CASANARE
Diputado Diego Aranguren advierte que el IFC podría quedarse sin recursos para créditos
El diputado Diego Alejandro Aranguren Riveros, gestionó y participó en un importante encuentro en Bogotá, entre delegados de Planeación Nacional, el Instituto Financiero de Casanare (IFC) en cabeza del gerente William Jaimes Ávila, el Sindicato de Trabajadores del IFC y la Gobernación de Casanare.
El objetivo de la reunión era conformar una mesa de trabajo, para analizar cómo desentrabar un conflicto jurídico evidenciado con un Convenio firmado desde hace aproximadamente 7 años entre el DNP y la Gobernación de Casanare, mediante el cual se autorizó al Departamento a transferir recursos de regalías al IFC para la colocación de créditos.
Desde que nació a la vida jurídica dicho Convenio interadministrativo, se han transferido recursos de regalías aproximadamente por doce mil millones de pesos, para permitir a la población casanareña acceder a créditos blandos para el fortalecimiento de la economía de la región.
Según Aranguren Riveros, la problemática surge porque la Oficina Jurídica del Departamento quiere liquidar en noviembre el mencionado Convenio, determinando que los recursos no retornen al IFC sino que retornarían a la Gobernación de Casanare, para algunos proyectos de inversión. Es decir, el IFC se quedaría sin recursos para continuar colocando créditos.
Indicó el cabildante, que la preocupación es latente y máxima, tanto para el Sindicato del IFC como para la la Asamblea Departamental, puesto que esto derivaría en cerrar la línea de créditos, los cuales desde hace 2 años no se brindan a la comunidad. “Esto implica de una u otra forma acabar con esta entidad (IFC). que tanto ha servido para el desareollo económico y social del departamento de Casanare”.
En la reunión se pudo establecer, según respuesta del DNP, que los recursos de regalías fueron girados al Departamento de Casanare, los cuáles deberían cumplir un objeto específico, para la colocación de mínimo 281 créditos en el Departamento.
DNP “se lavó las manos”
Después de una agitada discusión jurídica, el DNP determinó que las Entidades Territoriales son autónomas en definir las condiciones en que se ejecuten estos contratos o convenios, los cuales, se deben ajustar a la normatividad vigente en esta materia, la cuál constituye los limites de dicha autonomía. Es decir, el DNP no definió si los recursos deben retornar al Departamento o al IFC.
Aranguren Riveros manifestó de manera contundente, que “no se puede permitir que se deje solo a estas entidades y que el DNP no haga el acompañamiento, con la excusa de afirmar que no puede ser Juez y parte en esta discusión”.
Finalmente, el integrante de la duma asegró que sigue comprometido en aunar esfuerzos para poder viabilizar proyectos en pro de la economía del departamento. “A través de alianzas entre el Gobierno Departamental, Gobierno Nacional y el sector financiero de las regiones, podemos brindar mayores oportunidades a los casanareños para progresar, y así mejorar las condiciones de vida en nuestro territorio llanero”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.
Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.
Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
