CASANARE
Desmontan cambuches del Parque La Iguana en Yopal
Diligencia de desalojo del Parque La Iguana en el sector de El Pajonal, realizó la Secretaría de Gobierno con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Yopal y Migración Colombia, y el apoyo de la Secretaría de Obras y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo-EAAAY.
La población migrante venezolana que se ubicaba en el lugar se retiró voluntariamente, atendiendo las recomendaciones de las autoridades y previendo el riesgo inminente que representaba la proximidad del río Cravo Sur con las viviendas improvisadas que se encontraban en este escenario público, las cuales fueron desmontadas.
El procedimiento se llevó a cabo de manera pacífica, garantizando los derechos constitucionales para la población venezolana, a quienes se les había hecho el llamado respetuoso a evacuar en forma voluntaria, de manera reiterada desde el mes de diciembre, y hasta en cuatro oportunidades; a través de visitas realizadas con posterioridad.
Voluntariamente los ciudadanos venezolanos que ocupaban las improvisadas viviendas las abandonaron
“Ya habíamos socializado con las personas concentradas en este sitio, las implicaciones que representan para ellos y sus familias el permanecer asentados en este lugar, debido a que es una zona de altísimo riesgo, dado que siempre se ha presentado socavación por cuenta del comportamiento del río, que ha cobrado varias vidas”, precisó el secretario de Gobierno, Eliver Moreno Pacheco.
Desde la Administración Municipal y en coordinación con Migración Colombia se dispuso de un vehículo para realizar el traslado de las personas hasta Arauca, a la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela; sin embargo, ninguno de ellos aceptó este ofrecimiento y, por el contrario, algunos manifestaron que se van a quedar en el municipio, otros están decididos a continuar su paso por el municipio y departamento o hacia otras ciudades del país.
Confía Moreno Pacheco, que desde el Gobierno Nacional se defina una política de atención integral para esta población, porque el municipio no cuenta con la capacidad de respuesta que permita atender una crisis humanitaria de esta magnitud. “Estamos esperando la respuesta de la Cancillería y de los organismos internacionales que están apoyando al Gobierno Nacional, para que lleguen esas ayudas y esa atención integral que tanto anuncian”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
