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Destruyen fábrica de explosivos de las disidencias de las Farc en Arauca

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Autoridades ubicaron y neutralizaron un lugar que servía como campamento, depósito ilegal y fábrica clandestina para la elaboración de artefactos explosivos no convencionales, que al parecer pertenecerían a las disidencias de las Farc, Estructura 10 Martín Villa.

Después de combates con integrantes de este grupo al margen de la ley se aseguró el lugar, y durante la inspección se evidenció el consumo de bebidas alcohólicas.

La operación adelantada en la vereda El Ripial, de Puerto Rondón, permitió ubicar la construcción clandestina con capacidad para albergar a cerca de 80 terroristas, en la que se mantenía oculto material de guerra, explosivos e intendencia. Se evidenció que los delincuentes para construir la infraestructura talaron la mayoría de palmas que se encontraban cerca, lo que ocasionó un grave daño ecológico.

Este complejo, que había sido construido cerca de un río y adecuado con dos estructuras en madera y paja, contaba con hornos y soportes metálicos para ser utilizados como cocina para la preparación y destilación de sustancias químicas, a fin de producir sustancias explosivas; el lugar también contaba con una cocina artesanal, con víveres y utensilios además de herramientas y elementos para la instrucción en la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

En su interior fueron hallados 540 detonadores ineléctricos y eléctricos para la activación de explosivos, 1000 metros de cordón detonante, 3 municiones de fabricación improvisada, una tonelada de nitrato de amonio, 100 kilogramos de polvo de aluminio, 80 tarros de pólvora negra, 87 tacos de explosivo Indugel, 11 buster, 12 minas antipersonales con sistema de activación alivio de presión, 300 metros de cable dúplex, una medio de lanzamiento, así como abundante material para la fabricación de artefactos explosivos, material de guerra e intendencia.

De manera inmediata, ingresaron técnicos antiexplosivos y mediante una minuciosa inspección del terreno, cumpliendo los protocolos internos de seguridad, se acordonó la zona y se llevó a cabo su destrucción de manera controlada, empleando los métodos de detonación y combustión.

El material de guerra e intendencia incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Fuente: Octava División

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Alcalde de Arauca alerta por ataques armados a buses y posible suspensión de rutas nocturnas

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El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.

Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.

Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.

El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.

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Incautan media tonelada de cocaína en Arauca

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En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.

En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.

Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.

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A la cárcel alias “Monchi” y sus secuaces por desplazamiento de una familia en Arauquita

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En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.

La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.

Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.

Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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