META
Desmantelan banda de falsificadores de billetes, operaban desde Villavicencio y se movían por todo el país
Autoridades Colombianas y Estadounidenses desarticularon a un grupo delincuencial, con la captura de 7 de sus presuntos integrantes y la incautación de herramientas sofisticadas para la falsificación y adulteración de billetes y monedas en grandes cantidades en la ciudad de Bogotá y Villavicencio.
Después de un año de investigación la DIJIN logró establecer la existencia de un grupo de delincuencia común organizada, quienes habrían articulado una imprenta en el barrio El Brillante de la ciudad de Villavicencio (Meta), para elaborar billetes falsos colombianos de cinco, diez, veinte, cincuenta y cien mil pesos; dinero que posteriormente era distribuido en Bogotá y en municipios de 10 departamentos del territorio nacional.
Según la Policía, esta organización delincuencial contaba con cinco integrantes de una misma familia, quienes ya tenían sentencias condenatorias y se encontraban inmersos en otras investigaciones por transportar y enviar remesas con dinero falso a diferentes partes del país; además, durante la investigación se pudo comprobar que estarían falsificando billetes desde el año 2021 y que lo insertaban en el sistema de comercio colombiano en eventos populares y verbenas de varios municipios, también enviaban gran parte de este dinero espurio a las fronteras para ser insertado en el comercio internacional.
Desde la ciudad de Bogotá era enviado el dinero falso a otras ciudades a través de empresas de mensajería, para lo que utilizaban identidades falsas con el fin de evitar la acción de las autoridades; pero cuando era necesario movilizar dinero dentro de Bogotá, en ocasiones, instrumentalizaban a una menor de edad, hija de una de las integrantes de la organización, quien camuflaba los billetes falsos en bolsos o en sus prendas de vestir para no ser detectados.
Fueron 9 allanamientos simultáneos llevados a cabo en las ciudades de Bogotá y Villavicencio, en donde se incautaron 58.348.000 pesos originales, 417 dólares americanos genuinos, 113.900.000 pesos colombianos en billetes falsos de diferentes denominaciones, 110 mil dólares americanos falsos, un automóvil en el que transportaban el dinero falso en la ciudad de Villavicencio y el desmantelamiento de una planta utilizada para la elaboración de moneda falsa.
Los capturados fueron imputados de acuerdo al rol en la organización y participación en las actividades ilegales de los delitos de falsificación de moneda nacional y extranjera, tráfico de moneda falsificada, tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda falsificada, cohecho por dar y ofrecer y concierto para delinquir.
Fuente: Policía Nacional
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
