegró que sigue comprometido en aunar esfuerzos para poder viabilizar proyectos en pro de la economía del departamento. “A través de alianzas entre el Gobierno Departamental, Gobierno Nacional y el sector financiero de las regiones, podemos brindar mayores oportunidades a los casanareños para progresar, y así mejorar las condiciones de vida en nuestro territorio llanero”.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare